Sahara Valadez Aviña y Otros.

Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Sahara Valadez Aviña
  • Sahara Valadez Aviña y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio por el que el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado, envía el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión civil 173/2022 y el original del juicio de amparo 492/2022-IV. Acúsese recibo. En la ejecutoria dictada el diecisiete de agosto de este año, se resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida; en consecuencia: SEGUNDO. Se sobresee en autos el juicio de amparo promovido por el quejoso. Obsérvese en sus términos dicha determinación, háganse las anotaciones respectivas y, en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados.

  2. Principal

    archivo

  3. Incidental

    En virtud de que en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión ya se ordenó el archivo definitivo como asunto totalmente concluido; se realiza la valoración documental del cuaderno incidental: Este expediente es conservable, por tratarse de un incidente de suspensión en el que se concedió la medida cautelar definitiva. El duplicado este expediente incidental es destruible una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos el escrito presentado por Gabriela Pío Hernández, autorizada en términos amplios de la tercera interesada María del Carmen Muñiz Dosal, por el cual solicita se fije cantidad de contragarantía. De la lectura armónica de los artículos 132 y 133 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión del acto reclamado, en caso de ser procedente, el quejoso debe garantizar la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios que con esa medida cautelar se puedan causar a terceros, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; garantía que se fijará de manera discrecional por la autoridad que conozca del juicio de amparo, en caso de que con la suspensión puedan afectarse derechos de ese tercero que no sean estimables en dinero. También que la suspensión concedida puede quedar sin efecto si el tercero interesado, a su vez, caución bastante para garantizar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías, así como el pago de los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto reclamado, en caso de que se conceda el amparo. Y, finalmente, que no se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Pues bien, se estima que no es procedente fijar una contragarantía con el fin de que quede sin efecto la suspensión definitiva que se concedió en la interlocutoria de diez de mayo de este año, pues impedir que surta efectos la medida cautelar y permitir que se ejecuten los actos reclamados, haría en extremo difícil restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En efecto, la fijación de la contrafianza que solicitó la tercera interesada, en relación con la orden de entrega material del inmueble motivo de la demanda, ocasionaría que la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa dejara de surtir efectos en lo referente a ese bien y, consecuentemente, implicaría que se desposeyera del mismo al amparista. En esta tesitura, el eventual desposeimiento que padecería la parte quejosa podría causarle un evidente daño moral, toda vez que el uso de medios de apremio como la fuerza pública o la ruptura de candados, cerraduras o puertas del inmueble para llevar a cabo el lanzamiento en contra de su voluntad, puede causar ataques físicos, a su libertad, honor, reputación o vida privada, así como vejaciones, descrédito, etcétera, los cuales son irreparables aunque obtenga sentencia favorable en el amparo, además de que con la ejecución del lanzamiento no siempre puede restituirse al agraviado en el goce del bien inmueble durante el tiempo que se le privó de él. De ahí que, en caso de ejecutarse los actos reclamados, sería en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por lo anterio, no es procedente acordar favorablemente la solicitud de la parte tercera interesada.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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