Saint Vilson Saintil
Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Saint Vilson Saintil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 176 a 181), por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada el seis de junio de dos mil veintitrés (fojas 114 a 140); en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR LISTA PARA LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE JULIO 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, se procede a realizar el pronunciamiento de oficio, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el precepto transcrito de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violentada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora, de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintitrés (fojas 114 a 140), se concedió a la parte quejosa el amparo contra los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: "a) Deje sin efectos el citatorio *********, emitido el uno de marzo del año en curso; y, b) De manera inmediata proceda a dar inicio al trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a favor del quejoso ************, expidiendo la constancia relativa, bajo los lineamientos y plazos establecidos en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su reglamento; lo que deberá acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. Lo anterior, con independencia que iniciado el trámite, provea con plenitud de arbitrio y conforme al cúmulo de sus facultades legales." (foja 138). Dicha resolución no fue recurrida por las partes; en tal virtud, se declaró ejecutoriada en auto de treinta de junio de este año (fojas 156 a 159), y se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Así, por oficio **********, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad, informó habar dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo dictada en este asunto; y remitió copia certificada del : A) Acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés (foja 166), emitido por el Subdirector del Área de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas (foja 166), en el que ordenó admitir a trámite la solicitud de refugio peticionada por el quejoso *******; y le previno que en un término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, compareciera ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esta ciudad para realizar los siguiente: 1. Llenado de formulario de registro. 2. Toma de fotografía del titular y dependiente para la emisión de la constancia de trámite. 3. Recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP. 4. Llenado de formulario de Detección de necesidades. Apercibido que en caso de resultar omiso, no se podrá dar continuidad al trámite de reconocimiento de refugiado. B) Constancia de notificación de dicha determinación, realizada a la parte quejosa el doce de junio del año actual, al correo electrónico ***********, medio electrónico señalado por la persona extranjera solicitante del reconocimiento de condición de refugiado (foja 167). C) Acuerdo de cuatro del mes y año en curso (foja 168), de cuyo contenido se advierte que al incumplir las prevenciones decretadas al quejoso, de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desechó el trámite instado, ante la falta de interés del impetrante del amparo en su prosecución. Con las anteriores constancias, se le dio vista al quejoso, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna, como quedó asentado en la certificación secretarial de cuenta. Precisado lo anterior, se procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las referidas constancias, se desprende que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia de seis de junio del año que transcurre (fojas 114-140), realizó lo siguiente: En acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés (foja 166), emitido por el Subdirector del Área de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, ordenó admitir a trámite la solicitud de refugio peticionada por el quejoso *********. b). En esa misma fecha, notificó dicha determinación a la parte quejosa, vía correo electrónico (foja 167). Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página a foja 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 165807, de texto y rubro siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la misma manera, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hecho lo anterior, se acordará lo procedente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; determinado en sesión celebrada el diez de julio de dos mil veintitrés y comunicado mediante oficio CCJ/ST/4136/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, se procede a realizar el pronunciamiento de oficio, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el precepto transcrito de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violentada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora, de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintitrés (fojas 114 a 140), se concedió a la parte quejosa el amparo contra los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: "a) Deje sin efectos el citatorio *********, emitido el uno de marzo del año en curso; y, b) De manera inmediata proceda a dar inicio al trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a favor del quejoso ************, expidiendo la constancia relativa, bajo los lineamientos y plazos establecidos en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su reglamento; lo que deberá acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. Lo anterior, con independencia que iniciado el trámite, provea con plenitud de arbitrio y conforme al cúmulo de sus facultades legales." (foja 138). Dicha resolución no fue recurrida por las partes; en tal virtud, se declaró ejecutoriada en auto de treinta de junio de este año (fojas 156 a 159), y se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Así, por oficio **********, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad, informó habar dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo dictada en este asunto; y remitió copia certificada del : A) Acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés (foja 166), emitido por el Subdirector del Área de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas (foja 166), en el que ordenó admitir a trámite la solicitud de refugio peticionada por el quejoso *******; y le previno que en un término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, compareciera ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esta ciudad para realizar los siguiente: 1. Llenado de formulario de registro. 2. Toma de fotografía del titular y dependiente para la emisión de la constancia de trámite. 3. Recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP. 4. Llenado de formulario de Detección de necesidades. Apercibido que en caso de resultar omiso, no se podrá dar continuidad al trámite de reconocimiento de refugiado. B) Constancia de notificación de dicha determinación, realizada a la parte quejosa el doce de junio del año actual, al correo electrónico ***********, medio electrónico señalado por la persona extranjera solicitante del reconocimiento de condición de refugiado (foja 167). C) Acuerdo de cuatro del mes y año en curso (foja 168), de cuyo contenido se advierte que al incumplir las prevenciones decretadas al quejoso, de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desechó el trámite instado, ante la falta de interés del impetrante del amparo en su prosecución. Con las anteriores constancias, se le dio vista al quejoso, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna, como quedó asentado en la certificación secretarial de cuenta. Precisado lo anterior, se procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, del análisis de las constancias remitidas por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las referidas constancias, se desprende que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia de seis de junio del año que transcurre (fojas 114-140), realizó lo siguiente: En acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés (foja 166), emitido por el Subdirector del Área de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, ordenó admitir a trámite la solicitud de refugio peticionada por el quejoso *********. b). En esa misma fecha, notificó dicha determinación a la parte quejosa, vía correo electrónico (foja 167). Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página a foja 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 165807, de texto y rubro siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la misma manera, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hecho lo anterior, se acordará lo procedente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; determinado en sesión celebrada el diez de julio de dos mil veintitrés y comunicado mediante oficio CCJ/ST/4136/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
(...) Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta y anexo, para que en la diligencia de notificación o dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; sin que pase por alto que, con independencia que iniciado el trámite, se encontraba facultada con plenitud de arbitrio y conforme al cúmulo de sus facultades legales en relación al desinterés que pudiera tener el aquí quejoso en seguir su trámite correspondiente; por ende, transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente.
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