Sagrario Leticia Fregoso Elizondo

Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Sagrario Leticia Fregoso Elizondo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista las certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente como concluido. Se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Sagrario Leticia ***, contra los actos de la Juez Sexagesimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radicación. Fórmese expediente físico y electrónico con el número *** y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Auto de desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Este Juzgador estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: De la fracción invocada, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que por regla general, el juicio de amparo procede contra: 1) Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. 2) Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, la causal que se actualiza en el particular, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo Respecto a la hipótesis de procedencia señalada en el numeral 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "la última resolución" debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la constituye: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. En estos casos, es posible reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. Cabe precisar que atento a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se han establecido los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenos a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el caso no se actualiza alguno de tales supuestos. En la especie, del análisis realizado a la demanda en estudio, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "Señalo como Acto Reclamado la emisión del Auto de fecha 17 de Mayo del 2023 dentro de los Autos del expediente número *** en donde se ordena la entrega del inmueble ubicado en *** al señor René Carlos *** y autoriza el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública, sin que haya sido requerida la Quejosa para la entrega de la posesión que detento de la planta baja y segundo piso del citado inmueble, como se detallará más adelante, violando flagrantemente lo dispuesto por los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales al no haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es en el caso a estudio, que no se le ha requerido a la Hoy Quejosa la entrega de la parte que a ella corresponde del citado inmueble, habida cuenta de que actualmente ya se encuentra liquidada la copropiedad del citado predio." Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; aunado a que no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia definitiva y tampoco afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; sino que en su caso constituye una posible violación estrictamente procesal. No pasa inadvertido que, la promovente reclama la orden de desalojo o entrega forzosa del inmueble, sin embargo, cuando se ordena el uso de la fuerza pública para el desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, no es un acto autónomo que haga procedente la instancia constitucional, ya que de considerarse así se trastocarían los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva, toda vez que es el juez quien tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. En consecuencia, los actos que se reclaman no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de ahí que no se actualiza, el supuesto de procedencia del amparo, previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, los actos reclamados no constituyen una excepción a la diversa regla de procedencia prevista en la fracción IV, segundo párrafo, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo. En las apuntadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. En diverso aspecto, se tienen como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. De igual manera, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el escrito de cuenta. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico bajo el usuario que indica en el escrito de demanda; para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de la promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la promovente que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal. Se faculta al secretario y actuario adscrito para que firme los oficios que genere este sumario. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo signada por Sagrario Leticia ***, contra los actos de la Juez Sexagesimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radicación. Fórmese expediente físico y electrónico con el número *** y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Auto de desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Este Juzgador estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: De la fracción invocada, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que por regla general, el juicio de amparo procede contra: 1) Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. 2) Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, la causal que se actualiza en el particular, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo Respecto a la hipótesis de procedencia señalada en el numeral 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "la última resolución" debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la constituye: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. En estos casos, es posible reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. Cabe precisar que atento a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se han establecido los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenos a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el caso no se actualiza alguno de tales supuestos. En la especie, del análisis realizado a la demanda en estudio, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "Señalo como Acto Reclamado la emisión del Auto de fecha 17 de Mayo del 2023 dentro de los Autos del expediente número *** en donde se ordena la entrega del inmueble ubicado en *** al señor René Carlos *** y autoriza el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública, sin que haya sido requerida la Quejosa para la entrega de la posesión que detento de la planta baja y segundo piso del citado inmueble, como se detallará más adelante, violando flagrantemente lo dispuesto por los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales al no haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es en el caso a estudio, que no se le ha requerido a la Hoy Quejosa la entrega de la parte que a ella corresponde del citado inmueble, habida cuenta de que actualmente ya se encuentra liquidada la copropiedad del citado predio." Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; aunado a que no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia definitiva y tampoco afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; sino que en su caso constituye una posible violación estrictamente procesal. No pasa inadvertido que, la promovente reclama la orden de desalojo o entrega forzosa del inmueble, sin embargo, cuando se ordena el uso de la fuerza pública para el desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, no es un acto autónomo que haga procedente la instancia constitucional, ya que de considerarse así se trastocarían los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva, toda vez que es el juez quien tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. En consecuencia, los actos que se reclaman no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de ahí que no se actualiza, el supuesto de procedencia del amparo, previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, los actos reclamados no constituyen una excepción a la diversa regla de procedencia prevista en la fracción IV, segundo párrafo, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo. En las apuntadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. En diverso aspecto, se tienen como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. De igual manera, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el escrito de cuenta. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico bajo el usuario que indica en el escrito de demanda; para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de la promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la promovente que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal. Se faculta al secretario y actuario adscrito para que firme los oficios que genere este sumario".

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