Sadia Mabel Lara Ortiz
Expediente 1930/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1930/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sadia Mabel Lara Ortiz
Actuaciones
- Principal
El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: El oficio registrado con el número 4239 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de veintidós del presente mes y año, dictada en el recurso de queja administrativo 143/2018, de cuyo punto resolutivo único se advierte que el Pleno del Tribunal Federal en mención, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Sadia Mabel Lara Ortiz, contra el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe.
- Principal
El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 23707. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de doce del mes y año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.
- Principal
El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 23200. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Arnoldo Giovanni Toro Guardado autorizado de la quejosa; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce del mes y año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por la parte quejosa, contra actos de la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de derechos con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Regina.
- Principal
CUENTA. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo electrónica promovida por Sadia Mabel Lara Ortiz, registrada con el número de folio 22530 y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado Arnoldo Toro Guardado, tiene registrada su cédula profesional número 865730 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de noviembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sadia Mabel Lara Ortiz, contra actos de la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1930/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que la quejosa le atribuye a la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, lo hace consistir en: El oficio sin número, signado por la Tesorero municipal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dirigido a la quejosa, mediante el cual se le requiere el pago a más tardar en quince días de la cantidad de nueve millones setenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos con setenta y un centavos derivado de los procedimientos administrativos ASE-PFRR-35/2014, ASE-PFRR-09/2015 y ASE-PFRR-83/2015, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, respectivamente, bajo apercibimiento de omitir el cumplimiento de su obligación, se le iniciará el procedimiento administrativo de ejecución en su contra, con las consecuencias legales correspondientes al caso. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación el artículo 20, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas: "Artículo 20. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: A. Por las jurisdiccionales podrá conocer: De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales.;" Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto el acto reclamado se traduce en el oficio sin número, signado por la Tesorero municipal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dirigido a la quejosa, mediante el cual se le requiere el pago a más tardar en quince días de la cantidad de nueve millones setenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos con setenta y un centavos derivado de los procedimientos administrativos ASE-PFRR-35/2014, ASE-PFRR-09/2015 y ASE-PFRR-83/2015, instaurados contra la ahora quejosa ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, respectivamente, bajo apercibimiento de omitir el cumplimiento de su obligación, se le iniciará el procedimiento administrativo de ejecución en su contra, con las consecuencias legales correspondientes al caso; sin embargo, se considera que el citado acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 20, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, para acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que, por una parte, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en su artículo 20, fracción I, alude a que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, tendrá atribuciones jurisdiccionales y conocerá entre otros de los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales, que se promuevan ante el citado tribunal y prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para clarificar este último aserto, se tiene presente que la ley de la materia, en sus artículos 128, 129 y 135, establece los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, a saber: "Artículo 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; II. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.". Como se ve, en la parte que nos interesa, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: Que la solicite el quejoso; Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. En tanto que el numeral 129 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el ordinal 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos previo depósito que se haga a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda. Por su parte, los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, establece: "Artículo 95. La suspensión de los actos impugnados podrá ser concedida por el Tribunal, lo que se comunicará de inmediato a la autoridad demandada para su cumplimiento. Artículo 96. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. Artículo 97. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión cuando quien la solicita garantice su importe ante la Secretaría del ramo o ante la Tesorería Municipal que corresponda, en alguna de las formas establecidas por las disposiciones fiscales aplicables. Artículo 98. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. Artículo 99. