Sabina López Roldán.

Expediente 660/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
660/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Sabina López Roldán.

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 95/2019, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción I, del punto vigésimo primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    De la cuenta que antecede, se advierte que el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo promovida, le fue notificado por lista el diecinueve de diciembre siguiente; por tanto, el término de tres días establecido en el párrafo segundo, del artículo 104, de la Ley de Amparo, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se declara que ha causado estado el citado proveído. En atención a lo anterior, devuélvase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, el expediente agrario 386/2013-14, por no ser necesaria su permanencia en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

  3. Juicio de Amparo Directo

    De la lectura integral de las constancias remitidas por el juez oficiante, relativas al juicio de amparo indirecto 737/2018-5, promovido, contra la sentencia de trece de mayo de dos mil quince, se observa que dicha quejosa reclamó de la autoridad responsable: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE A CADA AUTORIDAD SE RECLAME: (.) C. MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CATORCE CON RESIDENCIA EN PACHUCA DE SOTO HIDALGO. a).- LE RECLAMAMOS La resolución definitiva dictada dentro del expediente número 386/2013-14 relativo a la DEMANDA DE NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA Y ASIGNACIÓN DE PARCELAS pues no se acredita la FECHA EN QUE LA RECURRENTE FUE SABEDORA DE LA EXISTENCIA DEL ACTA Y LA EXISTENCIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARCELARIOS A NOMBRE DE PABLO PEDRO LÓPEZ ROLDÁN, sustituyendo el certificado de derechos agrarios a nombre de SABINA LÓPEZ ROLDÁN, pues la ahora quejosa en solicitud recurrió al REGISTRO AGRARIO NACIONAL y obtuvo constancia en fecha 25 de octubre del año 2011, misma que obra en autos dentro de la causa penal 33/2016 con la que se informa oficialmente que la quejosa sigue siendo ejidatario titular con el mismo certificado de derechos agrarios, por lo que ante esa certeza oficial la ahora quejosa siguió ostentándose como ejidatario titular en pleno goce y disfrute de la parcela asignada dentro de la cual tuvo su domicilio particular y hasta esta fecha sigue pagando servicios de urbanización a su nombre por no existir hasta este momento comunicación o notificación oficial de nuevo titular ejidatario de la parcela asignada a su persona, hecho que hace inverosímil EL COMPUTO para sentenciar que la ACCIÓN DE NULIDAD FUE EXTEMPORÁNEA violentando lo dispuesto en los artículos 319 y 320 del código de federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria y lo sostenido por la tesis visible en: ' DERECHOS AGRARIOS. SI SU TITULARIDAD SE TRANSFIERE DE LA MISMA FORMA EN QUE SE TRASLADA LA PROPIEDAD DE LAS COSAS CORPORALES, LOS ACTOS RELATIVOS DEBEN OBSERVAR LAS REGLAS PARTICULARES DEL QUE COORRESPONDA CONFORME AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA.' (Se transcribe)." De las constancias recibidas, se advierte que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, las quejosas, promovieron amparo contra los actos reclamados siguientes: Del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: el auto de formal prisión y medidas cautelares de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 33/2016 de su índice. Del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: la falta de investigación en actuaciones de la causa penal 55/2013 agregadas a la diversa 33/2015 del registro del citado órgano jurisdiccional, así como la omisión de solicitar el sobreseimiento del proceso penal instruido a la promovente y otros, en el proceso citado en ulterior término. De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad: la resolución definitiva dictada en el expediente 386/2013-14 relativo a la demanda de nulidad de acta de asamblea y asignación de parcelas. Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo: la expedición del certificado parcelario, a favor de y la falta de notificación de la expedición de los certificados parcelarios. Del Procurador Agrario en el Estado de Hidalgo: La omisión de reconocer la existencia de las quejosas como ejidatarias. La demanda de amparo citada inicialmente fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el que se registró bajo el número de expediente 745/2018 y por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el titular de dicho órgano jurisdiccional resolvió la separación de juicios, en razón de que las quejosas reclamaron actos cuya fuente generadora provenía de procedimientos distintos y desvinculados entre sí. Lo anterior, debido a que las accionantes del juicio, por una parte reclamaron actos de naturaleza penal atribuidos al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y al agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional y por otra parte, reclamaron actos de naturaleza agraria atribuidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, al Registro Agrario Nacional y al Procurador Agrario en el Estado de Hidalgo. Así las cosas, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, determinó que en el juicio de amparo 745/2018, se resolvería lo conducente a los actos de naturaleza penal, asimismo, que se remitiera a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, copia certificada de la demanda de amparo