Saily Tirado Barrón
Expediente 349/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Saily Tirado Barrón
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintiuno. I. Sobreseimiento por haber cesado los efectos del acto reclamado. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. .". La que se relaciona con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado. El referido numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado .". De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la quejosa en virtud de que, ya que no produce efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la quejosa******************** señaló como acto reclamado la omisión de dictar resolución en el conflicto laboral ********************. En ese sentido, de las documentales allegadas por la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad el cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, misma que fue notificada a la parte quejosa el siete de junio del presente año. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Así, en el presente juicio se actualizó la causa de improcedencia invocada durante el procedimiento, ya que el acto impugnado cesó en sus efectos. Por tanto, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala; de textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386) II. Se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diecinueve minutos del siete de julio de dos mil veintiuno). IIII. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. I. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, dese la cuenta correspondiente en la audiencia constitucional. II. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que se anexan al informe justificado, sin perjuicio de una nueva relación en la audiencia constitucional. Con el informe y constancias, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. III. Oposición a publicación de datos personales. Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita la autoridad responsable respecto a que no se publiquen sus datos personales, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se concluye que la protección de los datos personales sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables. Es orientadora la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MAS NO DE LAS MORALES (AUTORIDADES RESPONSABLES). De la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se advierte que entre los objetivos de la ley citada se encuentra el garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, y para lograrlo otorgó facultades al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que dictó los acuerdos correspondientes, estableciendo en relación con los datos personales de las partes, que con el fin de respetar cabalmente tal derecho, al hacerse públicas las sentencias, se omitirán cuando manifiesten su oposición de manera expresa, e impuso a los órganos jurisdiccionales la obligación de que en el primer acuerdo que dicten en los asuntos de su competencia, señalen a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a esa publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; de donde se concluye que la protección de los datos personales de referencia sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables." (Novena Época. Registro: 176077. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Administrativa. Tesis: XIII.3o.12 A. Página: 2518) IV. Se levanta reserva. Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, se reservó a proveer respecto de la prueba documental ofrecida por la quejosa Saily Tirado Barrón, hasta en tanto la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, rindiera su informe justificado, lo cual ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que exhibió la citada autoridad responsable, a favor de la parte quejosa, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de junio de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda promovida por Saily Tirado Barrón; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 349/2021 e intégrese expediente electrónico. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, párrafo primero, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, contra actos de la autoridad denominada: Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con diecinueve minutos del siete de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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