Sabino Guzman Y/O Sabino Guzman Rodriguez
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sabino Guzman Y/O Sabino Guzman Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinticinco de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja laboral número - relativo al juicio de garantías señalado al rubro; ejecutoria de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguese únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 9030 e informa que en proveído de trece de los actuales, fue admitido a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído dictado por este órgano jurisdiccional, el uno de septiembre del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta, a través del cual la quejosa interpone recurso de queja, en contra del auto de uno de los actuales, mismo que desechó su demanda de amparo; por tanto, una vez que obre la notificación por lista del presente proveído, en el término de tres días remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja, así como el original y copia del escrito de cuenta e informe sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito aclaratorio que suscribe el quejoso, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en autos. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".El acto que reclamo de la autoridad responsable es que no deje sin materia el juicio agrario número ..., antes de dictar sentencia, ya que con el acuerdo dictado con fecha 06 seis de julio de 2021, dentro del fraudulento juicio agrario número ..., que manda ilegalmente dar inicio al remate en subasta pública de primera almoneda de mis bienes y derechos agrarios.". ".También reclamo la actuación de la autoridad responsable dentro del juicio agrario número..., siendo el acuerdo dictado con fecha 06 seis de julio de 2021, dentro de este juicio.. ".La audiencia de fecha 06 seis de julio de 2021, que se acordó por la autoridad responsable para rematar mis bienes agrarios de los actos que reclamo no se llevó acabo.". el juicio agrario ..., es que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 del Estado, acordó las 14:00 catorce horas del día veintisiete de septiembre de este año 2021 dos mil veintiuno para rematar en subasta mis bienes agrarios.". En relación a lo anterior el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, por lo que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza del acto precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado, el acto reclamado por la parte quejosa lo hace consistir en que la autoridad responsable no deje sin materia el juicio agrario número ..., antes de dictar sentencia, dado que mediante acuerdo dictado el seis de julio del año en curso, dentro del diverso juicio agrario ... mandó sacar a remate en subasta pública de primera almoneda los bienes y derechos agrarios que defiende el quejoso, audiencia que se difirió para las catorce horas del veintisiete de septiembre de este año. En ese sentido, debemos estar a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." De una interpretación sistemática y funcional al último dispositivo legal invocado, que regula la procedencia de la acción constitucional contra actos dictados fuera de juicio o después de concluido, se distinguen los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos, entre los que destacan los de ejecución de sentencia y los de remate, los cuales se definen de la siguiente forma: a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. En ese contexto, la última resolución en la etapa de ejecución tratándose de remate, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Con esto se pretende seguir evitando el abuso del juicio de amparo, en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva o laudo, por regla general, de dar una cantidad de dinero que la parte demandada no cubrió voluntariamente. En ese contexto, es menester señalar que una vez que la resolución que declara aprobado el remate, se ordenará otorgar la escritura de adjudicación, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes subastados; pero, antes debe encontrarse consignado el precio, a efecto de que la autoridad pueda firmar la escritura en que se formalice la adjudicación en favor del adjudicatario o adquirente, ante el notario público que se designe; una vez otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad y se pondrán los bienes a su disposición. Estas normas permiten determinar que el legislador federal advirtió que en el remate de bienes embargados o hipotecados, se realizan varias fases que no culminan con la aprobación o desaprobación de esa venta judicial, sino que el cumplimiento del fallo definitivo que ordena la subasta y se cubra el pago del adeudo con el dinero obtenido, se colma con la orden de otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes y la entrega de la posesión de éstos. Sin que tal determinación conduzca a considerar que se imposibilita o dificulta la ejecución de la sentencia definitiva, por el hecho de que en la práctica jurisdiccional no se llegue a emitir una resolución en donde indistintamente se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien la entrega de la posesión de los bienes rematados. Lo que se refuerza con el contenido del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, del cual se obtiene que la última resolución que se realiza en los actos de ejecución de sentencia, contra la cual procede el juicio de amparo, es aquella que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) Ordena el archivo definitivo del expediente. Como se aprecia, en los actos de ejecución se otorga la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias, o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. Lo mismo se efectuó en el caso de remate, porque para la fijación de la regla general de procedencia del amparo, se concibió como última resolución dictada en tal fase, la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ciertamente, con lo anterior, el legislador federal sólo pretendió definir la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, sin que para tal efecto hubiera recurrido a analizar, o a determinar si los actos causan una afectación directa a derechos sustantivos, porque la finalidad de regular la procedencia del juicio de amparo en la fase precisada, obedece a otra causa que como ya se dijo, consiste en favorecer la ejecución de las sentencias. Aunque existen excepciones a esa regla general de procedencia del juicio de amparo, como por ejemplo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento de ejecución, lo que en la especie no sucede, porque la parte quejosa tiene pleno conocimiento del procedimiento de remate al cual se le llamó para que ejerza su derecho de preferencia, o cuando los actos reclamados afecten de manera directa, derechos sustantivos de la promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados, lo que en la especie no acontece; de ahí que se surta la hipótesis fáctica de improcedencia. En el caso, el acto reclamado consistente en que la autoridad responsable no deje sin materia el juicio agrario número ..., antes de dictar sentencia, dado que mediante acuerdo dictado el seis de julio del año en curso, dentro del diverso juicio agrario ..., mandó sacar a remate en subasta pública de primera almoneda los bienes y derechos agrarios que defiende el quejoso, audiencia que se difirió para las catorce horas del veintisiete de septiembre de este año. Por ende, no encuadra dentro de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que ello se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia del expediente de origen. Sirve de a apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Así como la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.
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