Sabino Terán Castillo

Expediente 491/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
491/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Sabino Terán Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Número de expediente: 491/2019 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con el que la responsable 1. Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la encargada de esa Subdelegación da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 y 30); en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 16). PRUEBAS Se tiene como prueba documental recabada por este Juzgado, requerida a la autoridad nombrada, de conformidad con los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, misma que se desahoga dada su naturaleza, las consistentes en: -Copia certificada de la constancia de notificación del oficio REF: 219102330110/DP/1044/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, practicada a ******; y, -Copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de *****. Consecuentemente, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se aprecia que en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 y 30), se tuvo por rendido el informe con justificación del 1. Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, en esta data se tiene a la responsable remitiendo copia certificada de la constancia de notificación del oficio REF: 219102330110/DP/1044/2019 (consistente en la respuesta a la petición formulada por el quejoso) de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, practicada a Fernando Martínez López (foja 38), de lo que se provee: De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual es de forma notoria, manifiesta e indudable, misma que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo reclamando "la omisión de dar respuesta al escrito de fecha nueve de julio de dos mil cuatro". Así, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente en términos de los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 814, registro 394770, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553 del tomo VI, segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al tenor establece: IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, de oficio se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La porción normativa transcrita prevé como causa de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida Legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado en un fallo protector es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el particular, como se dijo, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de la responsable de dar respuesta al escrito de nueve de julio de dos mil cuatro, en el que manifestó su inconformidad con los pagos incompletos de su pensión en diferentes meses del dos mil dos, aduciendo que se debe tomar en cuenta el incremento a la misma, tal como se desprende del ocurso signado por él, recepcionado en esa data en la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Salina Cruz. En efecto, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto el acto reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) La propia autoridad responsable, es decir, el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Oaxaca, el veintisiete de noviembre del año en curso mediante el oficio REF: 219102330110/DP/1044/2019 procedió a dar contestación a la petición formulada por el aquí impetrante, notificada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve por conducto de quien dijo ser autorizado de la quejosa Fernando Martínez López (fojas 26 y 39). b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 1 a 6) y la contestación al trámite citado se realizó el veintisiete de ese mismo mes y año (foja 26); y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos de la omisión reclamada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, conlleva a establecer que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la omisión de la responsable para pronunciarse respecto de las manifestaciones relativas a la pensión del garante, que se tilda de inconstitucional. Es así, pues al haber emitido la determinación la responsable de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y notificación respectiva del de doce de diciembre del mencionado año -fojas 26 y 39-), torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen cuando sus efectos ya no están vigentes en su esfera jurídica, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final del justiciable -dar respuesta a la petición que presentó ante la responsable-. Sin que además se advierta que tal omisión por parte de la responsable, haya dejado huella en la esfera jurídica de la quejosa, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional; se estima así, ya que del informe justificado y de las constancias anexadas al mismo, se desprende que la autoridad atendió el escrito presentado, ello, respecto del acto que le atribuyó a la responsable. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. Orienta la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se tiene que cesó en sus efectos la omisión de la autoridad para dar respuesta que reclama la quejosa, pues demostró haber dado trámite al ocurso del impetrante, y con ello, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio, y se repone al solicitante de amparo, en el goce del derecho violado, dado que los efectos de la concesión Constitucional que, en su caso, se hubiera otorgado por dicha responsable, ordenaría la realización del acto positivo, esto es, que se proveyera respecto ocurso; lo cual, como se apuntó, ya fue realizado. No se soslaya el hecho de que la responsable haya realizado la notificación de la respuesta, con un autorizado del quejoso, pues tal facultad la delegó pero únicamente en el escrito inicial de demanda, pero no en el ocurso que es materia de este juicio de amparo; sin embargo, en aquél, el promovente fue omiso en señalar profesionales o persona para oír y recibir notificaciones, así como el domicilio para tal efecto; así, que aquélla no podría ser reclamada aquí en el amparo, dado que para exigir que la responsable le haga saber la resolución en breve término, era necesario que el promovente señalara el domicilio para su realización, lo que en la especie, fue omiso el garante. