Sakyamuni Chavarro Russell

Expediente 406/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
406/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Sakyamuni Chavarro Russell y Otros.
  • Sakyamuni Chavarro Russell

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de veintinueve de julio pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  2. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, ha fenecido, sin que ninguna de las partes en comento hubiese hecho manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, de oficio, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Al respecto, cabe destacar que por sentencia dictada el tres de julio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sakyamuni Chavarro Russell (fojas 45 a 60), respecto del acto atribuido al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca para el efecto siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el diez de marzo de dos mil quince, en la causa penal 21/2015 de su índice. Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución de término constitucional, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando adecuadamente su determinación, relacionando todas las pruebas que obren en la causa penal y otorgándoles el valor probatorio correspondiente, siguiendo los lineamientos puntualizados en los incisos 1) a 12) de este considerando. Lineamientos que en esencia, consisten en: Cuerpo del delito. 1.- No se relacionaron ni valoraron las pruebas siguientes: Testimoniales de ..., ... y .... Documentales ofrecidas el nueve de marzo de dos mil quince. Inspección Judicial de nueve de marzo de dos mil quince. Pericial en agrimensura desahogada por el perito .... 2.- El juez de la causa al momento de valorar las pruebas no reflexionó respecto de su contenido y alcance, ni efectuó un racionamiento lógico jurídico que le permitiera llegar a la verdad de los hechos. Se limitó a señalar sólo algunos de los medios de convicción que estimó necesarios. El juez debió señalar la totalidad de las pruebas conducentes, para acreditar o no, cada uno de los elementos que conforman el cuerpo del delito de estudio, otorgándoles o negándoles el valor probatorio respectivo, pero efectuando juicios de valor. 3.- Al estudiar el elemento consistente en "El medio comisivo", no precisó cuál fue el elemento comisivo del que supuestamente se valió el quejoso para llevar a cabo la conducta delictiva, esto es, si fue haciendo uso de la violencia física o moral, furtivamente, o empleando amenazas o engaños. 4.- El juez responsable no citó destacadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se consideró al quejoso partícipe del delito que se le imputa. Probable responsabilidad. 5.- El juez soslayó externar con detalle las razones particulares, motivos o circunstancias de ejecución de modo, tiempo y lugar en que la conducta que se le atribuye tuvo lugar; es decir, las razones, motivos o circunstancias especiales que estimó respecto la intervención del promovente de amparo en los hechos, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraba el indiciado, para sostener que probablemente se encontraba en el lugar y hora en que acontecieron los hechos y su modo de participación. 6.- No precisó fundamento legal en el que se apoyó para valorar las pruebas de cargo, ni refirió cuál era el valor que les otorgaba, ni lo que con ellas se demostraba y, tampoco, cómo es que llegaba a esa conclusión. 7.- Respecto de la prueba consistente en la declaración del coinculpado ..., omitió otorgarle valor probatorio, indicar el precepto legal en que lo hacía, razonar los motivos que tenía para ello e indicar lo que con ella se demostraba. 8.- El juez de origen omitió relacionar y valorar las pruebas de descargo: Documentales ofrecidas el nueve de marzo de dos mil quince. Inspección judicial de nueve de marzo de dos mil quince. Pericial en agrimensura desahogada por el perito .... Tomó el señalamiento del quejoso de que efectivamente ocupaba un inmueble de la calle Morelos, en aquella ciudad, como prueba confesional pero, soslayó que el quejoso refirió, en todo momento, que no se trataba del mismo inmueble propiedad del aquí tercero interesado. 9.- El juez responsable no motivó el grado y modo de participación del quejoso, esto es, si era autor o partícipe en la realización del delito de despojo, en relación con las pruebas existentes en el sumario. 10.- Soslayó precisar si la conducta realizada por el ahora peticionario de amparo fue realizada de forma dolosa o culposa, y en su caso, explicar cómo es que llegó a esa conclusión, así como señalar si la quejosa conocía los alcances y repercusiones de su proceder. 11.