Sagrario Rocio Piña Soberanis
Expediente 40/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sagrario Rocio Piña Soberanis
- Congreso del Estado de Nuevo León
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.
- Principal
En dos de febrero de dos mil veintidós, el secretario certifica: que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del veinticinco al treinta y uno de enero de este año, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente vía correo electrónico, el veinticuatro de enero de este año; sin que lo haya hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del índice del este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior y con el estado de autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto 40/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiuno de enero de dos mil veintidós, el secretario certifica: que Eugenia Marín Neri, Miguel Macedo Ríos, Sabino Carbajal Vargas, Víctor José Mendoza Lázaro, cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho, lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo y anexos, recibida físicamente en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 738. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1 Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Sagrario Rocío Piña Soberanis, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 40/2022. 1.2. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6°, ambos de la Ley de la Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el libelo constitucional, se advierte que carece de firma autógrafa del suscriptor, lo que evidencia una notable e indudable causa de improcedencia, y los citados dispositivos disponen . En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 61, fracción XXIII, y 6° de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichos artículos se advierte, como principio rector del juicio de amparo, la instancia de parte agraviada, sin la cual no puede válidamente iniciarse el ejercicio de la acción constitucional. En el caso, del escrito inicial de demanda, se aprecia que no contiene firma autógrafa de quien la promueve, pues del escrito original y sus copias anexas, presentadas en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, no se aprecia que contengan firma autógrafa del suscriptor, pues la que la que obra al calce de las mismas, corresponde a una copia o faximil, por lo que no cumple el presupuesto "voluntad" que exige la promoción del juicio de amparo. Ciertamente, para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de dicha parte de solicitar la protección de la justicia federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, a través de su signatura autógrafa. Por lo tanto, no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de amparo, constituya una irregularidad en el escrito y, que por ello, sea factible al suscrito ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo, supuesto que no se actualiza en la especie, por lo que no obliga a este órgano de control constitucional a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado autógrafamente, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, y tomando en consideración que el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción I del precepto 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que en el caso no se satisfizo, es evidente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, concatenado al diverso ordinal 6°, ambos de la Ley de Amparo, y, conduce por tanto, a desechar la presente demanda de amparo promovida presuntamente por Sagrario Rocío Piña Soberanis, ya que admitir lo contrario fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma no autógrafa o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de amparo. Es aplicable al presente caso, la tesis emitida Tesis: XVII.7 K (10a.), visible en la página 2154, del libro 18, Mayo de 2105, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA."" Así como la tesis número VI.1o.151, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la legislación invocada en primer término, ambos a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida presuntamente por Sagrario Rocío Piña Soberanis, contra actos del Juez Segundo de primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades. 1.4. Autorizados. Se le tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eugenia Marín Neri, Miguel Macedo Ríos, Sabino Carbajal Vargas, Víctor José Mendoza Lázaro, en razón de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, se registra cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, y solamente para oír y recibir notificaciones personales a la persona que indica en su escrito. 1.5. Usuario, correo electrónico y número telefónico. Se autoriza el usuario "victorjosemendozalazaro", a efecto de que las notificaciones personales que les resulten, se le practique de forma electrónica, así como para que se imponga del expediente electrónico; por tanto, se ordena dar de alta dicho usuario. Asimismo, téngasele señalando correo electrónico y numero de teléfono para oír y recibir notificaciones. Se instruye al servidor público comisionado para la atención a las personas justiciables mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, que mantenga bajo debido resguardo estos datos y los ponga a disposición del personal que así lo requiera para que se utilicen como efectivos canales de comunicación tanto para requerir o recibir información derivada de este asunto de manera ágil y segura, como para generar las condiciones adecuadas para que las notificaciones y demás actuaciones que deban practicarse resulten exitosas, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono 4525234435 Ext. 1071 Teléfono celular 4525235483 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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