Said Salazar Sánchez
Expediente 1458/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Said Salazar Sánchez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ********************, en el que desechó la demanda de amparo promovida por********************; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1458/2022-II. Desechamiento de demanda. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen o no las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Por lo tanto resulta pertinente, en principio, dilucidar el vínculo que une a la quejosa con las autoridades señaladas como responsables, pues ello permitirá determinar si los actos que les atribuye son susceptibles de combatirse en la vía constitucional. TITULO CUARTO ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL Capítulo Primero Del Consejo de la Judicatura Sección Primera Generalidades Artículo 61. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones; tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones, salvo en los casos que prevé la presente ley. Artículo 65. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional, excepto del personal adscrito al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número de sus integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al personal que desempeñe tareas administrativas o de apoyo. Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal, únicamente para verificar si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta ley. Artículo 66. El Consejo de la Judicatura recibirá y tramitará las quejas e informes sobre demoras, excesos y omisiones en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, en el despacho de los asuntos que les competan, a efecto de dictar las providencias oportunas para su corrección o la denuncia penal correspondiente. Sección Segunda Del Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Artículo 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, a los jueces de primera instancia, así como al personal auxiliar de la función jurisdiccional, administrativo o de apoyo, excepto los adscritos al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal; II. Dividir al Estado en Distritos Judiciales, residiendo en ellos los juzgados de primera Instancia que el Consejo determine; III. Expedir acuerdos generales para el ejercicio de sus funciones administrativas, incluyendo los relativos a la carrera judicial; IV. Informar al Pleno del Tribunal respecto de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces de primera instancia; así como del personal auxiliar de la función jurisdiccional; V. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento; VI. A solicitud del Pleno del Tribunal, emitir acuerdos generales para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional; VII. Determinar en el reglamento o disposición administrativa en la materia, los procedimientos, requisitos y criterios de selección, en los que se tomarán en cuenta la carrera judicial, el concurso de oposición y demás exigencias de orden constitucional; asimismo, expedir y mantener actualizados, los reglamentos interiores en materia administrativa, que rijan las funciones de los órganos de justicia y sus servidores públicos; los de examen de oposición para ocupar el cargo de Juez y demás servidores públicos; de la carrera judicial; de escalafón y de regímenes disciplinarios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial; VIII. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, al Secretario Ejecutivo; y a propuesta de los consejeros al Tesorero y al personal operativo, que reúnan los requisitos para el cargo de que se trate; IX. Recibir, tramitar y resolver las quejas administrativas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables; X. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos del Poder Judicial que se hayan destacado en el desempeño de su cargo; XI. Vigilar el funcionamiento del órgano que realice labores de compilación y sistematización de leyes, tesis, ejecutorias, precedentes y jurisprudencia, así como de la estadística e informática, de la biblioteca y del archivo general del Poder Judicial; XII. Solicitar al Pleno, a las salas y al Magistrado Presidente, así como a las unidades de apoyo del Tribunal Superior, la información procedente y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones; XIII. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares; XIV. Ordenar las visitas periódicas a los juzgados, para observar la conducta y desempeño del personal; recibiendo las quejas y denuncias que hubiese en contra de ellos. Ejercer las atribuciones que señala esta ley, así como practicar las visitas especiales o extraordinarias que le solicite el Pleno del Tribunal, dándole cuenta oportuna, en ambos casos, de sus resultados; XV. Elaborar estudios de las leyes y disposiciones reglamentarias relacionadas con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; XVI. Establecer Oficialías de Partes Común, cuando así lo demande las necesidades del servicio; XVII. Conocer y resolver respecto de las renuncias de los servidores públicos de confianza, de base y demás personal administrativo del Poder Judicial del Estado, con excepción de lo previsto en esta materia para los magistrados; XVIII. Conceder licencia sin goce de sueldo hasta por seis meses, a los servidores públicos y al personal de confianza del Poder Judicial, con excepción de lo reservado al respecto para los magistrados. Por lo que se refiere al personal de base, conforme se establece en las condiciones generales de trabajo; XIX. Nombrar y remover, previa consulta con el titular del área, al personal adscrito a la misma, excepto aquel cuyo nombramiento corresponda al Pleno del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución del Estado, esta ley, su reglamento y demás leyes aplicables; XX. Establecer las bases para la formación y actualización profesional de los servidores públicos del Poder Judicial; XXI. Supervisar que la aplicación y evaluación de los exámenes de oposición, que se practiquen a los aspirantes de nuevo ingreso o para promover al personal en funciones a cargo superior, se hagan con imparcialidad, objetividad y excelencia académica, en los términos del reglamento de examen de oposición; XXII. Llevar un control de las resoluciones emitidas por los jueces, cuando éstas sean confirmadas, modificadas o revocadas por sus superiores, con la finalidad de tomar medidas para lograr una mejor administración de justicia; XXIII. Autorizar a los secretarios de los juzgados para desempeñar las funciones de los jueces en las ausencias temporales de éstos; asimismo, designar a los secretarios interinos, conforme a los lineamientos que al respecto emita el consejo; XXIV. Crear para el debido cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, conforme las disposiciones presupuestales, las unidades administrativas o de apoyo que se requieran, estableciéndose sus funciones en el reglamento interior y demás ordenamientos aplicables; XXV. Vigilar que la administración del presupuesto del Poder Judicial sea eficaz, honesta y ajustada a la normatividad aplicable; XXVI. Las demás que las leyes o reglamentos le otorguen. Artículo 69. El Consejo de la Judicatura, para el cumplimiento de sus atribuciones será apoyado por las unidades administrativas, las cuales se sujetarán a las normas establecidas en el reglamento que para tal efecto se expida. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios respectivos, notificándose personalmente a la brevedad a las partes interesadas. Cuando el Pleno del Consejo estime que sus acuerdos o resoluciones o de las comisiones sean de interés general, deberá ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 71. Los Consejeros tendrán las atribuciones siguientes: I. Participar con voz y voto a las sesiones del Consejo; II. Realizar las propuestas necesarias para el mejor funcionamiento del Poder Judicial; III. Cumplir con las comisiones que se les encomienden, y IV. Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias. De los preceptos transcritos se desprende que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones, quien tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones. Lo anterior, permite concluir, en principio, que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala es una autoridad; empero, es imprescindible establecer si al emitir por conducto de su Secretaria Ejecutiva el oficio ********************, de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se comunicó al quejoso la terminación de la relación laboral que tenía con el Poder Judicial del Estado, como Secretario de Acuerdos, Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. En otras palabras, para atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Bajo esas premisas los órganos u organismos del Estado no pueden ni deben ser considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo, cuando se trate de determinaciones adoptadas dentro del ámbito del derecho laboral que regula las relaciones con su personal, en razón de que la causa generadora de las mismas deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de parte patronal y el particular como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, cuyas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través de los procedimientos laborales previstos para tal efecto, pues si bien en todo vínculo de naturaleza laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, ya que esa relación jurídica se suscita en un plano de coordinación. Bajo ese panorama, resulta evidente que a las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa, no les reviste ese carácter para efectos del juicio de amparo. A fin de acreditar lo anterior, conviene realizar una breve reseña de los datos e información que obran en la demanda de amparo formulada por la parte quejosa: En sesión de pleno extraordinaria de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, fue propuesto para ocupar la plaza de Secretario de Acuerdos en materia Civil, Familiar y Mercantil; Mediante oficio ********************, de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, fue asignado al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; Mediante oficio ********************, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue adscrito al Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales; El dieciocho de abril de dos mil veintidós, por oficio ********************, fue adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; El siete de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dictó el acuerdo 1/2022, relativo a la fusión del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Distrito Judicial al Juzgado Penal del Distrito Judicial Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes y la modificación de su competencia; Como consecuencia de dicha fusión, en sesión ordinaria de veinticuatro de noviembre de este año, el Consejo de la Judicatura del Estado dictó el acuerdo ********************. Finalmente, mediante oficio ********************, de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, derivado de la fusión del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Distrito Judicial al Juzgado Penal del Distrito Judicial Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes se le comunicó la terminación de la relación laboral que tenía con el Poder Judicial del Estado, como Secretario de Acuerdos. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, manifestaciones a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, y que son aptas para acreditar que el accionante del juicio es un servidor público al servicio del Estado de Tlaxcala, específicamente, del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, se advierte que la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado -relación de supra a subordinación- sino una relación de coordinación entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y ******************** en su calidad de servidora pública, toda vez que al emitir el oficio ********************, de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se comunicó al quejoso la terminación de la relación laboral que tenía con el Poder Judicial del Estado, como Secretario de Acuerdos, dicha autoridad no actuó investida de imperio, ya que esa determinación deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre ambas partes. En efecto, al emitir el indicado oficio el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala actuó en su carácter de parte patronal, ya que si bien tomó tal determinación en forma unilateral; sin embargo, ello lo hizo con base en la relación laboral que lo une con la parte quejosa********************por lo que se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón-trabajador, en el que no existe la obligación de que la parte patronal requiera necesariamente del consentimiento del afectado. Sin que pase inadvertido que si bien el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones, quien tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones y con motivo del ejercicio de esas funciones pudiera desplegar diversos actos con el carácter de autoridad, esto es, en un plano de supra a subordinación; sin embargo, con el fin de cumplir los propósitos para los que fue creado aquel órgano, es necesario que también actúe como particular, es decir, que se obligue o adquiera derechos a través de las normas de derecho privado, y es precisamente en el marco de esa actuación como particular que la citada dependencia estatal puede vincularse con sus trabajadores como patrón. Consecuentemente, en razón de que la causa generadora de los actos deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de parte patronal y el particular como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, dichas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través de los procedimientos laborales previstos para tal efecto, pues si bien en todo vínculo de naturaleza laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, ya que esa relación jurídica se suscita en un plano de coordinación. En ese orden de cosas, en el caso, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia de mérito, porque la naturaleza de una relación laboral, ya sea del Estado o de un particular, de base o de confianza, no puede ser considerada como de autoridad, en virtud de que se entablan en un nivel de coordinación, precisamente, porque se trata de actos de naturaleza laboral que han sido estimados así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado el vínculo que tienen como patrón- trabajador, pues cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral, Asimismo, no pasa desapercibido que el régimen laboral del quejoso lo es el confianza, según se advierte del oficio ********************; sin embargo, ello no implica que el actuar de la responsable sea en su calidad de autoridad. En las relatadas circunstancias, es claro que en relación a la demanda de amparo promovida por********************se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Comunicaciones no procesales. Se tiene a la parte promovente, señalando como medio de comunicación el correo electrónico y número telefónico que refiere; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre servicios jurisdiccionales dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
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