Sabina Martínez Barbosa

Expediente 220/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
220/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Sabina Martínez Barbosa

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito comunicando que admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrándolo con el número 46/2023; de lo que se adquiere conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remite el expediente 1123/2023-III y comunica que no acepta la competencia declinada por este órgano de control para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal y otras autoridades. Ahora, si bien el juzgado federal oficiante sustentó su determinación con base en los argumentos precisados en la comunicación que se provee, este órgano de control no comparte el criterio adoptado por la autoridad oficiante e insiste en su legal incompetencia esencialmente por las consideraciones planteadas en auto del cuatro de julio de dos mil veintitrés. En ese sentido, considerando que se está ante un conflicto competencial cuya resolución corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, en términos del artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos de este juicio al citado órgano colegiado para que determine el juzgado al que le corresponde conocer del asunto. Infórmese esta determinación al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, esta determinación para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Finalmente, continúense las actuaciones en el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar en autos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho durante las vacaciones del titular en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con registro digital 164525; autorizada en sesión del doce de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/3249/2023, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, contra el acto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal y otras autoridades; regístrese bajo el número 220/2023-II y realícense las anotaciones respectivas. Ahora, del escrito inicial demanda se advierte que el acto que reclama la promovente consiste en la omisión de ejecutar la sentencia definitiva dictada el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio agrario ***, por el Tribunal Superior Agrario con asiento oficial en la Ciudad de México, relativo a la ampliación del ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado denominado ***, ubicado en el Municipio de ***, Guerrero, acto del cual este órgano de control constitucional no puede conocer al carecer competencia para ello. Ahora, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas para fijar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo indirecto, a saber: a) Es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a esta prescripción legal, es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, es decir, aquel que previno en el conocimiento del juicio de amparo; y, c) Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a ejecución material, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es ilustrativa al respecto, la tesis de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Lo expuesto parte de la premisa de que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. En estos supuestos, no es un dato vinculante el lugar en que se emitió dicha determinación para fijarle competencia a un Juez de Distrito, si se pondera que solamente es un medio a partir del cual, se genera la ejecución, pero no forma convicción de que ahí se actualizará, es decir, no puede advertirse con nitidez que por sí misma produzca un efecto material en el lugar donde se realizó, por lo que debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse el acto. Anotado lo precedente, se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado en el asunto sometido a escrutinio de este Tribunal, sólo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, acorde a lo conceptualizado por la Primera Sala del Alto Tribunal en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 343/2019, los actos se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos  Actos negativos simples  Actos negativos con efectos positivos;  Actos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Es decir, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. En consecuencia, la omisión de ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario, constituye un acto omisivo que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, que tiene ejecución en el procedimiento, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación al derecho de impartición de justicia pronta. Violación que subsistirá, hasta tanto se materialice esa ejecución, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, pues deviene necesario para restituir los derechos vulnerados. De ahí que se diga que dicho acto no constituye una omisión simple, sino que trae aparejada actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque será imposible concluir el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión esa ejecución), que dicho sea de paso son a través de las cuales se probará lo alegado en el juicio principal y que dará sustento a la resolución. En el caso, la omisión de ejecutar la sentencia por el Tribunal Superior Agrario, tiene su residencia en la Ciudad de México; de ahí que el que aquí decide estima que se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, corresponde conocer del juicio de amparo en el que se reclama al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde aquél se tramita. Es aplicable al caso por identidad de razón, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 3024, del Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026488, cuyo rubro es: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO EN UN JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTE SE TRAMITA." En ese contexto, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ya que el juicio natural se tramita en esa sede judicial, conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Iguala de la Independencia, carece de competencia legal para conocer de la demanda relativa. Por ello, remítanse el original de la demanda, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Se solicita al órgano de control que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. De igual manera, se tiene por autorizada a la persona que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que deberá contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control constitucional. De conformidad con el dispositivo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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