Sahnun Said Dirie
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/04/2023
Partes del expediente
- Sahnun Said Dirie
- Sahnun Said Dirie y Otros.
- Isahak Hassen Abdulahi y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal no obstante de que se desechó la demanda, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese y vía electrónica a la parte promovente.Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el promovente ***********, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veintinueve de marzo de la presente anualidad, informa bajo protesta de decir verdad que no tiene comunicación con ninguno de los directos quejosos y que por llamada de un número privado de quien se identificó con el nombre de ********************, sin especificar el grado de parentesco con los quejosos, le comunico que los mismos fueron puestos en libertad por la autoridad migratoria sin iniciar procedimiento administrativo, y sin que le hubiese proporcionado domicilio para su localización; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, mediante el cual remite la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo ********************de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea el caso acusar de recibo, virtud de que las aludidas constancias fueron remitidas vía interconexión, por lo cual el acuse se genera de manera automática. DESECHAMIENTO Ahora, es oportuno precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo, ello al tomar en consideración que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, ya que da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en favor de los directos quejosos en esencia en la: Privación de la libertad Fijación de Garantía económica Traslado a diversa entidad federativa 4. Deportación o Expulsión 5. Incomunicación. En ese sentido, tomando en consideración que el veintiocho de marzo del año en curso, la actuaria de la adscripción asentó en la razón actuarial que al constituirse en el área de alojamiento de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, le comunicaron que no se encontró registro de ingreso o egreso de los quejosos ********************y ********************. Luego el treinta de marzo del año en curso, se tuvo al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, comunicando que los quejosos ********************y ********************, no se encontraron alojados en las estaciones migratorias de esta ciudad. Posteriormente, en esta misma data, se tuvo por recibido el escrito presentado por el autorizado de los quejosos, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que ********************, quien no le precisó grado de parentesco de los quejosos ********************y ********************, le manifestó que éstos habían sido puestos en libertad por las autoridades migratorias, sin iniciar ningún procedimiento migratorio administrativo, lo que se corrobora con lo asentado en la razón actuarial de veintiocho de marzo de la presente anualdiad, en la que asentó que no se encontró registro alguno de ingreso y egreso de los antes citados. Por tanto, es evidente que ante ello, han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esa tesitura, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos ********************y ********************, han cesado sus efectos, ello toda vez de que si bien conforme lo informado fueron detenidos de forma momentánea según lo informado por el promovente del amparo, con posterioridad y de forma inmediata, sin que exista procedimiento administrativo instaurado en su contra fueron liberados por éstas. Por ende, se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los referidos quejosos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo pues aun cuando se haya ratificado la demanda en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el agraviado estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos ********************y ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, lo anterior hágase del conocimiento del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, así como del Director y/o Titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, ambos con sede en Ciudad de México, para los efectos legales conducententes. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, en el que refiere acatar la misma y comunica que los directos agraviados no se encuentran alojados ni a disposición de dicha autoridad. Asimismo, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
a las nueve horas del treinta de marzo de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa , el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 163/2019 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta misma fecha dentro del cuaderno de sigilo que deriva del presente juicio de amparo, del cual se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, sin que realizara manifestación alguna. Por ello y toda vez que del estado de autos se advierte que a la fecha se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Decimoquinto Circuito de esta ciudad, en ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión ********************, esto es, se dejó insubsistente la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados ******************** (por conducto de su apoderada ********************) y ********************, en los domicilios que fueron proporcionados por el Recaudador de Rentas del Estado de Baja California y Tesorero Municipal XXIII del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; además, se ordenó agotar medios de localización respecto a la apoderada legal ********************, obteniendo resultados negativos. Ahora, ante la imposibilidad jurídica de llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesado ******************** (por conducto de su apoderada ********************) y ********************, y toda vez que del inciso c) del considerando séptimo de la ejecutoria en la que se ordenó la reposición de este procedimiento, se indicó que de existir dicha imposibilidad se podría ordenar el emplazamiento por edictos; aunado a que el trece de febrero del año en curso, la autorizada de la parte quejosa refirió que en caso no lograr el emplazamiento se realice por medio de edictos solicitando se aplique lo dispuesto en lo señalado por el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez de que su autorizante aún está en una situación precaria económicamente, por no contar con empleo; en consecuencia, tomando en consideración de que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se declaró fundado el incidente de insolvencia económica planteado por la parte quejosa ******************** y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ********************, ********************y ********************, por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 27 fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, es evidente que para la que suscribe es innecesario aperturar nuevamente el incidente de insolvencia económica, para acreditar la solvencia del aquí quejoso para pagar los edictos; en consecuencia, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que atento al punto 2, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos jurisdiccionales, gírese oficio al Consejo de la Judicatura Federal, por conducto del Delegado Administrativo en esta ciudad, para que en apoyo a lo decretado por este juzgado, adopte las medidas necesarias, a fin de que sean publicados, como lo dispone el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los referidos edictos en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "Excélsior", ambos con residencia en Ciudad de México, acompañando al efecto, por duplicado, el extracto del edicto a publicar, así como el disco que contenga el archivo del texto del mismo; en el entendido que la publicación del mismo deberá realizarse en tres ocasiones de siete en siete días. En el entendido que, dentro del término de tres días legalmente computados deberán informarse a este juzgado las gestiones realizadas en cumplimiento a lo ordenado; así como, las fechas en que se realicen las publicaciones correspondientes, para que se proceda a obtener de la página electrónica oficial los ejemplares de los que se advierta la notificación que se solicita. Una vez informado el inicio de las publicaciones ordenadas, fíjese en la tabla de avisos de este juzgado, el edicto correspondiente, por todo el tiempo que dure el emplazamiento; haciéndole saber a la tercero interesada, que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos ordenados, para hacer valer lo que a su derecho convenga, y si pasado dicho término, no compareciere a este juicio de amparo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Por los motivos expuestos en párrafos que anteceden, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a los terceros interesados en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
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