Sadit Raúl Jacobo Arroyo
Expediente 285/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sadit Raúl Jacobo Arroyo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 91/2018, con número de orden 242/2018, girado en el presente juicio de amparo, a efecto de notificar a la parte quejosa la prevención dictada el nueve de abril del año en curso; en consecuencia, dese de baja en la noticia mensual de estadística, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, una vez revisadas las constancias que integran la comunicación oficial a que se hizo referencia se desprende que el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, le fue notificado el veinte del mismo mes y año, entonces de la confronta con el escrito aclaratorio de fecha treinta de abril del presente año, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, de la demanda de amparo presentada por Sadit Raúl Jacobo Arroyo, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 285/2018. Al respecto, se acuerda: Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca 217/2018, de su índice; La resolución dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 369/2018, de su índice; y, La resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, en el que desechó la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa en contra de la Servidora Pública adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, por su actuar dentro del juicio ordinario civil 1210/2017-II. De lo anterior, se colige que la materia de estudio respecto de cada uno de los actos reclamados sería diversa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano es procedente la separación material de juicios, dado que los actos reclamados fueron dictados en diferentes procedimientos y por autoridades diferentes dada la naturaleza de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 197671, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado consistente en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, en el que desechó la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa en contra de la Servidora Pública adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, por su actuar dentro del juicio ordinario civil 1210/2017-II. Y respecto de los actos combatidos, dentro de los tocas 217/2018 y 369/2018, de los índices de la Cuarta y Segunda Salas, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, respectivamente, para el efecto de la separación material de autos, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, para que se estudien por separado en diversos juicios de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 197669, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Gírense atentos oficios a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que asigne los números de ingreso de los asuntos que fueron motivo de la presente separación de juicios, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. SE PROVEE EN RELACIÓN AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, EN EL QUE DESECHÓ LA QUEJA ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR LA PARTE QUEJOSA. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es decir, el citado precepto legal impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. CAUSAL DEL IMPROCEDENCIA En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo. Los preceptos antes citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" La causal de improcedencia a que se hace referencia, establece que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. De los preceptos y fracciones transcritas, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. El primero en mención (interés jurídico) debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las autoridades responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 170500, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Al resolver la contradicción de tesis 111/2013, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la fracción I del artículo 107 constitucional, determinó que establece una distinción respecto al interés necesario para promover el juicio de amparo, de la forma siguiente: I. En un primer término, para la promoción del amparo indirecto, tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) El titular de un derecho. b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. II. En segundo lugar, para efecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se mantuvo la exigencia de aducir la titularidad de un derecho subjetivo. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma, en tanto que el concepto de interés jurídico se identifica con lo que la Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo. Mientras que el interés legítimo se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, pues mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Y determinó, que el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, solamente aducir un interés legítimo. De esas consideraciones derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) localizable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2007921, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, en el que desechó la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa en contra de la Servidora Pública adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, por su actuar dentro del juicio ordinario civil 1210/2017-II. Al respecto, debe considerarse que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto que aquí se reclama no afecta la esfera jurídica del promovente, ni las garantías que a su favor tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ello, porque el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por tanto, es inconcuso que el aquí quejoso carezca de interés jurídico. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, consultable en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 176129, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Sobre ese tema, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejecutoria de veintiuno de noviembre de dos mil doce, recaída a la solicitud 14/2012 de modificación de la jurisprudencia 2a.J.1/2006, citada en el párrafo que antecede, determinó que no existía motivo por el cual se debiera modificar o aclarar la jurisprudencia 2a./J.1/2006, por lo que debía mantenerse en sus términos. Para llegar a esa determinación, tomó en consideración la reforma constitucional del artículo 107, fracción I, sosteniendo en lo que interesa lo siguiente: "QUINTO. Estudio de fondo. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que la jurisprudencia 2ª.J. 1/2006 no debe de ser "modificada. Para corroborar esta afirmación, conviene reseñar las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis: [.] Una vez sentado lo anterior, lo procedente es verificar si con la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, en la que se incluyó el concepto de interés legítimo para promover el juicio de amparo, se modifican las consideraciones que sirvieron de sustento de la jurisprudencia 2ª.J. 1/2006. En efecto, la reforma a la fracción I del artículo 107 constitucional, establece: [.] Según la reforma constitucional, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. Con anterioridad a la reforma que se comenta, únicamente se consideraban dos tipos de interés, a saber, el jurídico y el simple, en la inteligencia de que sólo el primero legitimaba el ejercicio de la acción constitucional de amparo en defensa de lo que anteriormente se denominaba garantías individuales y, actualmente, derechos humanos. Así las cosas, la reforma ha introducido un tercer tipo de interés (el legítimo) que todavía no ha sido definido con precisión por la doctrina o la jurisprudencia mexicana en el contexto de la acción de amparo. Para