Sabino Gallegos Castillo

Expediente 895/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
895/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Sabino Gallegos Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia dictada en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que en términos del artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, que el presente incidente no es de relevancia documental. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, emítase al archivo definitivo como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 96/2020 (orden 348/2020) del índice de este juzgado, de las que se advierte entrego los oficios 41442/2020, 41443/2020 y 41444/2020, asimismo notificaron el auto de diez de noviembre del año en curso, a los quejosos Sabino Gallegos Castillo y Luis Martínez Gutiérrez, en el lugar que se encuentran recluidos.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo de TRES DÍAS, concedido a la parte quejosa ***, por propio derecho y a nombre de su menor hijo de identidad reservada ****, mediante proveído de veintidós de enero de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, sin que al efecto realizara manifestación alguna sobre el mismo. Por su parte, el tercero interesado expresó que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutora, argumentos respecto de los cuales se pronunciará esta juzgadora en el momento procesal oportuno. 2. Efectos de la sentencia de amparo. Mediante resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo: ".deje insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil 207/2016, únicamente en la parte relativa al análisis de los agravios expuestos contra el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Y en consecuencia, emita otra en la que una vez que se allegue de las constancias respectivas (de entre ellas, la determinación de guardia y custodia de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Familiar dentro del expediente 798/2015), decida lo que en derecho corresponda y con libertad de jurisdicción, sobre el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado E. Efraín Franco González, en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis." Determinación que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, respecto de los efectos y consecuencias de la protección constitucional concedida, al tenor siguiente: ".la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, deje insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil 207/2016, únicamente en la parte relativa al análisis de los agravios expuestos contra el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Y en consecuencia, emita otra en la que una vez que se allegue de las constancias respectivas (de entre ellas, la determinación de guarda y custodia de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Familiar dentro del expediente 798/2015) decida lo que en derecho corresponda y con libertad de jurisdicción sobre el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado E. Efraín Franco González, en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Además la Sala en la resolución que dicte debe de considerar que la controversia subyacente versa sobre la atribución de la guarda y custodia de un infante, evaluar y determinar la situación concreta del niño y su interés superior, ya que dicho interés debe ser consideración primordial y guiar la decisión respectiva, no así los intereses de los progenitores, debido a que no son las condiciones de estos últimos las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar del menor de edad. Esto es, para resolver lo que en derecho corresponda, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo debe tomar en cuenta la edad y madurez del infante, considerando no solamente sus necesidades actuales sino su potencial desarrollo a corto y mediano plazo, en el entendido que los menores de edad y los adultos no perciben el tiempo de la misma manera y, en esa medida, la demora en la toma de decisiones puede tener efectos particularmente adversos en la evolución de los niños. De igual modo, debe ponderar que las etapas de desarrollo del niño son acumulativas, por lo que cada una repercute en las subsecuentes y se debe hacer un análisis desde la perspectiva de trayectoria para comprender los efectos de la decisión sobre su ulterior desarrollo, que comprende los aspectos físico, mental, espiritual moral, psicológico y social. Para tal efecto, partiendo de la edad del niño y la duración del proceso, se debe establecer cómo afectará la decisión sus lazos emocionales, su estabilidad y sus capacidades. Es decir de qué manera impactará la decisión sobre su guarda y custodia en su formación integral, bajo la premisa de que tiene derecho a un nivel de vida adecuado y oportunidades de crecimiento en un contexto de bienestar integral. Asimismo, la responsable debe considerar el entorno en que se