Sabina Velázquez Nuñez y Otros.

Expediente 1612/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1612/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Sabina Velázquez Nuñez y Otros.
  • Sabina Velázquez Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista, la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que entre la vista concedida en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés convenga respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Asesoría y Asistencia Legal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y apoderada legal de la misma, y en suplencia del Secretario, Subsecretario y Jefe del Departamento de Trámites, Análisis y Dictámenes, de la Subsecretaría de Transporte, todos dependientes de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, no ha transcurrido íntegramente el plazo de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas que rigen el procedimiento, con fundamento en el artículo citado en el párrafo que antecede, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de sustento, la Tesis, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO)." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Jefa del Departamento de Asesoría y Asistencia Legal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y apoderada legal de la misma, y en suplencia del Secretario, Subsecretario y Jefe del Departamento de Trámites, Análisis y Dictámenes, de la Subsecretaría de Transporte, todos dependientes de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales consistentes en memorándum SMyT/SUBT/DCyA/DTAyD/405/2023, de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; oficio con terminación SMYT/SUBT/DCYA/DTAYD/5075/2022, de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; memorándum SMyT/SUBT/DCyA/0794/2023, de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; y listas de asistencias de veinte de septiembre y tres de octubre ambos de dos mil veintitrés que anexa a su misiva la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "Ramos9"; como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 34 a 41, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta en el expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de la consulta en el expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Ahora, con relación a la petición que realiza la autoridad responsable en el sentido de que se le de vista al agente del Ministerio Público de la Federación, toda vez que manifiesta que la parte quejosa ha incurrido en el delito de uso de documento falso y los que resulten. Al efecto, comuníquese a la autoridad oficiante, que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, dado que las actuaciones de este Juzgador, están regidas por la Ley de Amparo, y si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley, el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de amparo, su actuación, tiene el límite que el propio dispositivo señala, esto es, procurar la pronta, completa e imparcial administración de justicia, no así la de investigar hechos que pudieran constituir delitos suscitados entre las partes; no obstante lo anterior, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía legal correspondiente, si a sus intereses conviene. Finalmente, en cuanto a la solicitud de requerir a la Secretaría de Hacienda del Estado, para efecto que remita las constancias relativas a las órdenes de pago, también comuníquesele que por el momento no ha lugar a proveer favorable su petición, lo anterior, toda vez no se advierte que haya solicitado a dicha institución, la expedición de las documentales que cita, ni gestionado su expedición con la debida oportunidad y que ésta le haya sido negada, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, dado que es el promovente a quien le corresponde la obligación de gestionar la obtención de la misma de manera directa, y sólo en caso de negativa, esta autoridad estaría facultada para requerir a la omisa...