- El juez responsable no expuso si de los medios de convicción puestos a su alcance existía acreditada o no a favor del quejoso, alguna causa excluyente del delito, de justificación o de inculpabilidad. 12.- Omitió indicar si, en su caso, el delito de estudio había prescrito, de conformidad con el artículo 118 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante oficio 1840 remitió copia certificada de la resolución dictada el cinco de agosto de esta anualidad, en la causa penal 21/2015 de su registro (fojas 129 a 156), de cuyo análisis se advierte que, por una parte, dejó insubsistente la resolución emitida el diez de marzo de dos mil quince, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió otra determinación en la que nuevamente dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de despojo en perjuicio patrimonial de Carlos Daniel Martínez Fernández. Ahora bien, del primer análisis que se practicó a la resolución en comento, se estableció que la autoridad responsable, siguió los lineamientos puntualizados en los ordinales del 1) al 12), de la sentencia de que se trata, motivo por el cual en auto de dos de septiembre de dos mil quince, se consideró cumplido el fallo protector (fojas 169 a 172). Inconforme con dicha determinación, por proveído de dieciocho de septiembre de dos mil quince se tuvo a la parte quejosa, promoviendo inconformidad contra el auto de dos de septiembre de dos mil quince, por lo que fue enviado el asunto a la superioridad, siendo que al emitir la ejecutoria correspondiente el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Décimotercer Circuito, con residencia en esta ciudad, declararon fundado el recurso de inconformidad, con las consideración ahí estipuladas. En ese orden de ideas, en auto de tres de mayo de esta anualidad, se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, y se requirió nuevamente a la autoridad responsable el acatamiento del fallo protector al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, como autoridad sustituta para el cumplimiento del fallo concesorio habida cuenta que el Juzgado Segundo de lo Penal de ese distrito judicial concluyó sus funciones a partir del treinta de diciembre de dos mil quince. Por lo que en atención a ese requerimiento, por proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, al que adjuntó la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, emitida en el expediente penal 21/2015 de su estadística. Pues bien de la lectura de dicha resolución se permite conocer que el juez del proceso en primer término, dejó insubsistentes las resoluciones de diez de marzo y cinco de agosto de dos mil quince, y en su lugar dictó una nueva en la que en primer término en la parte relativa al cuerpo del delito. 1. En acato al primer inciso, la autoridad responsable, relacionó las pruebas ofrecidas por el inculpado (aquí quejoso), consistentes en las testimoniales de ..., ... y ...; las documentales ofrecidas el nueve de marzo de dos mil quince; la inspección judicial de nueve de marzo del año en curso; y la pericial en agrimensura desahogada por el perito Amadeo Lira Vázquez, como se aprecia de los arábigos del 11 al 14 del considerando segundo; de igual manera, valoró cada una de ellas. 2. El juez de la causa, por lo que hace al segundo punto de la resolución de amparo, hizo una valoración de todas las pruebas que obran en la causa penal, reflexionó respecto de su contenido y alcance, y efectuó un racionamiento lógico jurídico que le permitiera llegar a la verdad de los hechos. Esto es así, pues respecto a la acreditación del cuerpo del delito de que se trata, señaló los medios de convicción necesarios, arribando a una conclusión basada en los elementos probatorios que obran en la causa penal de origen, tanto de manera individual y en su conjunto, expresando el valor que a cada prueba asignó y las razones por las que concluyó así, de manera que demostró el grado de certeza necesaria, para tener por acreditados los elementos configurativos del cuerpo del delito que se imputa al quejoso. 3. De la misma manera, precisó cuál fue el elemento comisivo del que se valió el quejoso para llevar a cabo la conducta delictiva, esto es, haciendo uso de la violencia moral, así como de manera furtiva. 