Sadot Núñez Flores y Otros.

Expediente 1742/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1742/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • Sadot Núñez Flores y Otros.
  • Liliana Núñez Román y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que en autos obra agregado el original del instrumento notarial número treinta mil doscientos sesenta y uno, volumen seiscientos treinta y uno, del protocolo del Notario Público Número Noventa y Cuatro en el Estado de Oaxaca; requiérase al promovente, para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tal documento; previo folio de sustitución, y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbase, que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente; ello, en términos del punto vigésimo, fracción II del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VI B Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa VI-B. Notificación personal por lista. (Quejoso). San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Sadot Núñez Flores en su carácter de apoderado legal de Liliana Núñez Román, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y Actuario Judicial adscrito a dicho juzgado; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1742/2016. Toda vez que el promovente anexa a la demanda el Instrumento Notarial Número Treinta Mil Doscientos Sesenta y Uno, Volumen Seiscientos Treinta y Uno, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y Cuatro en el Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad de apoderado legal de la quejosa Liliana Núñez Román. Por tanto, como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2º, se ordena a la Secretaria de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia simple del citado instrumento notarial que anexó a su escrito que se acuerda, con la certificada; hecho que sea, devuélvasele ésta, la cual queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado para que dentro del plazo de tres días comparezca a recogerla, previa razón de entrega y copia de su identificación que se deje en autos; apercibido que de no hacerlo en ese lapso, la misma se agregará a los autos. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama, esencialmente, la ilegal notificación que le fue practicada en relación con la interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por Liliana Núñez Román contra Martín Martínez García, dentro del juicio de divorcio necesario 619/2001 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que dicho promovente previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de notificaciones. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: ? Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; ? Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; ? Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; ? Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada; ? Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: ? Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ? Que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute, decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, se trate de órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ? Que se trate de persona extraña al procedimiento. ? Que se trate del auto de vinculación a proceso. ? Y, que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, pues de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Precisado lo anterior, a fin de corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar que el análisis integral de la demanda permite advertir que el impetrante del amparo reclama, esencialmente, la ilegal notificación que le fue practicada en relación con la interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por Liliana Núñez Román contra Martín Martínez García, dentro del juicio de divorcio necesario 619/2001 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Asimismo que, como antecedentes del acto reclamado vertidos bajo protesta de decir verdad, el quejoso expresamente señaló: 1. Que por auto de tres de junio de dos mil catorce, en su carácter de apoderado legal de Liliana Núñez Román, el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, le tuvo promoviendo incidente de incremento de pensión alimenticia a favor de la menor Paola Martínez Núñez en contra de Martín Martínez García, dentro del juicio de divorcio necesario 619/2001 de su índice. 2. Que dicho incidente se siguió en todos sus términos, reservándose el juez el dictado de la interlocutoria correspondiente. 3. El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, al comparecer al juzgado responsable, se enteró que por resolución dictada el trece de julio de ese año se resolvió el citado incidente de incremento de pensión alimenticia de forma desfavorable a sus intereses, y que "supuestamente" el mismo le había notificado. Lo antes expuesto evidencia que el acto reclamado emana de un tribunal judicial y que la parte quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad del impetrante, o bien, de persona extraña al juicio. Una vez especificado lo anterior, se aprecia que no se cumplió con el principio de definitividad que debe caracterizar a los actos reclamados en el juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que a juicio del suscrito, en contra de la diligencia de notificación practicada en relación con la interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de incremento de pensión alimenticia tramitado dentro del juicio de divorcio necesario 619/2001 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procede un medio de defensa que tiene por objeto revocar o anular dichos actos de autoridad, concretamente, el incidente de nulidad en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del Código de Procedimientos Civil para el Estado de Oaxaca, que señalan los siguiente: "Artículo 73. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". Como se advierte, según lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, contra las notificaciones realizadas en forma distinta a la prevista por la ley, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones. Por tanto, la parte quejosa previamente a la interposición del juicio de amparo debió haber promovido el incidente de nulidad contra la notificación de que se duele, toda vez que es parte actora en el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido a favor de la menor Paola Martínez Núñez, en contra de Martín Martínez García, dentro del citado juicio de divorcio necesario 619/2001; incidente mediante el cual podría obtener la revocación o nulificación del acto que por esta vía reclama, es decir, de la notificación de la interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de incremento de pensión alimenticia, promovido en el juicio de divorcio necesario 619/2001 del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con motivo de la ilegalidad que le atribuye. Luego, si como ha quedado evidenciado, la parte quejosa omitió cumplir con el indicado principio de definitividad, en atención a que directamente procedió a combatir el acto de autoridad a través de este medio extraordinario de defensa, resulta inconcuso que por virtud de ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al efecto, la jurisprudencia P/J 5/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de epígrafe y contenido siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVAN A CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA. Considerando ante todo, que el artículo 32 de la Ley de Amparo al referirse a sentencias definitivas alude simplemente a las que se dictan en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, lo que incluye a las que han causado y a las que no han causado ejecutoria, debe sostenerse que la circunstancia de que el precepto referido establezca que las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad de la notificación que se estima irregular antes de la sentencia definitiva, no debe interpretarse en el sentido de que las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento de dicha sentencia no pueden ser combatidas mediante el incidente de nulidad respectivo, ya que una correcta interpretación del citado dispositivo legal conduce a la conclusión de que tal exigencia opera lógicamente respecto de las notificaciones practicadas antes de que se haya emitido la resolución definitiva, pero no para las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento del fallo, pues sostener lo contrario propiciaría que a pesar de incurrirse en deficiencias al practicarlas la parte afectada quedara indefensa ante ellas, lo cual contravendría los términos de la primera parte del precepto aludido que señala que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley serán nulas". Igualmente, es aplicable la jurisprudencia IX.2o. J/6 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito , cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional". Sin que obste para considerar lo anterior, la circunstancia de que en el incidente de incremento de pensión alimenticia, del que deriva el acto reclamado, se encuentre involucrada la menor Paola Martínez Núñez; pues dicha circunstancia no genera, por sí misma, una excepción a la regla de definitividad, en la medida que el interés superior del menor no constituye una justificación válida para confundir los elementos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, también, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País , que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y únicamente se tienen por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Finalmente, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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