desenvuelve el niño y la necesidad de que mantenga contacto y desarrolle vínculos afectivos con el progenitor no custodio, siempre que dicho contacto no resulte perjudicial para su desarrollo. Aunado a lo cual, la resolutora habrá de discernir si se ha escuchado al niño y, en su caso, precisar de qué manera se consideraron y ponderaron sus deseos y opiniones, en la inteligencia que el tomar en cuenta la opinión del infante no significa que deba acatarse indefectiblemente lo expresado por él, sino que deben ponderarse todas las circunstancias del caso, incluida esa opinión, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos. En suma, al motivar la decisión la responsable debe atender a las particularidades del caso concreto y tras precisar los derechos del menor de edad que están involucrados, incluir en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones en su desarrollo integral, haciendo patente que se consideró su interés superior en el análisis de las diversas alternativas posibles. Asimismo, se debe tomar en cuenta lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 331/2019, de su índice, en el que se consideró que las determinaciones que establecen que la guarda y custodia de los menores deben quedar a cargo de la madre, es violatorio del principio de igualdad, ya que otorga preferencia a favor de la progenitora y vulnera le interés superior del menor, pues el juzgador una vez valoradas los medios de convicción y la idoneidad de los progenitores, es el que determinará a quien le corresponde la guarda y custodia del niño." 3. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. En ese orden, mediante oficio 49/2020, la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dio a conocer que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, únicamente en la parte relativa al análisis de los agravios expuestos contra el auto de veintisiete de junio de la misma anualidad, dictada en el toca civil 207/2016, y turnó los autos a la ponencia respectiva para el dictado de la nueva resolución. En diverso oficio número 62/2020, de veintiuno de enero de dos mil veinte, la Presidenta de la Sala responsable, remitió la resolución dictada en cumplimiento, emitida en esa misma data, de la cual se advierte que al analizar los agravios expuestos en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, los declaró fundados y operantes, en virtud de que el juez de origen omitió pronunciarse sobre la atribución de la guarda y custodia provisional del menor, concluyendo otorgar la misma a favor de la madre del infante. Para arribar a dicha determinación consideró esencialmente lo siguiente: En principio precisó que el auto materia del recurso de apelación, es aquel en el que el juez natural omitió pronunciarse sobre la atribución de la guarda y custodia del menor, quien en fecha posterior (siete de febrero de dos mil diecisiete) al obrar en autos los estudios respectivos estimó oportuno decretar guarda y custodia del menor a favor de su progenitora, atendiendo a los informes emitidos por el Consejo de Familia en la entidad. Precisado lo anterior estableció el marco normativo fundando su determinación en los artículos 4° Constitucional, 1° de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como los numerales 215 a 219 de la Ley para la Familia, asimismo expuso el marco conceptual del derecho de familia, bajo la premisa principal que dicha rama es la encargada, entre otros, de proteger a los menores, principalmente a través del ejercicio de la patria potestad, la cual consideró si bien está a cargo de ambos padres habrá de ejercerse de manera distinta ante las nuevas particularidades, como pudiera ser ante la separación de los progenitores, por lo anterior, consideró que la guarda y custodia constituye una de las instituciones más importantes para lograr el adecuado desenvolvimiento de los menores, dado que su ejercicio se centra en la convivencia habitual con los hijos, atendiendo siempre a lo más favorable para el niño involucrado. En atención a lo anterior, resolvió la responsable que la determinación respecto de la guarda y custodia no puede sustentarse en un perjuicio de género, sino en todo caso debe ponderarse las circunstancias del asunto y el interés superior del menor, citando en apoyo de su determinación la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO"; así como en la observación general N° 14 (2013), sobre el derecho del niño, de la cual destacó los lineamientos para la toma de decisiones, tales como, evolución de las capacidades y facultades de los niños; la percepción del tiempo; la edad de los niños no limita el derecho a expresar la opinión de los niños; que las etapas del desarrollo son acumulativas; así como la evolución y vulnerabilidad de los niños pequeños. Expuesto lo anterior, precisó que en el caso concreto, la controversia de guarda y custodia inició cuando el menor C.F.G. contaba con cinco