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, registro 181149, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Común, Página: 248, de rubro y texto: DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Por otra parte, no es dable otorgar la vista correspondiente para efectos de la ampliación de demanda en el plazo de quince días, pues resultaría ocioso concederla, y a nada práctico conduciría realizarlo dado que el sentido de la determinación que recaería en el caso de dar trámite a dicha ampliación, en la resolución final, sería declarar improcedente la instancia constitucional contra la respuesta que le otorgó la dependencia, ya que en tal resolución no colmaría los extremos para que le revista el carácter de autoridad responsable, siendo que tal contestación lo haría en su ejercicio de administrador de los fondos como Instituto retenedor y en su participación sin imperium, sino derivado de la facultad en la relación que no es de supra subordinación; aunado a que, dilataría y coarta el derecho al quejoso para imponer el medio de impugnación que en su caso, en una vía ordinaria podría instar. Es aplicable a lo anterior, a contrario sensu, y por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J.205/2008, registro 168189, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Enero de dos mil nueve, foja seiscientos cinco, que dispone: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Así como por identidad de razón jurídica, lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2018, sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que determinó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al omitir dar respuesta a una solicitud conforme al derecho de petición sí tiene la calidad de autoridad responsable y procede el amparo indirecto en contra de dicha omisión; en el entendido que para el caso de desacuerdo con la determinación dada en la respuesta por la responsable, en la especie, deberá estar a los medios ordinarios de impugnación que norman la Ley del Seguro Social, en particular los artículos 294 y 295. El criterio antes citado se refleja en la Jurisprudencia 2a./J. 93/2018 con número de registro 2017817, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1021, de texto y rubro siguiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Asimismo, cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable; y, en cambio, esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, en cuanto a la celeridad procesal; máxime que prueba alguna variaría el sentido de la presente determinación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con quince minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 y 30), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable 1. Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Salina Cruz; y considerando que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, además de que se encuentra pendiente que la autoridad citada cumpla el requerimiento formulado en auto antes referido; por tanto, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con quince minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Notifíquese. MESA VI-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordenan agregar a los autos el informe justificado que rinde el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Salina Cruz, en ausencia del 1. Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que anexa a su informe la referida responsable, la que dada su naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla al dictarse sentencia, consistentes en: 1. Copia certificada del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, del oficio REF: 219102330110/DP/1044/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Oaxaca. 2. Presuncional legal y humana. 3. La instrumental de actuaciones (sic). DOMICILIO Y DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la responsable a las personas que menciona; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, toda vez que resulta necesario tener a la vista todas las constancias para la resolución de este juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que en el plazo de veinticuatro horas tenga a bien remitir la documental consistente en: la constancia de notificación dado que de la copia certificada del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, del oficio REF: 219102330110/DP/1044/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Oaxaca que adjunta, se aprecia únicamente que se entregó a Correos de México, no así la práctica de la notificación a Sabino Terán Castillo, por lo que ante un derecho de petición, es la autoridad quien se encuentra obligada a verificar que la contestación dada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, al aquí quejoso, se debe contar con documento fehaciente del que se desprenda que hace del conocimiento de aquélla al aquí quejoso. No se soslaya que hace referencia a que en la petición aquél no señaló domicilio, y por eso lo ordenó en el que tiene registrado en los sistemas del instituto; sin embargo, es dable hacer mención que en el escrito de demanda y de la copia simple de su credencial se advierte diverso domicilio (estos últimos siendo coincidentes en datos del inmueble). En el entendido que le subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 16). Notifíquese. VI-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Sabino Terán Castillo, contra actos del 1. Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en: "ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS" Omisión de dar respuesta a escrito de fecha nueve de julio de dos mil cuatro." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. Fórmese expediente en los términos del artículo 3 de la ley de la materia; regístrese con el número 491/2019, que le correspondió. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 7-14-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1072, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con el mismo fundamento, apercíbase que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. APERCIBIMIENTO Se precisa al impetrante, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda las autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, para la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO En la especie no le reviste tal carácter a persona alguna de conformidad a lo establecido en el numeral 5, fracción III de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas, consistentes en: 1. Copia simple del acuse de recibo del escrito de nueve de julio de dos mil cuatro, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Copia de la credencial para votar a nombre de Sabino Terán Castillo, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. Las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Vicente Guerrero número 28, Colonia Hidalgo Oriente de Salina Cruz, Oaxaca (como referencia en casa de dos plantas color naranja, portón negro) De igual forma, como autorizado para oír y recibir notificaciones a Jesús Ramírez Cabrera, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo; no así a Jazibe Martínez López, por no tener acreditada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, por lo que se le tiene únicamente en términos de la segunda parte de dicho numeral. Respecto a las diversas personas que señala, se les tiene para oír y recibir acuerdos y notificaciones, así como documentos, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de dicha Legislación. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. VI-B

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