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero perjudicado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la impugnación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procederá el recurso de reconsideración. Artículo 100. Para hacer efectiva la reparación de los daños que se hubieren ocasionado con la suspensión, o por haberla dejado sin efecto a solicitud de tercero, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, ante el Tribunal, de la que se dará vista a las demás partes por un término de cinco días y se citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que se dictará la resolución que corresponda. Contra esta resolución procederá el recurso de reconsideración." Conforme a lo anterior, de los preceptos que anteceden, se obtiene: > Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. > Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. > Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. > Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129 y 135 de la Ley de Amparo. En efecto, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. En ese contexto, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que aquí se reclama, puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y, el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Además, debe decirse que si bien es cierto que el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; empero, la determinación que se impugna no carece de todo fundamento, pues de la misma se advierten los motivos por los cuales se emitió en la forma que se hizo, así como también los preceptos legales que estimó pertinentes y aplicables al caso concreto para sustentarla, aunque se estime que la fundamentación sea inexacta o indebida, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que, el quejoso tuvo pleno conocimiento de las razones y fundamento legal vertidos en el mandamiento de ejecución reclamada, pues del mismo se advierten los motivos por los cuales se emitió el mismo, en el caso, se emitió en el cumplimiento a las resoluciones emitidas en los expedientes ASE-PFRR-35/2014, ASE-PFRR-09/2015 y ASE-PFRR-83/2015, instaurados contra la ahora quejosa ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, así como también los preceptos legales en los que se fundamentó el mandamiento de ejecución reclamado en los artículos 18, 19 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119, 122, 147 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del estado de Zacatecas, 62 y 63 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus municipios, 101, 194 y 250 de la Ley Orgánica del municipio de Zacatecas, 16, 23, 25, 32, 235 y 236 del del Código Fiscal del estado de Zacatecas y sus municipios, para sustentarla, aunque se estime que la fundamentación sea inexacta o indebida, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que, la ahora quejosa tuvo pleno conocimiento de las razones y fundamentos legales vertidos por la Tesorera del municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para emitir el mandamiento de ejecución reclamada en el presente juicio. Por tanto, en esas condiciones, es evidente que no le asiste razón al aducir que dicha actuación es violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, como tampoco se está en presencia de violaciones directas a la Ley Suprema, pues del estudio integral de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se desprende que el acto que hoy reclama viola en su perjuicio la garantía que contempla el artículo 14 constitucional, ya que no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, en el sentido de que el presunto notificador no se identificó como servidor público autorizado para tal efecto; que no se levantaron las actas correspondientes que la normatividad vigente establece para tales actos, que el domicilio que señala en el oficio sin número la autoridad responsable, no es al domicilio que la hoy quejosa tiene como domicilio legal y particular, que la autoridad responsable no le concede la garantía de audiencia que el citado precepto constitucional le otorga, ya que los supuestos legales no tienen definitividad, ni determina la individualización de la sanción; asimismo, refiere que la autoridad responsable la amenaza con la instauración de un procedimiento administrativo de ejecución, con las consecuencias legales correspondientes al caso, sin que exista la fundamentación y motivación del procedimiento, ya que no existe aún la resolución a los recursos interpuestos contra la ilegalidad de los procedimientos que fueron instaurados en su contra por la Auditoría Superior del Estado; que con el inicio de un requerimiento de pago por sanciones que no han quedado firme, se le violentan sus garantías contempladas en la Carta Magna, aunado a ello, el cobro estratosférico que la autoridad responsable le pretende cobrar no tiene soporte legal alguno, sin individualizar a lo que corresponde a cada uno de los sujetos a los procedimientos administrativos. En tales circunstancias, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivos, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual el peticionario del amparo se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetados los derechos fundamentales de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de una determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sin que en el caso se advierta que el recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentre previsto en un reglamento, pues como ya se indicó, dicho medio de impugnación lo contempla la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior es así, en virtud de que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 3 alude a las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre los cuales se incluye el que aquí se impugna, por su parte, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, es la que contempla a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal. Robustece lo anterior, la jurisprudencia que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional". También, se cita la jurisprudencia que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Aunado a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que la ahora quejosa se ostente como tercero extraña, que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Al respecto, se cita la tesis que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Luego, conforme a los apuntados elementos de razón, es que se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sin que obste a lo hasta aquí determinado, la jurisprudencia número 2a./J. 56/2007 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, del rubro: 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS', en razón de que dicho criterio se refiere a las disposiciones que se encontraban vigentes hasta antes de que entrara en vigor la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contenida en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de diciembre de dos mil diez, que rige la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, el que como se expuso en párrafos que anteceden, ya no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos administrativos. