SAID ABRAHAM HERRERA VAZQUEZ y Otros.

Expediente 732/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • SAID ABRAHAM HERRERA VAZQUEZ y Otros.
  • Said Abraham Herrera Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Notifíquese, y de manera personal a la parte promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Téngase por recibido el escrito firmado por *** y ****, mediante al cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, pues manifiestan que el acto reclamado es la sentencia incidental dictada en el juicio civil ***, radicado ante el Juzgado de Partido Segundo Civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y exhiben copias. En esas condiciones, se provee: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De la lectura del escrito aclaratorio, así como de la demanda presentada por los quejosos, se advierte que el acto que reclaman consiste en: La sentencia dictada en el incidente de liquidación de gastos y costas tramitado en el juicio civil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el acto reclamado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa no agotó los medios ordinarios previstos por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos dictados dentro de procedimiento que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el presente asunto, como se asentó en párrafos precedentes, el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada en el incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del juicio civil ****, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, -en el cual los promoventes tienen el carácter de demandados- determinación en contra de la que, de conformidad con los artículos 236 y 2452 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, procede el recurso de apelación, que tiene como objetivo que el superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, cuya tramitación debe seguirse en términos de las disposiciones previstas en el Título Sexto del Libro Primero de la citada codificación. Sobre esa base, se colige que la resolución incidental en estudio es impugnable a través del recurso de apelación, pues de la interpretación sistemática de los numerales en cita, se advierte que el aludido medio de impugnación procede contra las resoluciones que decidan un incidente, al así mencionarlo expresamente. Por tanto, la parte quejosa debió combatir las infracciones acontecidas con motivo del engrose de la citada resolución mediante el referido recurso. En efecto, a través del citado medio de impugnación, se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto que un superior confirme, revoque o modifique la resolución de primera instancia que se considere lesiona los intereses de la parte quejosa, en lo tocante a los agravios que exprese. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, por lo que una vez agotado, se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad competente, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad jurisdiccional ordinaria; de ahí que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad ordinaria mediante la interposición del recurso, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Así, es incuestionable que los promoventes, al ser parte en el juicio natural, debieron agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudieron haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretenden, al encontrarse en plenitud de hacer valer el recurso indicado. Lo que quedó de manifiesto al así haberlo expresado los promoventes en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, donde señalaron que son la parte demandada en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Sin que del acto reclamado, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, pues es la parte demandada en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la parte promovente, no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario de defensa, consistente en el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, tratándose el acto reclamado la sentencia que decidió el incidente de liquidación de gastos y costas, tramitado en el juicio civil *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. En consecuencia, al quedar acreditada la causal de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo.

  4. Principal

    Notifíquese, y de manera personal a la parte promovente.

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