SAINT SANTANA ROMERO y Otros.
Expediente 429/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- SAINT SANTANA ROMERO y Otros.
- Saint Santana Romero
- Legislatura del Estado de México
- Evelin Mendoza Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México; a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y por lista a la parte quejosa, en cumplimiento al proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.
- Principal
MESA VII Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar El presente juicio se promovió por **, contra las autoridades y actos siguientes: De la legislatura y Gobernador Constitucional del Estado de México La aprobación, expedición, promulgación, publicación y emisión del artículo 95 fracción I, inciso c) rango 6 de la tarifa, así como la fracción II rango 6 de la Tarifa, del citado numeral, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigentes en el año dos mil quince; y, Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: La aplicación del citado artículo relativo al cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir el contrato de compraventa referida en la escritura pública ** Ahora, mediante sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Contra dicha determinación, la representante legal de la autoridad responsable Instituto de la Función Registral del Estado de México promovió recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada en el expediente 357/2018, el veintiocho de febrero de la presente anualidad, cuyos puntos resolutivos son "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Saint Santana Romero y Evelin Mendoza Trejo, por propio derecho, contra el numero 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil quince, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.". Asimismo, de la referida ejecutoria se desprende que los efectos del amparo, fueron los siguientes: En tal circunstancia, este órgano de control constitucional, en auto de veintidós de marzo anterior, requirió a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a fin de que diera cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, corriéndole traslado con la ejecutoria pronunciada en el expediente 357/2018, por la Alzada revisora. Así, en acatamiento a la sentencia concesoria del amparo, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante oficio presentado en oficialía de partes el veintinueve de marzo del año actual, informó el cumplimiento dado a la referida ejecutoria, es decir, informó que dejó a disposición de la parte quejosa el cheque número **, que ampara la cantidad actualizada de ***; asimismo, hizo de conocimiento a este órgano de control constitucional que no aplicará en lo sucesivo a los quejosos, el artículo 95 fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios; el cual tiene valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, este órgano jurisdiccional mediante auto de uno de los actuales, dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hiciera manifestación alguna pese a estar legalmente notificada. De lo que se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con la constancia de la autoridad responsable, se advierte que ha dado cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese; y personalmente por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.
- Principal
MESA VII Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Directora Técnico-Jurídica y representante legal de la Directora General del Instituto de la Función registral del Estado de México, con el que comunica la forma en que cumplió con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a los quejosos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibidos que en caso de ser omisos, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese; y personalmente por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.
- Principal
MESA VII Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por representante legal del Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintidós de los actuales, informa que ordenó, en su calidad de superior jerárquico, a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio dicho que acredita con la documental anexada; circunstancia de la que toma conocimiento esta órgano jurisdiccional, estando en espera que la citada responsable informe lo propio. Notifíquese.
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