años de edad y dada la prolongación del juicio actualmente tiene nueve, que la controversia entre sus padres ha generado rechazo hacia su progenitora; en tal virtud, consideró que toda vez que las etapas de formación de los menores son acumulativas, el conflicto debe dirimirse de la forma más pronta posible. También precisó que el menor se encuentra viviendo al lado de su progenitor desde el dieciocho de junio de dos mil quince, basado en el riesgo que el infante corría al encontrarse al cuidado de su madre; por su parte, ésta sostuvo la intención de cuidar a su menor hijo, asimismo solicitó un régimen de convivencias a fin de formar parte de su vida diaria. Al respecto es de hacer notar que la responsable destacó que paralelo al juicio natural del que deriva el recurso de apelación existe un juicio de divorcio unilateral número 793/2015, en el que se decretó régimen de convivencia entre el menor C.F.G. y su madre, y que durante dicha convivencia el infante recibió algunos golpes y raspaduras por desatención. Agregó la Sala del conocimiento, que al inicio del juicio, el menor manifestó extrañar a su madre y deseaba estar con ella; asimismo, su padre sostuvo su disponibilidad para contribuir a la convivencia entre madre e hijo; finalmente, su progenitora mantuvo su necesidad de convivir con él. En este tenor, los informes remitidos por el Consejo de Familia concluyeron que los padres necesitaban asistir a tratamiento psicológico para el manejo de emociones y orientación familiar y que hasta ese momento el menor no mostraba indicadores de inestabilidad o alteración psicológica significativa. Que aun cuando la jueza natural en observancia al interés superior del menor fijó en diversas ocasiones un régimen de convivencia entre madre y niño existió dificultad para su realización. Fue hasta el siete de febrero de dos mil diecisiete, que la natural estimó oportuno decretar guarda y custodia del menor a favor de la madre y que el veintiuno siguiente, la madre manifestó tener a su cargo al menor. Sostuvo la Sala responsable que de las constancias que obran en autos se advierte, entre otros, que la psicóloga adscrita al Hospital del Niño DIF en Pachuca, remitió la existencia de Alienación Parental de la madre, lo cual no se acordó por carecer de metodología para arribar a tal conclusión; ante tal circunstancia la Jueza del conocimiento dispuso la necesidad de utilizar el programa ANTENAS para los niños y niñas, a fin de verificar la situación emocional del menor, que las conclusiones de la entrevista practicada al infante identificaron la existencia del síndrome de alienación parental en un nivel moderado; aunado a ello con posterioridad al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el progenitor decidió no devolver a su hijo durante el ejercicio de una de sus convivencias, en virtud de ello, la requirió su inmediata entrega, sin embargo, dada la suspensión provisional concedida en el amparo 1309/2017 (del índice de este Juzgado Federal, la cual debe decirse, sigue vigente en virtud de encontrarse en trámite dicho juicio constitucional) se estableció la imposibilidad de realizar la entrega del menor. Que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la natural en audiencia para fijar reglas de convivencia tuvo una entrevista con el menor C.F.G., quien a esa data ya contaba con nueve años de edad, el menor manifestó rechazo y negativa a verla, porque alguna vez su mamá le dio cachetadas y le gritaba en varias ocasiones, razón por la cual adujo no extrañarla. Por lo anterior, concluyó la responsable que las actuaciones evidencian que el menor ha resentido un daño emocional y psicológico, pues al inicio del conflicto mostraba una disposición a convivir con su madre y a través del tiempo que ha vivido con su padre, la visión de su progenitora fue modificada, debido a la manipulación que aquél ejerció sobre el niño, dada la falta de convivencia recurrente, no obstante que la natural decretó un régimen de convivencia el cual por diversas circunstancias no ha sido posible ejecutar; especificó que tal determinación no vulnera el derecho del menor a ser escuchado dentro del procedimiento, dado que no es posible armonizar lo pedido con las demás actuaciones, por lo que debe prevalecer lo más favorable para él "que si bien puede no agradar al menor, a la larga será más beneficioso para este". Concediendo así, la guarda y custodia del infante a favor de su progenitora, bajo las obligaciones que ello implica. Asimismo, ordenó a los integrantes de la familia acudan a las terapias psicológicas ante la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual ) UEPAVFS. Posteriormente, la responsable proveyó en relación la convivencia entre el menor y su padre bajo la supervisión del Consejo de Familia, bajo los lineamientos ahí descritos, asimismo, requirió a la Presidenta de dicho Consejo, un informe respecto a las convivencias