Said Carreón Castañeda
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Baja California
- Said Carreón Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, se establece que este cuaderno es susceptible de depuración, por haberse negado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiocho de marzo de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA. PRIMERO. SE SOBRESEE....SEGUNDO. PUBLIQUESE...
- Principal
Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza de lo reclamado La parte peticionaria reclama el auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 1184/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; actuar demostrado al tenor de las manifestaciones vertidas por el juez responsable en su informe. A su vez, debe decirse que goza de valor probatorio pleno el disco compacto allegado al presente juicio, continente de los archivos digitales relativos a la audiencia inicial y de continuación en las cuales se tomó la determinación aquí reclamada, pues posee el carácter de documental pública.Examen de fondo del asunto Es infundado el reclamo de la parte solicitante de la protección constitucional, aun supliéndose la deficiencia de la queja, al tenor de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. En el primer y segundo conceptos de violación, la parte quejosa refiere que la determinación reclamada se aparta del debido proceso que contemplan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la defensa expuso que se actualizaba la causa de exclusión de delito prevista en el artículo 15, fracción VIII, inciso b), del Código Penal Federal, y el juez no analizó de manera lógica los datos de prueba aportados para configurar la hipótesis de la excluyente del delito, además, de que no fundó ni motivó su resolución y únicamente atendió a lo expuesto por la fiscalía. Que no señaló por qué los datos de prueba aportados por la defensa fueron insuficientes para restar la razonabilidad que la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige para emitir un auto de vinculación a proceso y menos aún por qué no se actualiza la excluyente del delito que la fracción IV del referido código procesal contempla. Abunda, que el juez responsable no respetó los principios de igualdad ante la ley y entre las partes establecidos en los artículos 10 y 11 del código procedimental penal aplicable, ya que no tomó en cuenta las referencias que emanan de las manifestaciones hechas por la defensa, asimismo, destacó que la responsable conforme a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y el hecho atribuido al quejoso, puntualizó que la codificación procesal no establece como condición que se deba atender en la etapa que se encontraba resolviendo la excluyente que la defensa adujo, lo cual trajo como consecuencia que se vulnerara el principio de exhaustividad. En el tercer motivo de inconformidad, señala el agraviado que se vulneró en su perjuicio la tutela judicial efectiva que salvaguardan los artículos 1º y 17 del Pacto Federal, ya que no se le administró justicia de forma completa, pues el juez responsable refirió que no era el momento procesal oportuno para estudiar la excluyente del delito invocada, lo que vulnera el principio pro persona y el de contradicción. Arguye, que la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que en la etapa de vinculación a proceso, los jueces, de oficio, deben analizar si en el caso se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, y que postergar ese estudio hasta la etapa de juicio, deja en estado de indefensión al quejoso, en términos del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no valorar los argumentos y datos de prueba aportados por la defensa para al efecto. Como ya se apuntó, es infundado lo alegado por la parte solicitante de la protección constitucional. Del examen de los registros digitales de la audiencia inicial de veintinueve de abril de dos mil veintidós, y la de continuación llevada a cabo el cuatro de mayo siguiente, los cuales fueron allegados a los autos del presente juicio, se desprende que previa apertura de audiencia, individualización de las partes y aceptación y protesta del cargo por parte de la defensora pública federal del peticionario, en uso de la voz, el fiscal interviniente en tal actuación formuló imputación al aquí quejoso, ante la probabilidad de que hubiese cometido o participado en el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el 9º, fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuya comisión se reputó de manera dolosa y a título de autor material. Los numerales de mérito son del tenor siguiente: "Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. [.]." "Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes: I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas. [.]." Debe decirse que la fiscalía expuso que los hechos constitutivos de delito fueron, en síntesis, los siguientes: i) Que el quince de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con cuarenta minutos, dos agentes de la policía municipal de esta ciudad, se encontraban realizando recorridos de vigilancia sobre la avenida Valle Imperial en dirección a la calle Imperio Azteca de la colonia Altiplano, en esta ciudad, cuando observaron sobre la misma avenida a una distancia aproximada de seis metros de la patrulla, que circulaba una motocicleta marca Itálica, color blanco, con placas de circulación UFC1K del Estado de Baja California, que no traía el sistema de iluminación, pues iba circulando con las luces apagadas, lo cual constituye una infracción al artículo 15 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana, Baja California. ii) Por ese motivo, sin perder de vista a dicha motocicleta, le marcan el alto con sirena y torretas, deteniendo la marcha aproximadamente ocho metros sobre la misma