Sabino Talco Meza
Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sabino Talco Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
I. Se reanudan plazos y términos procesales. Mediante Circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del LUNES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL MIÉRCOLES TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, por lo que no corrieron plazos procesales ni se celebraron audiencias. Ahora, en cumplimiento a la Circular SECNO/13/2021 emitida el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente asunto. En ese sentido, del estado de autos se advierte que se desechó la demanda de amparo el dieciocho de diciembre de dos mil veinte el que fue notificado al quejoso en la fecha indicada en la certificación de cuenta. Por consiguiente, el plazo para interponer el recurso de queja continuará transcurriendo a partir del día siguiente al en que se notifique este acuerdo. Il. Consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. lll. Exhortación a seguir el juicio en línea. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. lV. Medidas para la notificación del acuerdo. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional).
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno que en resumen dice: "I. Se reanudan plazos y términos procesales. Mediante Circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del LUNES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL MIÉRCOLES TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, por lo que no corrieron plazos procesales ni se celebraron audiencias. Ahora, en cumplimiento a la Circular SECNO/13/2021 emitida el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente asunto. En ese sentido, del estado de autos se advierte que se desechó la demanda de amparo el dieciocho de diciembre de dos mil veinte el que fue notificado al quejoso en la fecha indicada en la certificación de cuenta. Por consiguiente, el plazo para interponer el recurso de queja continuará transcurriendo a partir del día siguiente al en que se notifique este acuerdo. Il. Consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. lll. Exhortación a seguir el juicio en línea. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. lV. Medidas para la notificación del acuerdo. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional).
- Principal
QUEJOSO DESAHOGA PREVENCIÓN. Se recibe el escrito signado por el quejoso mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de siete de diciembre de dos mil veinte, indica, bajo protesta de decir verdad, que desde la radicación de la carpeta de investigación de origen, la autoridad responsable ha sido omisa en integrarla correctamente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda se precisa que el acto reclamado se hacen consistir en: La omisión en integrar la carpeta de investigación *** del índice de la Agencia del Ministerio Público responsable, con motivo de la denuncia presentada por el quejoso por posibles hechos delictuosos. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo se desecha la demanda promovida por ***, contra actos de la Agencia del Ministerio Público 4, mesa 12 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Definitividad. En la especie se considera que, se materializa la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, Apartado C, fracciones II y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se prevé en la ley ordinaria para combatir dicha omisión que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Artículo 16. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.[.] El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes antes de solicitar la protección de la justicia federal. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental, regula constitucionalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho. Así, en el apartado C del memorado artículo, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen de que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito, como se advierte de las fracciones II y VII, transcritas. Ahora bien, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo con el sistema acusatorio, destacándose las siguientes etapas: Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control, aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que no se haya formulado imputación; Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; y Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva. Cabe destacar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la noticia criminal y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación. No obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados, a saber: Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación inicial tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Para procurar que las denuncias o querellas sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214 y 216, en relación con los numerales 128 y 129, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos y, para ello, tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le doten, sino aquellos elevados a rango constitucional, e incluso, los del ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público reciba la noticia criminal, deberá dirigir la investigación penal de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos (lealtad) como el deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados y, el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Mientras que la objetividad implica que tal investigación se refiera tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de convicción y actuando en todo momento conforme con un criterio objetivo, con el fin de determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento. Finalmente, el de debida diligencia, definido propiamente por el ya transcrito numeral 212, que señala que "la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial". De ahí que puede concluirse válidamente que la carpeta de investigación está encaminada a demostrar que los hechos denunciados son o no constitutivos de algún delito, así como que la conducta está sancionada por la legislación penal, pero para ello, se exigen ciertas obligaciones de actuación de la representación social del conocimiento. En vinculación con lo anterior, los numerales 3, 109, fracción XXI, 133, primer párrafo, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los diversos 10, 11 y 12, fracción V, de la Ley de Víctimas, disponen lo siguiente: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.] Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales. Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: [.] V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; [.] El contenido de los artículos transcritos revela que la víctima tiene tanto el derecho a intervenir en el procedimiento judicial, como el de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo anterior en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, conforme con el nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra circunstancia que el derecho de la víctima a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima acuda ante el órgano jurisdiccional competente por el desacato de los artículos 212, 214 y 216 en relación con los diversos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la representación social del conocimiento y, por ende del artículo 17 de la Constitución Federal respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. En efecto, los preceptos transcritos revelan que el juez de control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio, entre otras: el control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación; el control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público; el control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación; y el control sobre omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, de resoluciones de reserva, de no ejercicio de la acción penal, de desistimiento de la acción penal, de suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y de aplicación del criterio de oportunidad. Sobre esa óptica, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, no hay duda de que al juez de control corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Por ello, se reitera, ante la omisión de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, es necesario acudir ante la autoridad judicial competente que controla dicha etapa procesal, esto es, el juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva, y conforme con lo dispuesto en los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. De tal forma, realizada la petición de control ante el órgano jurisdiccional facultado para ello, en términos de los ya referidos artículos constitucional y legales, el juez de control -atento a los principios rectores constitucionales estatuidos en el artículo 20 y a los diversos instituidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales- convocará a una audiencia y, en presencia de las partes, escuchará sus pretensiones y decidirá de inmediato lo que en derecho proceda. A esa conclusión arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde señaló: [.] en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. [.] en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. [.] la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Para evitar abusos de poder del Estado, en la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Poder Judicial es además controlador de la validez -legalidad- de los actos administrativos y legislativos. Por ello, de manera expresa y clara deben quedar establecidos las formas y los momentos en los que la víctima pueda recurrir los actos u omisiones del Ministerio Público. Este derecho va más allá que el solo permitir que manifieste lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle. Ello implica establecer un procedimiento específico con audiencia para que se resuelva lo conducente. Es ideal que esta posibilidad de recurrir sea ante la autoridad judicial y no ante la propia institución de la que se queja; derecho que resulta indispensable sobre todo cuando las omisiones en la investigación, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o incluso un criterio de oportunidad, puede dejar en estado de indefensión a la víctima y sin la posibilidad de que se le haga justicia y se le repare el daño. [.] el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. [.] Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. [.] No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. [.] Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. [.] En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. [.] Las jurisprudencias que derivaron de la citada contradicción de tesis señalan: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Jurisprudencia, Primera Sala, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945]. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Jurisprudencia, Primera Sala, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943]. Bajo ese contexto, si en la especie el inconforme reclama del Ministerio Público la omisión en integrar de manera diligente la carpeta de investigación, resulta inconcuso que tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal ya apuntada de impugnar ante el juez de control competente dicha omisión, pues acorde con su naturaleza, es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado, y el medio de impugnación de mérito es el conducto legal idóneo y específico para lograr su pretensión de impulso de la indagatoria. De no estimarse así, se desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del nuevo sistema de justicia penal, con el surgimiento de los jueces de control, lo que implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurriera en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emitiera alguna determinación, el ofendido o victima e imputado, acudiría al juicio de amparo a hacer valer cuestiones de mera legalidad, lo que, por un lado, haría que el juicio de amparo sustituyera el control estatuido por dicha reforma, colocando al juez de Distrito en la realización de funciones originarias constitucional y legalmente reservadas al juez de control; y por el otro, desnaturalizaría al juicio de amparo, considerándolo como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo
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