Sabino Gerardo Escalante García
Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Sabino Gerardo Escalante García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la notificación al quejoso Sabino Gerardo Escalante García, del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, instrúyase al actuario adscrito a este juzgado para que realice de inmediato la diligencia mención. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al tercero interesado.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Oficios. Visto lo de cuenta, se recibe los oficios de cuenta mediante el cual se informa que el siete de junio del presente año, al quejoso le hizo entrega material del vehículo automotor de su propiedad, materia de este juicio de amparo Sobreseimiento fuera de audiencia. Al tener en cuenta que de la constancia remitida por la autoridad responsable agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Policía Investigadora, se advierte que el siete de junio de dos mil veintiuno, se hizo entrega a la quejosa, Vehículo Nissan, Tsuru, color blanco con placas de circulación A789DYM; cuya negativa de entregar el vehículo automotor, consituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte la autoridad responsable agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Policía Investigadora, remite la diligencia en la que se advierte que el siete de junio de dos mil veintiuno, se hizo entrega a la quejosa, Vehículo Nissan, Tsuru, color blanco con placas de circulación A789DYM; cuya negativa de entregar el vehículo automotor, en la que se advierte que ésta impuso su firma de aceptación y recibido. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Circunstancia la anterior, que se corrobora con lo manifestado por el quejoso Sabino Gerardo Escalante García, en su escrito de nueve de junio del presente año, el cual que obra en autos, de que la licenciada Erika Neftalí Batrez Santillán, agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Policía Investigadora, el siete de junio del año en curso, le hizo entrega material del vehículo automotor de su propiedad, materia de este juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del treinta de junio de dos mil veintiuno, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de junio de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso Sabino ***, mediante el cual, hace del conocimiento de este juzgado federal, que la licenciada Erika Neftalí Batrez Santillán, agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Policía Investigadora, el siete de junio del año en curso, le hizo entrega material del vehículo automotor de su propiedad, materia de este juicio de amparo. Requerimiento. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en se notifique este proveído, remitan copia certificada de las constancias del que derivan los actos reclamados, a fin de resolver el juicio que nos ocupa con base en la verdad jurídica objetiva, así como contar con pruebas sobre la procedencia del juicio de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se harán acreedoras a una multa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de junio de dos mil veintiuno. Vista de autoridades inexistentes. Agréguese a los presentes autos, la razón de la actuaria adscrita, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de entregar los oficios 22259/2021, 22260/2021, 23038/2021 y 23039/2021, dirigidos a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como Vicefiscal Genera del Estado de Durango Zona I, y Agente de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Policía Investigadora de Delitos adscrita a la Vicefiscalia Región Laguna I, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, debido a que dichas autoridades no existen; en tales condiciones, se ordena dar vista con lo anterior a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de dichas autoridades. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacer ninguna manifestación dentro del plazo que se indica, se tendrán como inexistentes a las autoridades en cita. Cobra aplicación a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA". Suspende notificación. En tanto se agota la vista, suspéndase toda notificación a las autoridades en cita. Escrito. Por otra parte, agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso **, mediante el cual, solicita la devolución de la factura original que anexo a su demanda de amparo. Acuerdo. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento a que hace referencia, previa copia certificada y toma de razón que se deje en autos para su debida constancia. Cita. Se hace de su conocimiento, que deberá acudir el quejoso a recoger el documento solicitado, deberá generar el código QR que le permitirá el ingreso, asimismo, deberá informar a este órgano jurisdiccional con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha que seleccione para la cita, lo anterior, atendiendo a las medidas que se encuentra tomando este juzgado de distrito, debido a la contingencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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