avenida Valle Imperial, en la intersección con calle Imperio Azteca. iii) Una vez que descendieron los oficiales, uno de ellos se aproximó a ********************, le indicó el motivo de la intervención y le solicitó los documentos del vehículo y licencia de conducir para elaborar la boleta de infracción correspondiente. iv) Cuando ********************, sacó de su cartera los documentos solicitados, uno de los oficiales que se encontraba parado a un costado de él, alumbró con su lámpara porque estaba oscuro, y observó que en la parte superior del lado derecho traía una mochila tipo riñonera colgada en el pecho de la cual sobresalía lo que al parecer era una empuñadura de un arma de fuego, tipo pistola color negro. v) Por esa razón, uno de los agentes de la policía municipal elevó el nivel de contacto y le indicó al aquí quejoso que levantara las manos y las pusiera en la nuca, quien acató la indicación, para posteriormente extraer lo que resultó ser un arma de fuego, tipo pistola color negro, con empuñadura de plástico color negro, calibre 380, la cual se encontraba abastecida con un cargador y quince cartuchos útiles del calibre. vi) Asimismo, se encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón, un cargador metálico color negro que contenía dieciséis cartuchos balísticos calibre 380. vii) Una vez controlada la intervención, ********************, manifestó que contaba con los documentos para la portación de dicha arma, mostrando un documento con número de oficio de portación S.L/23190 para el servicio de seguridad privada de personas, con fecha de vigencia del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve al veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno; motivo por el cual, al no traer la documentación de portación vigente, a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, se detuvo materialmente al aquí quejoso, informándole el motivo de su detención y realizando la lectura de derechos correspondiente. Posteriormente, previo a que la fiscalía solicitara la vinculación a proceso que fue decretada, se dio oportunidad al aquí impetrante de declarar o bien, de guardar silencio en torno a la imputación que le fue formulada, habiendo ejercitado de manera libre el imputado su derecho a no declarar en forma alguna. Finalmente, el quejoso solicitó que se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se reanudó el cuatro de mayo de dos mil veintidós, y previo debate, se dictó el auto de vinculación a proceso que en esta sede constitucional reclama. Ahora bien, es preciso señalar que la emisión de un acto como el aquí reprochado, se constriñe al cumplimiento de los estándares señalados en el artículo 19, primer párrafo, de la Carta Magna, que establece que los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1) Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2) Que la ley señale como delito a ese hecho; y, 3) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es preciso indicar que de conformidad con los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba son meras referencias al contenido de un medio de convicción aún no desahogado, mismos que deben permitir al juzgador concluir que un hecho delictivo se cometió con la participación de una persona, en el entendido de que tales datos pueden ser valorados de manera libre y lógica. Además, debe apuntarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 259 invocado, las pruebas que en su caso se incorporen a las audiencias en las cuales se resuelva sobre una vinculación a proceso, serán valoradas por los juzgadores de manera libre y lógica. Así, la jurisdiccional del conocimiento tuvo por satisfecha la materialidad de un hecho constitutivo de delito, y tales consideraciones se estiman apegadas a derecho, en la medida que se tuvo por demostrada la existencia de un arma de fuego comprendida en la clasificación jurídica a que hace referencia el primer párrafo del numeral 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual aparentemente portaba el sujeto activo al momento de la detención en flagrancia, pues el artefacto bélico se encontraba al interior de una mochila que el aquí quejoso portaba en el pecho, esto es, el arma de fuego condigna se localizó dentro del radio de acción y pronta disponibilidad. Además, que si bien es cierto que al momento de la intervención ******************** manifestó contar con un permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional que amparaba la portación de dicho artefacto bélico, también lo es que éste no se encontraba vigente. No se soslaya que en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la defensa aportó diversos medios de prueba tendentes a acreditar que se actualizaba la excluyente de delito prevista en el artículo 15, fracción VIII, inciso b), del Código Penal Federal, que establece: "Artículo 15.- El delito se excluye cuando: [.] VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; [.] B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. [.]