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Sadia Mabel Lara Ortiz. De igual manera, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" Ahora, de los artículos antes expuestos se advierte que cuando se trata de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue evitar abusos del juicio biinstancial, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, tesis P./J. 32/2001, página 31, materia Común, de la Novena Época, que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Derivado de lo anterior, es necesario -se reitera- que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado consista en la última resolución, pues los actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, en la que incluso podrán reclamarse las violaciones procesales que en esa etapa se realicen. En ese contexto, conviene precisar que la quejosa reclama en esencia el oficio sin número, signado por la Tesorero municipal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dirigido a la quejosa, mediante el cual se le requiere el pago a más tardar en quince días de la cantidad de nueve millones setenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos con setenta y un centavos derivado de los procedimientos administrativos ASE-PFRR-35/2014, ASE-PFRR-09/2015 y ASE-PFRR-83/2015, instaurados contra la ahora quejosa ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, respectivamente, bajo apercibimiento de omitir el cumplimiento de su obligación, se le iniciará el procedimiento administrativo de ejecución en su contra, con las consecuencias legales correspondientes al caso, asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que se dictó resolución definitiva, por lo que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, ya que como se dijo, obra resolución definitiva. Por tanto, el acto que se combate en esta vía emerge dentro de la fase de ejecución de sentencia, pero no se trata de la última resolución a la cual se refiere el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud que como lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ésta debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Aunado a que el proveído que reclama, si bien se dirige a lograr el cumplimiento de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la determinación posterior en que la autoridad responsable reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sin que todo lo cual se haya verificado, ni constituya el acto reclamado. Máxime que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse, por ser una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.3o.A.26 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página mil novecientos doce, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2007196, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, que se lee: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. SI BIEN, POR REGLA GENERAL, EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EXCEPCIONALMENTE, LOS ACTOS INTERMEDIOS SON INMEDIATAMENTE IMPUGNABLES EN ESA VÍA CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O EL JUICIO SE PROMUEVA POR TERCEROS EXTRAÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Si bien es cierto que el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución de éste, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, lo que implica que -por regla general- los actos intermedios no son inmediatamente reclamables en esa vía, también lo es que conforme a la fracción IV del propio precepto, si la impugnación de dichas etapas intermedias se reclama por un tercero extraño al trámite respectivo o por considerarse que dichos actos en el procedimiento administrativo tienen una ejecución de imposible reparación, entonces, por excepción, dicho amparo procederá contra esas etapas intermedias sin necesidad de aguardar a que se dicte la última resolución, lo cual es congruente con los argumentos contenidos en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, página 81, de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", donde se sostiene que aunque la fracción IV aluda a "actos en el juicio", por igualdad de razón, debe aplicarse a "actos en los procedimientos seguidos en forma de juicio", pues lo que pretende tutelarse con dicho fundamento es que los actos que tengan ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en amparo, sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y éstos pueden producirse tanto "en juicios" propiamente dichos, como en procedimientos seguidos en forma de juicio y, además, cuando se trate del amparo pedido por terceros extraños a la controversia, según la parte final de la fracción II del citado numeral 114". Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otros condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja "una vez agotados los recursos que en su caso procedan", según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. Tiene aplicación, la tesis I.1o.C.20 C, visible en la página novecientos cincuenta y tres, del Tomo XV, de Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige.". En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, respecto del acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Arnoldo Torro Guardado, toda vez que cuenta con cédula profesional 685730 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Monterrey número veinte (20), fraccionamiento Bonito Pueblo, de Guadalupe, Zacatecas y con el usuario del portal de Servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal ARNOLDOGIOVANNI. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las constancias que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese personalmente. Así lo provee y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
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