Sail Enox Ramon Silva
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sail Enox Ramon Silva
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, así como la constancia que acompañó al mismo, de los que se advierte que el doce de mayo del año en curso, dictó un acuerdo en el que señaló las doce horas del trece de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, en el juicio laboral ********************, de su índice Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso ********************reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación en autos del juicio laboral de origen, para la ejecución del laudo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, como se mencionó, de la constancia que la Presidenta de la Junta en cuestión remitió con su informe justificado, se advierte que el doce de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un proveído en el que señaló las doce horas del trece de julio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación del laudo en el expediente laboral ********************; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesó en el momento en que se acordó señala fecha y hora, para el desahogo de la audiencia incidental de la cual se duele la parte quejosa, lo cual aconteció posterior a la presentación del juicio de amparo, (veintiuno de abril del año en curso), impulsando nuevamente el procedimiento y restituyendo a la parte agraviada a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable ha dado un nuevo impulso al juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de doce de mayo del presente año, pronunciado por tal autoridad, en el que señala fecha y hora, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación. No es obstáculo para concluir lo anterior, como se ha dicho en párrafos anteriores, el hecho de que el quejoso se duela también de la omisión de la Junta responsable de celebrar la audiencia incidental de liquidación en el juicio laboral ********************, pues se considera que esto es una mera consecuencia de la inactividad en que se incurrió originalmente, y aún ante una eventual concesión de la Protección Constitucional en el presente asunto, éste no podría comprender todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, pues entre la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen y aquella en que se celebre la audiencia incidental respectiva, existen también actos procedimentales que requieren el impulso de las partes, y que por lo tanto, podrían no llegar a concretarse, impidiendo con ello la obtención el cumplimiento del fallo federal que en su caso se haya dictado. Si bien es cierto que fue un criterio aceptado por los órganos jurisdiccionales de la Federación, que al reclamarse violaciones al artículo 17 Constitucional, debía otorgarse el amparo para que la autoridad responsable procediera con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así se respetaría lo establecido en el referido precepto constitucional. Tal jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Sin embargo, el criterio anterior fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Así aparece en la tesis con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tal razón, es óbice que no se podría llegar a una conclusión diferente al estudiar el presente asunto, ya que, como ha quedado establecido, aun la concesión del amparo en el presente asunto, no cubriría todos los actos que faltaran realizarse en el juicio original, en atención a los razonamientos vertidos en la jurisprudencia en cita; de modo que, habiendo quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante la emisión del acuerdo dictado el doce de los cursantes, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No obsta a lo anterior, que le recaiga el carácter de tercero interesado a la ********************, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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