Sail Isaac de la Cruz Cossio
Expediente 899/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2017
Partes del expediente
- Sail Isaac de la Cruz Cossio
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 209/2017, orden 349/2017 del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar al quejoso..., el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecisiete (fojas 20 y 21). En atención a lo anterior, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Notificación personal. Toda vez que el aquí quejoso, se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 10, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía fax al Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione quien corresponda a efecto de que se constituya en dicho Centro Penitenciario, y notifique el presente proveído al quejoso. Notifíquese y por despacho a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de trece de julio del presente año (fojas 7 a 14), por las consideraciones que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, el proveído de mérito y las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto señale domicilio actual y correcto para tales efectos. Notifíquese por lista al promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en favor de Sail ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 2. Director del Centro de Reinserción de Sentenciados Número 10 (CERSS) de Comitán de Domínguez, Chiapas. 3. Consejo Técnico Consultivo del Centro de Reinserción de Sentenciados Número 10 (CERSS) de Comitán de Domínguez, Chiapas. 4. Secretario de Gobernación 5. Alcaide de la Guardia "A" del Centro de Reinserción de Sentenciados Número 10 (CERSS) de Comitán de Domínguez, Chiapas. 6. Alcaide de la Guardia "B" del Centro de Reinserción de Sentenciados Número 10 (CERSS) de Comitán de Domínguez, Chiapas. 7. Agente de Seguridad del Centro de Reinserción de Sentenciados Número 10 (CERSS) de Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 898/2017-1-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que a las dieciocho horas con treinta y ocho minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, la demanda de amparo promovida por Juana Martínez Cossío en favor de Sail Isaac de la Cruz Cossío; misma que fue turnada al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, quien mediante proveído de la misma fecha decretó la suspensión de plano en favor de Sail Isaac de la Cruz Cossío, y en ese mismo acuerdo declinó su de competencia para conocer el asunto en favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en turno; consecuentemente, el treinta de junio de dos mil diecisiete, fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado la demanda de mérito, misma que se radicó bajo el número de juicio 834/2017 y, previa ratificación, se admitió a trámite por auto de doce de julio del año en curso. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Expuesto lo anterior, de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 834/2017, del índice de este mismo juzgado, lo cual resulta ser un hecho notorio para la suscrita, de conformidad con la jurisprudencia aplicada por analogía, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2026, del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que, al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. En estas condiciones, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso, por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la que emanó la Jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) , aplicable al asunto que nos ocupa por identidad jurídica; criterio de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Cabe precisar que el legislador secundario dispuso como excepción a la actualización de la causa de improcedencia examinada, que el acto reclamado consistiera en normas generales con motivo de actos de aplicación distintos, supuesto en el cual únicamente podría operar la figura de la litispendencia cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en el que se analice la constitucionalidad de la norma, empero, de declararse que ésta es constitucional, la improcedencia no alcanza a los actos de aplicación que fueron impugnados por vicios propios, habida cuenta que no se surte el presupuesto de identidad en los actos que requiere la litispendencia. Establecido lo anterior, conviene precisar que las autoridades responsables y los actos reclamados en la presente instancia constitucional se hace consistir en: Autoridades responsables 1. SUBSECRETARÍA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 3. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 4. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 5. ALCAIDE DE LA GUARDIA "A" DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 6. ALCAIDE DE LA GUARDIA "B" DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 7. AGENTE DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS Actos reclamados "De las autoridades señaladas como responsables, se reclama la violación flagrante del artículo 22° Constitucional, toda vez que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que me tienen incomunicado y en condiciones deplorables de un área sin condiciones de higiene de manera insalubre, encerrado, sin comunicación alguna con familiares, abogados, ni visitas, sin que hasta el momento conozca el motivo por el cual recibo malos tratos, aparte de ser constantemente intimidado y atormentado de manera psicológica. Así como la ORDEN DE TRASLADO decretada en mí contra DE ESTE CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO DISTINTO Y SU EJECUCIÓN" Ahora bien, como se dijo anteriormente, resulta ser un hecho notorio para esta juzgadora la existencia del juicio de amparo 834/2017, del índice de este mismo órgano de control constitucional, del cual se advierte que el veintidós de junio de dos mil diecisiete, Juana Martínez Cossío promovió demanda de amparo en favor de Sail Isaac de la Cruz Cossío, ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, el cual estimó carecer de competencia para conocer el asunto, remitiéndolo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Cintalapa de Figueroa, misma que la turnó a este Juzgado; en la cual se señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables 1. SUBSECRETARÍA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 3. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 4. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 5. ALCAIDE DE CÁRCELES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, ENCARGADO DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD "A". 6. ALCAIDE DE CÁRCELES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, ENCARGADO DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD "B".. 7. AGENTE DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DE SENTENCIADOS NÚMERO 10 (CERSS) DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS Actos reclamados "De las autoridades señaladas como responsables, se reclama la violación flagrante del artículo 22° Constitucional, toda vez que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que me tienen incomunicado y en condiciones deplorables de un área sin condiciones de higiene de manera insalubre, encerrado, sin comunicación alguna con familiares, abogados, ni visitas, sin que hasta el momento conozca el motivo por el cual recibo malos tratos, aparte de ser constantemente intimidado y atormentado de manera psicológica. Así como la ORDEN DE TRASLADO decretada en mí contra DE ESTE CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO DISTINTO Y SU EJECUCIÓN" Dicha demanda, previa ratificación del directo quejoso Sail Isaac de la Cruz Cossío, fue admitida a trámite por auto de doce de julio de dos mil diecisiete, señalándose las nueve horas con cuatro minutos del catorce de agosto de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, resulta inconcuso que los actos reclamados dentro del juicio de amparo 834/2017 del índice de este juzgado, son los mismos que se señalaron en la demanda relativa al presente juicio constitucional, la cual fue recibida con posterioridad. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia que alude a la litispendencia existente entre dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades, y por el propio acto reclamado, siendo que el primero, esto es, el que se formó con la demanda más antigua, es el que habrá de subsistir en su trámite. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que ambas demandas hayan sido promovidas por diversa persona, pues éstas lo hicieron en representación del mismo quejoso, quien al tener conocimiento de la primera decidió ratificarla y hacer suyo el reclamo, por lo que a la fecha se encuentra en trámite un juicio cuya promoción consintió quien se dice es directo quejoso en el asunto que nos ocupa, en contra de los mismos actos reclamados y autoridades responsables, lo que trae consigo declarar improcedente la demanda de cuenta, sin que se estime necesario ordenar su ratificación, ya que a ningún fin práctico llevaría que el directo solicitante del amparo asuma la promoción de un juicio que no habrá de prosperar. Asimismo, no se soslaya que el presente asunto verse sobre actos que ameriten decretar la suspensión de oficio, ya que tales actuaciones constituyen la materia de la medida cautelar concedida de plano en el diverso juicio a que se ha hecho referencia, a cuyo acatamiento se encuentran obligadas las responsables En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir citas y notificaciones, el que para tal efecto señala en esta ciudad. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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