Sabrina Patricia Canedo Ibarra
Expediente 1326/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sabrina Patricia Canedo Ibarra
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el treinta de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SABRINA PATRICIA CANEDO IBARRA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Sabrina Patricia Canedo Ibarra; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1326/2022. 2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Gobernador del Estado de Michoacán de Michoacán de Ocampo con sede en esta ciudad: El nombramiento de primero de octubre de dos mil veintidós, que el Gobernador del Estado de Michoacán de Michoacán expidió a favor de David Mendoza Armas, designándolo como Rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), basado en atribuciones que le confiere al decreto de creación de dicha universidad. 3. Causal de improcedencia respecto de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto al acto reclamado se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, debe relacionarse con la fracción I, del diverso 5o, ambos de la ley de la materia, y la fracción I del precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De las anteriores disposiciones se advierte que el juicio de amparo es procedente cuando la parte que lo promueve cumple con el principio de instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo sea instado por quien le perjudique el acto o la ley que se reclama, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho. Para determinar los requisitos que la solicitante de amparo debe cumplir para acreditar ser titular de un interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 20194564, numeró los siguientes: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la quejosa, ésta debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que los tres elementos constitutivos son concurrentes, por tanto, ante la ausencia de alguno de ellos el medio de defensa intentado será improcedente. Bajo ese marco normativo, no se puede tener por acreditado el interés legítimo que alude, el cual es fundamental para instar la acción constitucional, pues no demuestra que reúne los citados elementos; lo anterior es así, pues el interés legítimo es personal, en el caso individual, actual, real y jurídicamente relevante de modo que con la concesión del amparo, de concederse, se produzca un beneficio en favor de la parte quejosa, lo que en la especie no acontecería, por las razones que se exponen a continuación. En el caso a estudio, la parte quejosa promueve la demanda señalando substancialmente como acto reclamado el nombramiento de primero de octubre del año en curso, que la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Michoacán, expidió a favor de David Mendoza Armas, designándolo Rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), basado en atribuciones que le confiere al decreto de creación de dicha universidad, de lo que se aprecia que tal acto no le representa una afectación, lo cual, como se precisó anteriormente, constituye un presupuesto para la procedencia del juicio de garantías y, por ende, debe demostrarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Se estima así porque la quejosa no demostró, ni siquiera de manera indiciaria, cómo dicho procedimiento o designación, le causaría un agravio, pues de las manifestaciones vertidas en el escrito inicial y de las constancias anexas, no se desprende que la promovente tuviera interés en participar o ser convocada para aspirar a ser nombrada en dicha categoría académica, de ahí que no se actualiza la existencia de un interés legítimo individual que hiciera procedente la acción constitucional. No inadvierte este órgano de control constitucional que la quejosa refiere que promovió un juicio laboral con motivo del despido injustificado que sufrió en dicha institución al cargo de coordinadora académica, y que en el desarrollo de dicho procedimiento, particularmente en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, compareció Fidel Color López, en cuanto apoderado de la demandada Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a quien, refiere, se le reconoció tal carácter dentro del citado juicio, no obstante que dicha calidad se encuentra viciada en virtud del nombramiento que refiere le otorgó David Mendoza Armas, respecto del cual afirma, deriva a su vez del nombramiento que de manera ilegal se expidió en favor de éste por el Gobernador del Estado, por lo que no tendría facultades legítimas para depositar la representatividad de la institución en persona alguna. Ello, porque, en su caso, la parte promovente tiene la posibilidad, de estimarlo necesario, de instar la acción conducente ante la autoridad laboral, con el objeto de impugnar la personalidad con la que se ostentó a juicio el apoderado de la demandada Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Máxime que la quejosa centra su motivo de reclamo en el nombramiento de primero de octubre de dos mil veintidós, que el Gobernador del Estado de Michoacán de Michoacán, expendió en favor de David Mendoza Armas, designándolo Rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), respecto del cual, como se dijo, no acreditó la afectación que dicho acto por sí le produjo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales numeral 5°, fracción I y 6°, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, de rubro y texto siguientes: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que solo ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que las diversas personas que señala únicamente para oír y recibir notificación, hasta que acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación
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