Sagrada Josefina Camacho Cruz
Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sagrada Josefina Camacho Cruz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el telegrama enviado por el Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Coordinadora del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental adscrita a dicha dependencia, por medio del cual en cumplimiento al auto de seis de agosto del año en curso, hace diversas manifestaciones y proporciona correo electrónico, así como un número telefónico; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que formula y se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona, en razón de que los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente son para entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo; por lo que se le tienen señalados para tal efecto. Y de conformidad con el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable; a las personas que indica en su informe de cuenta y por señalado el domicilio que refiere siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y otras autoridades 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I, y artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque las autoridades responsables Presidente Municipal, Director General de Recursos Humanos y Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, al incurrir en la omisión reclamada, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado esencialmente consiste en la omisión de las autoridades responsables de dictar acuerdo pensionario, en el procedimiento de solicitud de pensión por jubilación con número CDPYJ/OM/DGRH/PJ/002/2019, en los términos legales establecidos por el artículo 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; lo cual tiene su origen en una relación jurídica del Ayuntamiento, al que pertenecen las responsables en cita, como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre dichas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. Así, el acto reclamado versa sobre la omisión de dictar acuerdo pensionario, en los términos legales establecidos por el artículo 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en el procedimiento de solicitud de pensión de una trabajadora del Municipio de Jiutepec, Morelos; por lo que dada su naturaleza, deja en evidencia que entre la quejosa que se ostenta como trabajadora y el ente patronal al que pertenece la autoridad aquí señalada como responsable, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. En efecto, al omitir dictar el acuerdo para el otorgamiento de la pensión por jubilación, el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, actuó como patrón respecto de una prestación de seguridad social, lo que evidentemente configura un conflicto entre la trabajadora solicitante de la pensión, aquí quejosa, y el referido Ayuntamiento patrón, por lo que dicha relación es de coordinación y no de supra a subordinación, es decir, el Estado-patrón no actúa frente al trabajador burócrata como autoridad sino como particular, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para dirimir los conflictos relacionados con las pensiones, incluso, si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el mencionado artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. Sobre el tema es aplicable obligatoriamente la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con registro 2014236 de rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Y no se soslaya que en julio de dos mil doce, se publicó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2001071, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, la misma fue aclarada en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar con el registro 2011888 y rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"; de modo que sólo resulta aplicable para los casos específicos que en ella se mencionan, referentes a la fijación de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica. Por tanto, contrario al caso resuelto en la citada jurisprudencia, en el presente asunto sí hay claridad en el tipo de relación que existe entre el derecho que reclama la quejosa y las autoridades municipales responsables, que es laboral, pues existe jurisprudencia obligatoria que así lo establece, en tanto que en la demanda se expresó que el acto reclamado consiste en la omisión para dictar acuerdo pensionario respecto del escrito de veintiocho de mayo de dos mil veinte a una solicitud de otorgamiento de una pensión por viudez por dichas autoridades. Además, dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo; de ahí que resulte innecesario sustanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Aunado a que para arribar a esta conclusión, no se requieren sesudas reflexiones ni un estudio interpretativo de las normas que lo prevén, sino tan sólo la aplicación directa de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que expresamente establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores. 3).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que propone. Por otro lado, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, para mejorar la comunicación con las partes, se les invita a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales. 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente.
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