estar en posición de definirlo, resulta necesario realizar el análisis de los conceptos de interés jurídico y simple, pues el legítimo se encuentra ubicado entre ambos y obviamente presenta semejanzas y diferencias entre éstos. [...] En conclusión, es titular de un interés jurídico la persona cuyo ánimo se encuentra inclinado a ejercer una acción procesal y cuenta con el derecho subjetivo que con ese motivo pretende aducir. La pretensión es el contenido de la acción, con el objeto de que en la sentencia que dicte el juez se anulen las irregularidades mencionadas cuando se habla de la violación del derecho subjetivo del actor. Para que la acción resulte procedente, debe existir una relación lógica entre el interés jurídico y la pretensión, pues, por una parte, para que pueda prosperar la pretensión (obtener sentencia concordante con la pretensión) debe estar apoyada por el interés y, por otra, no puede aceptarse la existencia de interés jurídico cuando el logro de la pretensión resulta jurídicamente imposible, pues lo contrario llevaría al absurdo de estimar que es eficaz un interés en lograr lo que es imposible. A diferencia del jurídico, el interés simple no legitima el ejercicio de la acción. Frecuentemente podrá darse, en un mismo asunto, una coincidencia entre los dos tipos de interés, pero el determinante para justificar el ejercicio de la acción es únicamente el jurídico. En materia de amparo, la demostración del interés jurídico plantea un tema de procedencia pues, de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos. A reserva de encontrar el significado de interés legítimo, cabe señalar que, desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, le atribuye el carácter de jurídico pues sólo este último puede tener ese efecto según las consideraciones que anteceden. Esto es así, porque al atribuirse al legítimo ciertas consecuencias de derecho -legitimación al promovente del amparo-, se le eleva a la categoría de jurídico. De ahí que resulte posible hablar de un interés jurídico en sentido amplio que abarca tanto al interés jurídico en sentido estricto o restringido como al interés legítimo; en otras palabras, el interés legítimo resulta ahora ser un tipo de interés jurídico. Pero debe tenerse presente el segundo párrafo, fracción I del artículo 107 constitucional, que establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que significa que, por hacerse referencia a la titularidad de un derecho subjetivo, tratándose de esos actos, no opera el interés legítimo sino solamente el jurídico, por lo que aquél sigue siendo considerado por la Constitución interés simple en tanto no legitima el ejercicio de la acción. Por otra parte, es de señalarse que desde el momento en que se emplea el término legítimo debe entenderse que se trata de un interés legalmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico en sentido estricto y se distingue del interés simple que no supone esa tutela. En otros términos, por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido. En esta 'tesitura', si tanto el interés jurídico como el legítimo se encuentran tutelados por normas jurídicas generales, es factible establecer su diferencia atendiendo al tipo de normas que a cada uno de ellos tutelan. Las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos. Estas últimas normas son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica, tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica. Mediante estas normas se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de la norma. Las normas en cuestión tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. De lo anterior se desprende que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. En esta línea argumentativa, se explica y le da sentido a la terminología usada en la reforma constitucional. La regulación del interés legítimo como condición de procedibilidad de la acción de amparo, lo que hace es extender el derecho subjetivo auténtico, no reflejo, consistente, como ya se dijo, en el ejercicio de la acción procesal. Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, puede señalarse que independientemente de la afectación al grupo al que pertenece el quejoso, podría producirse una más ubicada o concreta respecto de él. En otros términos, si el agravio jurídico es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo. De todo lo anterior, se llega a la conclusión de que la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, por medio de la cual se incorporó el concepto de interés legítimo, no genera la modificación de la jurisprudencia 2ª.J.1/2006. Se dice lo anterior, en razón de que el denunciante de una queja administrativa, no se ubica dentro de los supuestos de interés legítimo para instar el juicio de amparo, pues no lo hace con la finalidad de proteger intereses colectivos o difusos encaminados a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica. En esta línea argumentativa, es de concluirse que continúa vigente la consideración en el sentido de que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones. Por estos motivos, esta Segunda Sala no encuentra motivo por el cual se deba modificar o aclarar la jurisprudencia 2a./J.1/2006, por lo que debe mantenerse en sus términos." Como se aprecia de la anterior transcripción, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, concluyó que la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, por medio de la cual se incorporó el concepto de interés legítimo, no genera la modificación de la jurisprudencia 2a.J.1/2006. También, especificó que continúa vigente la consideración de que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones. Así, si se tiene en consideración que el acto reclamado por el que se sigue el presente juicio de amparo consiste en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Judicatura del Estado, residente en esta ciudad, en el que desechó la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa en contra de la Servidora Pública adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, por su actuar dentro del juicio ordinario civil 1210/2017-II. Por tanto, el quejoso carece de interés jurídico para incoar la vía constitucional, en virtud de que conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos que se desprende de los artículos 165 a 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se colige el derecho de las partes en un juicio, de denunciar la comisión de faltas imputables a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, pero los mencionados preceptos no contemplan en favor de los particulares ni de las partes en algún juicio, la facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta o de que se acceda a su pretensiones, pues el régimen de responsabilidades contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino la prestación óptima del servicio público; esto es, no existe un derecho subjetivo en favor del quejoso de que resolver en determinado sentido o en su favor la queja interpuesta; lo cual hace evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico; por tal motivo, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, esto es, los estrados de este juzgado de distrito.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Sadit Raúl Jacobo Arroyo, mediante el cual pretende desahogar la prevención que le fuera realizada por acuerdo de nueve de abril del año en curso; ahora bien, toda vez que aún no obra agregado en autos el despacho girado en el presente juicio de amparo, a través del cual se ordenó notificar a la parte quejosa la prevención en comento; por tanto, este juzgado de distrito se reserva a proveer lo correspondiente, hasta en tanto obre en autos el mismo.
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