Saith Josafath Aguilera Luquin
Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Saith Josafath Aguilera Luquin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que en el presente juicio obra glosado un documento original consistente en una carta poder, que no existe documento de valor en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. SE DEJA DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo específicamente a foja cinco, obra glosada una carta poder que la parte quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del acuerdo antes mencionado, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la destrucción total de las constancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de septiembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-196/2021, promovido por Saith Josafath Aguilera Luquín, contra actos del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, recibido en este órgano jurisdiccional, en la misma fecha, Saith Josafath Aguilera Luquín, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, contra actos del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de once de marzo del año en curso, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente III-196/2021; se solicitó de las autoridades su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 67/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 853, del tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente.". Así como la tesis aislada número 1a. II/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 189, del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y contenido: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCION DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCION DE CERTEZA. Para comprobar que el secretario del Juzgado de Distrito que pronunció la sentencia en funciones de Juez autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, realmente fue facultado para ello, no es indispensable que éste, en cada actuación o en la sentencia que pronuncie, precise el acuerdo o el número de oficio por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, pues la sola mención de esa autorización en la antefirma del acuerdo o de la sentencia, goza de la presunción de certeza, tanto más si ésta fue autorizada por otro secretario de Acuerdos del mismo juzgado, el cual goza de fe pública; en todo caso corresponde al quejoso demostrar lo contrario, pues esta Sala, no puede con su sola afirmación seguir un procedimiento inquisitorio para allegar pruebas en uno u otro sentido, tomando en consideración que conforme al artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para conceder tales autorizaciones a los secretarios de los Juzgados de Distrito, y conforme a los artículos 13 y 19 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sus actuaciones deben ser autorizadas por el secretario, lo que corrobora las facultades con que cuenta el funcionario que dicta la sentencia; además de que ningún precepto legal establece que en cada actuación deba hacerse mención al acuerdo u oficio con que fue facultado para tal efecto."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama omisiones de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." SEGUNDO. PRESICIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el reclamo a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de no administrar justicia en los términos y plazos que fija la Ley Federal del Trabajo; esto es, el no señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial y la omisión de turnar el expediente al actuario para realizar el emplazamiento. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su respectivo informe justificado las autoridades responsables Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad negaron los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin embargo, es el caso que su negativa queda desvirtuada, puesto que del contenido de su informe, se advierte manifestación que evidencia la omisión que se les atribuye. Lo anterior es así, pues del informe se observa que para la fecha de presentación de la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veintiuno- las autoridades responsables aun no proveían dentro del juicio laboral de origen 3A-2374/2020, sobre el acuerdo mediante el cual señalaran día y hora para la celebración de la audiencia inicial y ordenaran el emplazamiento a la parte demandada, sino hasta el -catorce de abril del dos mil veintiuno-, específicamente en el apartado donde se fijaron las once horas con treinta minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento a éste. Asimismo, se aprecia que fue comisionado el actuario adscrito a la Junta responsable, para que notifique, emplace y aperciba a la parte demandada. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto y por lo que respecta a la omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral de origen 3A-2374/2020; esto es, señalar el día y hora para la celebración de la audiencia inicial y ordenar el emplazamiento a la parte demandada; se omitirá el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto de los actos reclamados, han cesado en sus efectos atendiendo a las siguientes consideraciones. De las constancias que las responsables acompañaron a su informe justificado, se destacan los autos de catorce de abril del año en curso, a través de la cual se advierte que esa junta proveyó en radicar la demanda laboral la cual quedó registrada bajo el número 3A-2374/2020, y por ende señalar la audiencia de ley, fijándose las once horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, materia del acto que se reclama ante esta instancia constitucional. Asimismo, que en el aludido acuerdo fue comisionado al actuario adscrito a dicha junta, para realizar el emplazamiento pertinente a la parte demandada en el juicio. De ahí que, las omisiones reclamadas, han desaparecido totalmente, ya que en la fecha antes citada la junta responsable emitió el auto a través del cual señaló fecha para la audiencia de ley y se ordenó el emplazamiento a la parte demanda, tan es así que a la fecha se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Saith Josafath Aguilera Luquín, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Héctor Guerrero Véjar, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-Mgm
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