4. Además, la autoridad judicial citó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se consideró al quejoso partícipe del delito que se le imputa, manifestando que del material probatorio, se acredita que el treinta y uno de enero de dos mil doce, siendo aproximadamente las ocho horas con treinta minutos de esa fecha (circunstancia de tiempo), más de doce personas (pluralidad específica), una de las cuales probablemente resulte ser el aquí quejoso (sujeto activo), de propia autoridad (elemento normativo), esto es, sin ningún respaldo, ni mandato legal alguno y haciendo uso de la violencia moral y furtivamente (medio de comisión), ocuparon (actividad), con ánimo de apropiación (elemento subjetivo del tipo), el inmueble que se ubica en la calle de Morelos, número exterior cuatrocientos siete, entre Libertad y Carranza, colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca (circunstancia de lugar y objeto material), cuya posesión la detentaba Carlos Daniel Martínez Fernández (sujeto pasivo), perturbando con tal proceder (resultado y nexo causal) dicha posesión (lesión del bien jurídico protegido. Por lo que hace a la probable responsabilidad. 5. El juez responsable externó las razones particulares, motivos o circunstancias especiales que estimó respecto la intervención del promovente de amparo en los hechos, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la conducta que se le atribuye tuvo lugar, para sostener que probablemente se encontraba en el lugar y hora en que acontecieron los hechos y su modo de participación, como se aprecia de las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector. 6. Al igual que para acreditar los elementos del cuerpo del delito, el juez de la causa relacionó las pruebas de cargo; precisó el fundamento legal en el que se apoyó para valorarlas, el valor que les otorgó, y lo que con ellas se demostró, así cómo es que llega a esa conclusión. 7. Respecto a la declaración del co-inculpado Rafael Ruperto Salinas Reyes, le otorgó valor probatorio indiciario, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, razonando los motivos que tenía para ello, e indicó lo que con ella se demuestra. 8. En cuanto a las pruebas de descargo, relacionó las documentales ofrecidas el nueve de marzo de dos mil quince, la inspección judicial de nueve de marzo del año en curso, y la pericial en agrimensura desahogada por el perito ..., y valoró cada una de ellas (fojas 151 a 153); aunado a que llegó a la conclusión que las mismas no desvirtuaban la imputación efectuada en contra el inculpado, ahora quejoso, por los razonamientos vertidos en las valoraciones respectivas. 9. Por lo que hace al grado y modo de participación del quejoso, el Juez de la causa, determinó que le resulta ser probable coautor material del delito de despojo, de conformidad con el artículo 11, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, por las razones que expone. 10. Además precisó que la conducta desplegada por el inculpado fue realizada de forma dolosa, explicando cómo es que llegó a esa conclusión, y señalando los alcances y repercusiones de su proceder. 11. De igual modo, se advierte que el juez responsable expuso, que de los medios de convicción puestos a su alcance no existía acreditada a favor del quejoso, alguna causa excluyente del delito, de justificación o de inculpabilidad. 12. Finalmente, el juez de la causa realizó un estudio referente a la prescripción del delito en comento; ello, de conformidad con el artículo 118 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Lo que establece que la citada autoridad judicial purgó los vicios formales detectados. Además, en acatamiento a la ejecutoria emitida por la superioridad, el juez del proceso, por lo que se refiere a las testimoniales de ..., ... y ...; no les concedió valor probatorio alguno, en razón de que estimó que no resultan dignos de credibilidad pues de acuerdo a lo narrado por los mismos, resultan contradictorios a lo manifestado por el inculpado, siendo su dicho inverosímil y con tales testimonios de ninguna manera destruyen o desvirtúan los señalamientos que existen en contra del inculpado hoy quejoso, alcanzando dicho valor probatorio de conformidad a las reglas de justipreciación establecidas en el ordinal 354 del código adjetivo de la materia aplicable. Ahora, por lo que hace a las documentales ofrecidas el nueve de marzo de dos mil quince por el inculpado ahora quejoso, en términos del aludido ordinal 354 del código de procedimientos aplicable, no les fue concedido valor probatorio, pues en nada les benefician al inculpado, pues el inmueble ubicado en la calle de Morelos número cuatrocientos siete entre Carranza y Libertad de la colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad es propiedad de Carlos Daniel Martínez Fernandez y es la persona que conforme a la ley le correspondía la posesión del mismo, la que la que fue interrumpida por la acción ejecutada por el hoy inculpado y otras personas más. Ahora, en cuanto a la inspección judicial de nueve de marzo de dos mil quince, llevada a cabo en el predio materia del proceso, se precisó que no adquiere eficacia probatorio pues de su contenido se puede advertir únicamente la existencia del inmueble que es