decretadas. Asimismo, ordenó la inmediata entrega del menor y apercibió a su progenitor con las medidas de apremio decretadas en el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares y de ser necesario la intervención de INTERPOL México para la localización y entrega del infante. De lo expuesto con antelación, se advierte que la autoridad responsable ha cumplido parcialmente con la protección constitucional, contenida en la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, únicamente en la parte relativa al análisis de los agravios expuestos contra el auto de veintisiete de junio de la misma anualidad, dictada en el toca civil 207/2016; asimismo, se allegó entre otras constancias de la determinación de guarda y custodia de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Familiar dentro del expediente 798/2015, en la que la natural estimó oportuno decretar guarda y custodia del menor a favor de la madre. De la ejecutoria dictada en cumplimiento, también se advierte que la Sala responsable evaluó la situación del menor, esto es, que actualmente cuenta con la edad de nueve años, que vive con su padre y que el proceso hasta la fecha ha durado un poco más de cuatro años, dado que cuando inició tenía sólo cuatro años de edad; partiendo de esa base, analizó la trayectoria del juicio y concluyó que el menor ha resentido un daño emocional y psicológico, en contra de la figura materna, debido a la falta de convivencia, por lo que decretó la guarda y custodia a favor de aquélla. Sin embargo, de la resolución que ahora se analiza, no se advierte que la responsable haya establecido la forma en la que impactará la decisión sobre la guarda y custodia en la formación integral del infante, tomando en cuenta el derecho que tiene a un nivel de vida adecuado y oportunidades de crecimiento en un contexto de bienestar integral. Aunado a ello, si bien consideró que el menor fue escuchado, en la audiencia celebrada para fijar las reglas de convivencia, en la que manifestó rechazo y negativa a ver a su madre, porque "le dio cachetadas y le gritaba en varias ocasiones, razón por la cual adujo no extrañarla"; sin embargo, no se advierte la forma en la Sala del conocimiento ponderó sus deseos y opiniones, toda vez que al respecto únicamente precisó "que si bien puede no agradar al menor, a la larga será más beneficioso para este"; toda vez que con dicho argumento se advierte que desacreditó las afirmaciones del infante en el sentido de rechazar, ver o convivir con su madre por razones de abuso o maltrato, sustentándose en la única razón de que existe "Síndrome de Alienación Parental", sin ordenar la ampliación de los estudios periciales para que determinen las verdaderas causas de ese rechazo. Asimismo, tampoco se advierte la ponderación realizada en torno a los efectos de la decisión sobre su ulterior desarrollo, que comprende los aspectos físico, mental espiritual moral, psicológico y social, pues si bien tomó en consideración la edad del niño y la duración del proceso, no precisó la forma en que impactará la decisión sobre su guarda y custodia, la cual se reitera, sustento esencialmente en que el infante presenta Alienación Parental. Finalmente, es de hacer notar que sin soslayar la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, esta Juzgadora considera que la responsable omitió considerar para emitir su determinación que se encuentra en trámite el juicio de amparo indirecto 1309/2017, promovido por el padre del infante en el que en virtud de la suspensión definitiva concedida (la cual sigue vigente), se estableció la imposibilidad de realizar la entrega del menor. De lo expuesto con antelación, se advierte que la autoridad responsable ha cumplido parcialmente con la protección constitucional, contenida en la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin embargo, por las razones antes enunciadas omitió pronunciarse de manera destacada en relación a los aspectos precisados. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para que en el término de tres días hábiles, emita una nueva determinación abordando los aspectos ya destacados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la omisión sancionada, en términos de los numerales 238 y 258 del citado ordenamiento (entendiéndose por día al valor de la unidad de medida y actualización, que será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para toda la República Mexicana); además, se remitirá el expediente respectivo al Tribunal Colegiado de Circuito para los efectos legales conducentes. Finalmente, en relación a las manifestaciones expuestas por E. Efraín Franco González, mediante escrito recepcionado el treinta de enero de dos mil veinte, al desahogar la vista con el cumplimiento, dígasele que deberá estar a lo determinado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente."... NOTIFÍQUESE

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