." Ello, bajo el argumento de que el quejoso pensaba que los documentos que exhibió eran suficientes para acreditar la legal portación del arma, dado su desempeño como elemento de guardia de seguridad privada como escolta de personas. Sin embargo, de los datos de prueba aportados por la fiscalía destaca el informe M-IV/4374/47071, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que refiere que el número de licencia colectiva que viene plasmada en el oficio S.L/23190 de nueve de octubre de dos mil diecinueve, documento que ******************** exhibió a los agentes de policía que lo detuvieron, corresponde a la revalidación de la licencia particular colectiva otorgada a la persona moral Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, en la modalidad de seguridad privada a personas. Asimismo, que el arma de fuego tipo pistola, calibre 380, marca Tanfoglio, se encuentra inscrita en el registro federal de armas de fuego mediante hoja de manifiesto A3649264 en favor de la empresa Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil. De igual manera, indicó que ******************** no cuenta con registro de que se encuentre incluido en esa licencia colectiva o alguna otra, ni cuenta con permiso o licencia individual para portar o poseer armas de fuego, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, la defensa aportó los medios de prueba que estimó pertinentes para acreditar que se actualiza la excluyente de delito referida en los párrafos que preceden, entre los que destacan: i) Oficio comisión de uno de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el apoderado legal de la persona moral Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, en el que se comisiona a ******************** como escolta, se le indica el tipo de arma y municiones que va a portar y bajo qué licencia particular colectiva se encuentra amparada. ii) Copia de la identificación expedida por Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil en favor de ******************** que lo distingue como elemento de escolta, se señala la licencia particular colectiva, el puesto y la cuif. iii) Oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional relativo al control del registro, a nombre de quien está registrada la portación. iv) Un oficio de prórroga de siete de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, dirigido al representante legal de la empresa Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, en modalidad de seguridad privada a personas. v) Ejecutoria 8/2022 del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito. vi) Oficio suscrito por el representante legal de la empresa Agencia Nacional de Seguridad Pública, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, dirigido a la defensora pública del aquí quejoso, al que anexó una escritura pública con la que acredita su personalidad. vii) Factura del vehículo automotor que se encuentra descrito en el informe policial homologado y que también se encuentra incorporado en la carpeta de investigación. viii) Constancia de presentación de movimientos afiliatorios que realizó Agencia Nacional de Seguridad Pública, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, registrando a ******************** como parte de sus elementos. ix) Copia simple de una copia certificada que gira el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jefe de Estado Mayor, al representante legal de la empresa Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, cuyo contenido, idoneidad y pertinencia es lo relativo a la licencia colectiva que tiene el arma afecta a la causa penal, acompañada del oficio resguardo de armamento y accesorios, que giró el gerente general de la aludida persona moral del resguardo de armamento y accesorios, el cual cuenta con la descripción de que se le entregó el armamento y equipo a ********************, arma Tanfoglio FT9 FK Carry .380, el folio y treinta y seis municiones. x) Oficio de asignación de armamento dirigido al General Secretario de la Defensa Nacional, y a la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos, suscrito por el representante legal de la empresa Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se encuentra enlistado ******************** con el arma que se le encontró portando. Aunado a lo anterior, la defensora federal ofreció la declaración del imputado quien rindió su declaración de manera libre y espontánea, y con ello, solicitó que se emitiera auto de no vinculación a proceso en términos de los artículos 316, fracciones III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 15, fracción VIII, inciso b), del Código Penal Federal. Dichas circunstancias posibilitaron al juez de control arribar a la conclusión de que el aquí quejoso probablemente cometió el hecho materia de imputación, colocándolo en la hipótesis normativa de autor material, en una forma de actuación dolosa. Asimismo, indicó que no obstante que la defensa refiere que la licencia ampara al quejoso, y en relación a los datos de prueba que aportó el fiscal, el arma aparece registrada en favor de la empresa Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, ******************** no está incluido en la misma y tampoco cuenta con licencia para portar armas de fuego en lo individual. Señaló que si bien es cierto que en los datos de prueba que aportó la defensa refirió que sí existe una licencia colectiva que en un momento dado pudiera amparar al aquí quejoso respecto de la portación de arma de fuego, consideró que dada la controversia que ha surgido hasta ese momento por los datos de prueba expuestos por las partes, tendrá que ser dilucidada en una etapa posterior a la que en ese momento se estaba resolviendo, como podría ser, la de juicio oral, en la que se determinen todos y cada uno de sus elementos para comprobar si está acreditado o no el hecho y la responsabilidad de ********************, ya que en el auto de vinculación a proceso basta con que se acredite su probable participación en el hecho que la ley señala como delito. Sin que fuere obstáculo lo declarado por el imputado y los diversos datos de prueba aportados por su defensa para tener por actualizada la excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción VIII, inciso b), del Código Penal Federal, porque el aquí quejoso labora para una empresa de seguridad privada que supuestamente cuenta con la licencia correspondiente para la portación de armas de fuego, y que el artefacto bélico que portaba ********************, se le otorgó el uno de noviembre de dos mil veintiuno, y que por esa razón él consideraba que su conducta o la portación de arma de fuego estaba justificada