el motivo del asunto, datos que no son útiles para corroborar la negativa que de los hechos rindió el justiciable, más aun que no se prueba que el inmueble inspeccionado sea diferente al que reclama el ofendido, por ello se justifica el valor probatorio concedido. En ese tenor, en cuanto al dictamen pericial en agrimensuras desahogada por el perito Amadeo Lira Vásquez, tampoco le concedió valor probatorio, pues si bien reunió los requisitos legales, de autos no obra prueba diversa que acredita que no hay identidad entre el inmueble que reclama el ofendido y el que tiene en posesión el inculpado para que pueda acreditarse que no se trata del mismo bien. Además, en cuanto al medio comisivo el juez del proceso fue específico, pues precisó que lo fue la furtividad, en razón de que el activo aprovechó las condiciones que propicia el acto de la ocupación del inmueble, como lo fue la ausencia del legítimo poseedor, quien podía transmitir la misma, siendo que en la fecha treinta y uno de enero de dos mi doce, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos rompieron las cerraduras y candados de la puerta del inmueble ubicado en la calle de Morelos número cuatrocientos siete, entre Carranza y Libertad, colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad ingresando al inmueble con la finalidad de apropiárselo. En tales condiciones, se estima que con lo realizado por el juez del proceso fueron colmados los extremos de la ejecutoria de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de la parte quejosa, por medio del cual denuncia la repetición del acto reclamado en este juicio de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, que prevé los casos de las cuestiones que se tengan que tramitar por la vía incidental, tratamiento que amerita la referida figura, este órgano jurisdiccional, al respecto se pronuncia: Si bien, es cierto que la repetición del acto reclamado constituye un supuesto de inobservancia a la ejecutoria de amparo, también, lo es que, su procedencia está jurídicamente supeditada a dos circunstancias. En primer termino, debe existir una resolución en la que se hubiese tenido por cumplida la sentencia concesoria del amparo, lo que en el caso no acontece, toda vez que, a pesar de que en proveído de dos de septiembre de dos mil quince, se declaró cumplido el fallo protector, dicha determinación fue revocada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 52/2015, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la que el Tribunal de Alzada en comento, estimó que existía defecto en dicho cumplimiento, por lo que mediante diverso de tres de mayo pasado, se requirió nuevamente al juez responsable, a efecto de que dictara una nueva providencia en la que acatara todos los lineamientos precisados en la ejecutoria que motivó el citado recurso, dándose vista a las partes con la nueva determinación, el veintisiete siguiente; por tanto, al encontrarse pendiente la emisión del pronunciamiento respectivo, resulta inconcuso, que no se configura el primer requisito. El segundo supuesto que se debe atender para la procedencia de la denuncia en análisis, consiste en que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; es decir, que posterior a la declaratoria de cumplimiento respectiva, la autoridad responsable, emitiera un nuevo acto en el que reiterara los mismo vicios de que adolecida el primigenio declarado inconstitucional, lo que conllevaría a que la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector, fuese desigual al motivo de disenso repetitivo, actualizándose así este supuesto. En las relatadas consideraciones, se tiene que, lo que denuncia como acto reiterativo el quejoso, lo es, la resolución emitida en pretendido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en ese sentido, si al avocarse a su estudio, este juzgador advirtiera que dicha resolución incurre en los mismos vicios que el primero, demostrándose su formal identidad con éste; ni aun así, se podría considerar dicha circunstancia como repetición del acto reclamado, pues únicamente se revelaría un actuar desatinado o desobligado para acatar el fallo protector por parte de la responsable y, por ende, lo procedente sería declarar su incumplimiento, acatándose a lo dispuesto por la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2ª. XV/2014 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 3, febrero de 2014, tomo II, de rubro y texto siguiente: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva. En consecuencia, resulta improcedente la admisión del incidente por repetición del acto reclamado que denuncia el quejoso. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

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