Saida Vanessa Campos Aguilar

Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
390/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Saida Vanessa Campos Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso y anexo de cuenta, signado por Edgar Emmanuel Cinta Maraboto -autorizado de la parte quejosa-, en atención a su contenido, se le tiene realizando diversas manifestaciones para formular pruebas de un incidente de repetición del acto reclamado. Al respecto, estese a lo acordado en proveído de veintiséis de agosto del presente año (foja 127), sin necesidad de hacer mayor abundamiento respecto de las pruebas que anexó, en virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. En otro contexto, en el auto indicado en el párrafo que precede, se advierte se formó un cuaderno de pruebas por separado, glósense esas documentales al presente juicio de amparo, a fin de que siga la suerte de este expediente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Glósese a los autos el ocurso de cuenta, signado por Edgar Emmanuel Cinta Maraboto -autorizado de la parte quejosa-, al cual anexó cuatro tantos de dicho escrito y un legajo de copias certificadas, mediante el cual promueve el incidente de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, contra la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, dentro del juicio laboral 617/IX/2017 de su índice. Al respecto, dígasele al peticionario que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, en primer término, porque de autos se advierte que el presente asunto se tramitó sin la apertura de incidente de suspensión por no haberse solicitado, en donde se hubiera concedido en su caso alguna medida cautelar que estuviere aún vigente y; en segundo lugar, porque el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el expediente (fojas 107 a 111) misma que en proveído de veintitrés de agosto del actual (foja 119) causó ejecutoria al no haber sido recurrida. No escapa la atención del suscrito que el promovente refiere en su capítulo de pruebas, ofrecer las actuaciones consistentes en el presente cuaderno, donde dice se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, contrario a ello y como ya se vio, la sentencia que se dictó en este juicio fue en el sentido de sobreseer en el asunto, por lo que no se requirió el cumplimiento de la misma a alguna de las partes. De allí que, se insiste, en el presente asunto no existe medida cautelar pendiente de cumplimentar por las autoridades responsables, ni tampoco ejecutoria amparadora pendiente de cumplirse, lo que trae como consecuencia la improcedencia del incidente planteado por el promovente. Con relación al legajo que acompañó al escrito que se provee, dado lo voluminoso de las constancias, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto y déjese a disposición del promovente en la secretaría de este juzgado. Finalmente, se hace saber al promovente que, de estimar que con la conducta que señala ha incurrido la Junta laboral se está cometiendo un fraude procesal o diverso hecho ilícito, quedan expeditos sus derechos para hacer del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente tales hechos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 107 a 111), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 390/2022promovido por Saida Vanessa Campos Aguilar y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, turnado en la misma fecha y recibido en este Juzgado el día veinte de abril siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto y la autoridad que más adelante se precisará (fojas 3 a 7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, este juzgado se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y emplazar a la parte tercera interesada (fojas 8 a 13). Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad de Boca del Río, en su carácter de autoridad responsable (foja 19) así como el emplazamiento de la parte tercero interesada Grupo de Administración de Bienes y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 91 a 92) y la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito (vía oficio visible a foja 18) tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos del acta levantada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, tercer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que se trata de actos omisivos que no requieren ejecución. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama en esta instancia: La omisión e inactividad procesal en la emisión del auto y/o acuerdo que señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a lo dispuesto en el laudo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente laboral número 617/IX/2017 del índice administrativo de la Junta responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. De la lectura del informe justificado rendido por el Presidenta de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, se advierte la existencia de la omisión reclamada (foja 19) pues así se deduce de las manifestaciones que contiene el citado informe. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SUBSUNCIÓN En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión e inactividad procesal en la emisión del auto y/o acuerdo que señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a lo dispuesto en el laudo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente laboral número 617/IX/2017 del índice administrativo de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Omisión que reconoció dicha autoridad responsable en el oficio 404/2022 de veintiséis de abril de dos mil veintidós, que remitió a este juzgado en justificación de sus actos; sin embargo, mediante su similar 557/2022, de dieciséis de junio hogaño (foja 65) enviado en alcance a su informe, acompañó diversas constancias deducidas del aludido expediente laboral 617/IX/2017, en donde se advierte que, finalmente, y con base además en lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora (autorizado en términos amplios de la quejosa en el presente juicio de amparo) el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós dictó el acuerdo correspondiente, en el cual señaló las diez horas del día veintinueve de junio del año en curso, para llevar a cabo la reinstalación, requerimiento de pago y embargo, ordenando la notificación a las partes, lo que así aconteció el treinta uno de mayo y dos de junio pasado (fojas 82 a 83). Constancias a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De dicha actuación se aprecia con claridad que la autoridad responsable hizo referencia y proveyó respecto de lo que a aquí se duele la parte quejosa (actora en el juicio natural). Asimismo, se observa adjunto a dicho auto, la razón actuarial de dos de junio de dos mil veintidós, en la que se hace constar que fue debidamente notificado de manera personal el apoderado legal de la parte actora, del referido auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, firmando como constancia de ello, por lo que, es claro que cesaron los efectos de la omisión o dilación de dictar acuerdo que señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo dentro del expediente laboral 617/IX/2017. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Máxime que, como se vio, la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhibió el proveído en el que dio la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa que, si bien no se produjo previo a la presentación de la demanda de amparo, sí tiene como efecto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado. Lo que impide el estudio de fondo del asunto, en virtud de que el objeto de la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es evitar la constitucionalidad de un acto que ya no afecta la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que en el caso particular, ya se corrigió lo reclamado por la parte quejosa. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en donde se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Saida Vanessa Campos Aguilar, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

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