con la licencia referida, y que éste no tiene la facultad de requerir a sus patrones para que le muestren las licencias o la documentación correspondientes en relación con la portación respectiva. Por ello, la jurisdiccional del conocimiento consideró insuficientes tales argumentos para tener por actualizada -en esa etapa procesal- la hipótesis de la excluyente del delito invocada, pues de la declaración del imputado no se advierte que haya hecho mención de que él creía que estaba justificada su conducta, porque sus patrones le informaron que contaban con la licencia correspondiente para la portación de armas de fuego, y que por tanto al haberle entregado ese artefacto bélico, él creía que estaba justificada la portación por la existencia de esa licencia colectiva. Ello es así, porque el aquí quejoso en ningún momento refirió esa situación para estimar que su psique estaba afectado de ese error, es decir, de una falsa apreciación de su conducta, ya que en su declaración simplemente refirió que trabajaba para Crecimiento de Jalisco, Sociedad Civil, y para Agencia Nacional de Seguridad Pública, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, y las circunstancias de tiempo modo y lugar en que fue detenido, y que se identificó con los documentos de la portación; empero, en ningún momento el propio imputado refirió que creía que su conducta estaba justificada como en su momento lo indicó su defensora pública federal, el juez responsable no puede tomar en cuenta el cúmulo de documentales que la defensa aportó para establecer que ******************** tenía pleno conocimiento de que su acción estaba justificada, dado el conjunto de datos que refirió la defensora pública federal para fortalecer el supuesto que avala la excluyente del delito invocada. De tal manera, que ante esa falta de información del propio imputado, no es dable tener por actualizada la referida excluyente de delito; además, que el artículo 66 del Código Penal Federal, contempla las penas que ameritan los delitos cuando se actualiza el error, y en concreto el invocado por la defensa, la pena será hasta por una tercera parte del delito de que se trata, no así una excluyente determinante para emitir un auto de no vinculación a proceso. Por lo anterior, la autoridad responsable señaló que esa causa de exclusión del delito tendrá que ser analizada en una etapa posterior, como la de juicio oral, a fin de determinar después del cumulo probatorio que en su momento ofrezcan las partes para señalar si el error que ha referido la defensa es invencible o vencible, por lo que estimó que no se actualiza la causa excluyente del delito invocada. Respecto del precedente relativo a la ejecutoria del toca penal 8/2022 del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, el juez de control indicó que la defensa no precisó si éste se resolvió en etapa de vinculación a proceso, o bien, en sentencia definitiva, pues de ser el último de los casos, sostendría la hipótesis que invoca el juez de control, y de ser el caso que se trate de la etapa de vinculación, al no haber proporcionado esa información no puede considerar el razonamiento de la superioridad, además, de que esa resolución no es una jurisprudencia de observancia obligatoria sino un criterio orientador. Tal ejercicio jurídico se considera, adverso a lo que sostiene el impetrante, suficiente para dictar auto de vinculación a proceso en su contra, pues el juez responsable emitió consideraciones que, a la luz de las exposiciones formuladas por la fiscalía, los datos de prueba y su respectiva apreciación, le permitieron colegir la probable participación del imputado en el hecho constitutivo del delito de portación de arma de fuego sin licencia. Los anteriores aspectos conducen a este tribunal a concluir que, en términos de la tesis aislada XV.3o.6 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el caso concreto es pertinente proceder a la apertura de la etapa de investigación judicializada, circunstancia que importará la integración de una verdadera indagatoria, donde se dé cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el imputado, en aras de verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva a través de los actos materia de imputación y que dieron lugar a la causa penal de origen. Por tal motivo, ante la falta de una mayor exposición demostrativa por parte de la defensa que refutara la solicitud de la fiscalía efectivamente planteada para formular imputación y vincular a proceso al aquí quejoso por el delito de mérito, el juez responsable adecuadamente consideró que existían elementos suficientes para el dictado del auto materia de reclamo. Tal criterio se encuentra visible en la página 2167, libro 39, febrero de 2017, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." [Énfasis añadido] Así, al resultar infundado lo alegado, y sin que se advierta aspecto alguno que suplir, lo conducente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, puntualizado en la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Glósese el escrito firmado electrónicamente por la defensora del quejoso; respecto de su solicitud, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto. En ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario a que se hace referencia en el ocurso de cuenta, únicamente por lo que hace a este juicio de amparo. Asimismo, se señala como medio de comunicación no procesal la dirección de correo electrónico que proporciona, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5°, fracción l, y 22, fracción ll, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, fórmese el cuadernillo provisional correspondiente y una vez que se dicte sentencia en este asunto, sin previo acuerdo, deberá agregarse al juicio principal.
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