Said Ronoel Rondero Sánchez

Expediente 767/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Said Ronoel Rondero Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    1.- Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. .. hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese. ..

  2. Principal

    1.- ESCRITO El quejoso .., desahoga la prevención formulada en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, por lo que se provee lo relativo a la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO De la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ... B.- Tercero interesado. No existe. C.- Autoridades responsables. 1.- Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. 2.- Director de Asuntos Jurídicos Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. D.- Acto reclamado. El auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desecha el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso el diecinueve de mayo del año en curso, en contra del oficio HASMT-TESMPAL-DI DF-22/2021 mediante el cual se le requiere el pago del impuesto predial y del impuesto denominado ISABI. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1.- Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3.- Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6.- Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1.- Los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas, en específico, por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla y por el Director de Asuntos Jurídicos Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. 2.- El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 4, apartado A, fracciones I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que en particular señalan: ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; .. 3.- A través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el artículo 108 de la referida Ley señala en esencia que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos. 4.- El Titulo Segundo, Capitulo VIII De las medidas cautelares, artículo 50, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 55, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. 5.- La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 6.- No existe excepción al principio de definitividad. I.- Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. No se actualiza la excepción porque el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña a la controversia, sino por Said Ronoel Rondero Sánchez, a quien se desechó el recurso de inconformidad que interpuso en contra del oficio por el que se le requirió el pago de los impuestos que menciona. II.- Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad de los actos reclamados no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III.- Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados. IV.- Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Los actos reclamados son de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. V.- Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. VI.- Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VII.- Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Titulo Segundo, Capitulo VIII "De las medidas cautelares", artículo 50, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 55, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. VIII.- Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción porque la parte quejosa no expuso en su demanda de amparo que los actos reclamados carezcan de fundamentación; así, en todo caso, el perjuicio que se hace valer estriba en una indebida y no en una falta de fundamentación. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. IX.- Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a un ordenamiento secundario. X.- Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, y no en un reglamento. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad; en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ..Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ..

  3. Principal

    L. 4. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no obra en autos el acuse de recibo del oficio girado a la Comisión Federal de Electricidad en la Zona Comercial de Puebla Oriente, para que rindiera su informe respecto al incidente de repetición del acto reclamado interpuesto por la parte quejosa, ni dicho informe. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia incidental. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las nueve horas con cinco minutos del quince de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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