Sabino Rodarte Ortega
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sabino Rodarte Ortega
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa testimonio de la resolución de tres de junio del año en curso, dictado dentro del recurso de queja penal 48/2021, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es infundado este recurso de queja interpuesto por Sabino Rodarte Ortega, a través de su defensora María Teresa Ramírez Sandoval. SEGUNDO. Se confirma el auto emitido el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el juicio de amparo indirecto 294/2021. Notifíquese;." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponde el escrito firmado la licenciada María Teresa Ramírez Sandoval, defensora del quejoso Sabino Rodarte Ortega, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el referido auto. Por tanto, de conformidad en el artículo 101 de la Ley de la materia, ríndase informe a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados. Por otro lado, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la citada parte quejosa, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar el Tribunal Colegiado en turno.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Sabino Rodarte Ortega, por conducto de su defensora pública María Teresa Ramírez Sandoval, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 294/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. a). La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, por la que el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, que califica de legal la determinación administrativa de treinta de marzo de dos mil veintiuno. b). El traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS- Durango", con sede en Gómez Palacio; y su ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. (...) Lo anterior es así, no obstante que el promovente del amparo aduzca de manera genérica que la orden de traslado impugnada carezca de fundamentación, así que como, que arguya que esta produce violaciones directas a la constitución, en su perjuicio. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro de correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que calificó de legal el traslado del quejoso Sabino Rodarte Ortega del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS- Durango", con sede en Gómez Palacio; y su ejecución, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. No pasa inadvertido para quien ahora resuelve el hecho de que el artículo 52, en su párrafo penúltimo de la citada legislación, en su redacción señala que "se podrá interponer el recurso de apelación", utilizando el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que se trate de una situación potestativa para el quejoso en relación a agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicha locución no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad que tiene de recurrir o no la resolución aquí reclamada; de ahí la exigencia de agotar tal medio de impugnación previo al ejercicio de la acción de amparo. En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada 1a./J.148/2007 sustentada por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerro del Gato, Edificio "I" planta baja, Ciudad Gobierno en las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado en Zacatecas, Zacatecas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.
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