Sahiry Zuleyma Ruiz Lopez

Expediente 2232/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2232/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Sahiry Zuleyma Ruiz Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sahiry Zuleima Ruiz López, contra actos de Miguel Ángel Chang Reyna, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 88, turno matutino de esta ciudad; que hace consistir en la negativa de otorgar y firmar contrato con la quejosa, como docente del Centro de ese centro escolar. Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 2232/2019. DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.- De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente hace consistir el acto reclamado en: ." .la NEGATIVA DE OTORGAR Y FIRMAR CONTRATO con la suscrita como docente del CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 88, Turno Matutino, de esta ciudad." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." En principio, es necesario precisar que de una interpretación lógica y armónica de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose como tales, a aquéllos revestidos de imperio que tienen la fuerza legal de violar por sí mismos una garantía individual en perjuicio del gobernado, más no todos aquellos que un órgano del Estado u organismo público descentralizado realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, esto es, que el acto puede imponerse contra y sobre la voluntad del ciudadano. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la promovente a la autoridad señalada como responsable, implica relaciones de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que el quejoso la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, de rubro siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." De la lectura integral de la demanda de garantías se pone de manifiesto que el acto del que se duele la solicitante del amparo, lo constituye en esencia, la negativa del Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 88, Turno Matutino, de esta ciudad, de otorgar y firmar un contrato con la aquí quejosa como docente de esa institución. Tal actuación, reclamada al citado director no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que deriva de un vínculo jurídico de índole laboral establecido entre la impetrante como trabajadora y la institución educativa que señaló, en su carácter de patrón; lo anterior, aun cuando aquél pueda tener en diversas circunstancias el carácter de autoridad, dada la función que tiene asignadas constitucionalmente, pues ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase forzosamente actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad. Por tanto, si la solicitante del amparo, Sahiry Zuleima Ruiz López, reclama la negativa del director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 88, Turno Matutino, de esta ciudad, de otorgar y firmar contrato como docente de esa institución; ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de la relación que tiene la aquí promovente, con tal institución, que es de carácter laboral, por lo que la actuación reclamada corresponde a la de un patrón para con sus empleados y no a la de una autoridad; pues esa circunstancia demuestra que en dicha relación la indicada autoridad, no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad. Es aplicable por identidad de razón, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Cabe precisar, que el acto reclamado por la impetrante de garantías, consistente en la negativa del director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 88, Turno Matutino, de esta ciudad, de otorgar y firmar contrato como docente de esa institución, no puede ser examinado en esta vía, toda vez que la citada institución educativa, no es autoridad, debido a que la relación existente entre aquél organismo y la ahora quejosa, es de carácter laboral. Luego, debe considerarse que, la actuación reclamada no constituye de acuerdo con su naturaleza, actuación de personas de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, de donde resulta la improcedencia del presente juicio de garantías. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar la demanda planteada por su notoria improcedencia. Lo que se robustece con lo sustentado en la tesis 2ª. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, de epígrafe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Se tiene como domicilio del solicitante de amparo para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como en los diversos artículos 3o., 5o. y 6o., del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; artículo 64, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, SE EXHORTA A LAS PARTES para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones electrónicas, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión.Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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