  3. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la sentencia constitucional no ha sido cumplida en su totalidad. Luego, al procedimiento de ejecución se encuentran vinculados el Ayuntamiento Municipio de Bella Vista, Chiapas, y de forma específica sus representantes Presidente, Síndico y al Tesorero del Municipio de Bella Vista, Chiapas, ello, para que dentro de la órbita de sus facultades cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos ya hechos de su conocimiento. No obstante diversos requerimientos no se ha logrado cumplir con los efectos del amparo y restituir el derecho vulnerado a la parte quejosa. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales establecen los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio esto. Al respecto, cabe señalar lo establecido en los artículos 160, 161, 162, 163 y 164 de la de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, los cuales establecen: "Artículo 160. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones; podrá imponer multas de cien hasta quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad, mismas que podrán ser aplicadas hasta en tres ocasiones. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte interesada, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 161. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda del Estado, para lo cual el tribunal remitirá oficio correspondiente. La Tesorería informará al tribunal haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro, transfiriendo el monto total de la multa al fondo auxiliar del Tribunal del Trabajo Burocrático. Artículo 162. Agotados los requerimientos anteriores y de persistir el incumplimiento de la determinación del Tribunal, a petición de la parte interesada se procederá al embargo de bienes, para ello, el Tribunal comisionará a un actuario para que se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución o en su defecto se señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Para ello, se estará a las normas y procedimientos dispuestos en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 163. Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al tribunal, para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. Artículo 164. Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la presente ley y las que a su juicio sean procedentes." De la lectura armónica de los citados preceptos transcritos, se advierte el procedimiento que debe seguirse para que el órgano burocrático cumpla con sus determinaciones, tratándose de la ejecución del laudo, el cual es el siguiente: En principio, en el artículo 160, ya transcrito, se dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo un fallo favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, en caso de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el propio artículo. En otras palabras, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del órgano judicial, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el mismo artículo, consistente en que para hacer cumplir sus determinaciones, la aplicación de la multa, de cien hasta quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado, no más de tres ocasiones, lo que en el caso se observa, ya aconteció únicamente respecto a multas de cincuenta, setenta y cinco; y, cien días, en razón a la anterior disposición en la Ley de la Materia del juicio de origen. No obstante lo anterior, el diverso 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas ya señalado, ordena al órgano burocrático del Poder Judicial del Estado, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Según lo expuesto, si bien la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos ha de realizarse conforme se ha mencionado, ello no implica que el tribunal deba en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder apercibiendo al demandado con la imposición de una multa, pues, en primer término, esa medida sólo puede aplicarla tan sólo en tres ocasiones, lo que en el presente caso se observa ya aconteció; sin embargo, dicho ordenamiento sufrió reformas de las cuales se advierte hubo un incremento en el monto de los días de salario mínimo en la medida de apremio, y en segundo término, el diverso artículo 164 de la ley de la materia, le permite y, le obliga a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir dicha finalidad. No entenderlo de esa manera, sería un contrasentido, ya que para limitar la actuación del tribunal bastaría la disposición contenida en el artículo 160, mencionado en líneas precedentes; sin embargo, el artículo 164, otorga al órgano amplias facultades para actuar, permitiéndole tomar todas las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Cabe agregar, la propia Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, permite al tribunal solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones, pues así lo dispone su artículo 163. En tal sentido, si la ejecución de la sentencia tiene como propósito que las obligaciones en ella impuestas no queden de modo alguno incumplidas, debe haber medios enérgicos sobre la persona o personas obligadas, para que los laudos se cumplan. En consecuencia, si bien la imposición de una multa o el embargo, son medidas de apremio permitidas por la ley burocrática y son las únicas expresamente establecidas, no puede desconocerse que el artículo 164 de la misma, ordena al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin de hacer eficaz tal ejecución. Para tal efecto, la ley pone a disposición del tribunal, el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que ha emitido, -como el arresto, auxilio de la fuerza pública, secuestro- sin que tal forma de proceder pueda implicar excederse en sus atribuciones, cuando, a manera de ejemplo, existe reiterada contumacia de los titulares obligados a cumplir los extremos de los laudos en que fueron condenados. Luego, tal y como lo destaca las medidas legales con que la autoridad cuenta para lograr el acatamiento del laudo, además de las multas y diversos medios de apremio, incluso el ARRESTO. En ese sentido, resulta menester requerir a la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES días hábiles informe las gestiones que ha realizado a fin que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, cumpla con la condena decretada expediente de origen. Se le apercibe que de no dar cumplimiento al presente requerimiento o no manifestar el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional); sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto del segundo párrafo del primer numeral citado. Además, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Por otra parte, y de forma alterna a lo anterior, dado que el Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, a través de sus representantes Presidente, Síndico y al Tesorero del Municipio de Bella Vista, Chiapas, resultan autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debe destacársele que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Incidente de Inejecución 542/2008, precisó de forma clara que las autoridades ejecutivas tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, ello tomando en consideración la naturaleza preferencial de las obligaciones de pago. Resolución de la que derivó la jurisprudencia 5/2011, visible en la página 10, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital 162469, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. En tal virtud y atendiendo a lo tutelado por la máxima casa jurídica del país, el Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, deberá gestionar las transferencias o adecuaciones del presupuesto previamente autorizado, es decir, la ministración vigente en este ejercicio fiscal 2023, para lograr cubrir las exigencias de pago que implica el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Por tanto, requiérase al Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe las gestiones encaminadas a cumplir con el fallo protector, atendiendo a los lineamientos detallados en párrafos que anteceden. Se apercibe a quien tenga calidad de Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Bella Vista, Chiapas, que de no dar cumplimiento al presente requerimiento o no manifestar el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional); sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto del segundo párrafo del primer numeral citado. Además, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los se desprende que en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se giró despacho 248/2023, orden 341/2023, del índice de órgano de control constitucional, al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas; para el efecto de emplazar a la parte tercero interesada Erika Edith Sánchez Martínez; no obstante lo anterior, se advierte que el Juzgado despachado no ha informado lo relativo a la diligenciación de la comunicación oficial de referencia. En consecuencia, se requiere al Juez de Primera Instancia del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Bochil, para que en el término de veinticuatro horas, informe el estado procesal que guarda actualmente el despacho en comento, en la inteligencia que de existir algún trámite pendiente en el mismo, deberá concluirlo y posteriormente a ello, proceder a su devolución. Esto es, lo que se requiere es conocer el estado que guarda el despacho, no su devolución si en el mismo existen diligencias por practicar. Se apercibe al titular del órgano jurisdiccional de referencia que de ser omiso en rendir la información que se le solicita, se le impondrá una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo.

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