para que fuera turnada a cualquiera de los Juzgados de Distrito a efecto de que conociera del juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a las autoridades con competencia en materia agraria. En ese orden de ideas, la demanda de cuestión fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en donde el cinco de julio de dos mil dieciocho, se radicó con el número de expediente 737/2018, en el que se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, mismos que se agregaron en proveídos de trece, diecisiete y veinte de julio del año en curso, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y se emplazaron a los terceros interesados. Asimismo, como se expuso en párrafos precedentes, por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el titular de ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo citado, en virtud de que las quejosas, reclamaron la sentencia definitiva dictada el trece de mayo de dos mil quince, con motivo del juicio agrario 386/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con sede en la ciudad de Pachuca Hidalgo, por lo que ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, el cual fue turnado a este Tercer Tribunal Colegiado del circuito judicial en cita. Por auto de cuatro de octubre del año en curso, este tribunal colegiado no asumió la competencia, ya que de los autos que conforman dicho juicio agrario, no se advertía que la entonces quejosa haya figurado con el carácter de parte en el mismo, ni que tuviera intervención alguna y que existía la posibilidad de que la citada Valdez López pretendía impugnar la sentencia dictada en el juicio agrario con el carácter de tercero extraño a juicio, en cuyo caso, dicho aspecto se tendría que analizar vía amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, por ende, estimó que no era el momento procesal para que el Juez declinara competencia en favor del tribunal colegiado de circuito, para conocer del amparo promovido por ambas quejosas, por lo que se devolvió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo los autos del juicio de amparo indirecto 737/2018, promovido por las quejosas a efecto de que continuara con la secuela procesal y en su momento resolviera lo que conforme a derecho proceda, es por ello existe una jurisdicción escalonada en la que el trámite de la competencia está supeditada al carácter de la quejosa. Así, en audiencia constitucional celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el referido Juez de distrito, resolvió sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa, en relación a los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de dicha sentencia. Consecuentemente, mediante auto de doce de diciembre del año en curso, determinó que la resolución antes mencionada causó ejecutoria, por lo que ordenó, en cumplimiento al punto resolutivo segundo de la sentencia mencionada, remitir al tribunal colegiado en turno las constancias correspondientes a fin de que de estimarlo procedente tenga a bien asumir la competencia para resolver lo relacionado con la quejosa. En atención a lo expuesto, y dado que la quejosa, señala como acto reclamado la sentencia de trece de mayo de dos mil quince, dictada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en el expediente 386/2013-14, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado asume competencia para conocer del presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Amparo se desecha la demanda promovida, al actualizarse de manera indubitable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos del citado ordenamiento legal, de acuerdo a las consideraciones siguientes: Ahora, del juicio agrario se desprende que la sentencia reclamada de trece de mayo de dos mil quince, se le notificó a la ahora quejosa el catorce de mayo siguiente (foja doscientos veintitrés), diligencia que surtió efectos al día siguiente en que quedó legalmente hecha; de conformidad a lo dispuesto por el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria; de modo que, el plazo para promover el juicio de amparo directo transcurrió del dieciocho de mayo al cinco de junio de dos mil quince, descontándose los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo del mismo año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el veintiocho de junio del año en curso, su presentación fue extemporánea, ya que el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su oportuna presentación feneció el cinco de junio de dos mil quince. Ahora bien, en el artículo 17, fracción III, de la ley de la materia, se observa que la demanda de amparo tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, podrá promoverse en un plazo de hasta siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique al acto a los grupos agrarios mencionados, sin embargo, dicha salvedad no opera en el presente asunto, debido a que las partes no son grupos ejidales o comunales, por ende su presentación, será dentro del plazo de quince días que establece el párrafo primero del numeral invocado. Lo anterior se corrobora también con el informe justificado del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 178 de la ley de la materia, misma que obra a foja sesenta y uno del juicio de amparo indirecto 737/2018-5, del índice del juzgado oficiante. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 179, de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida, contra la resolución de catorce de mayo de dos mil quince, dictada dentro del juicio agrario 386/2013-14, por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce. Toda vez que la quejosa en el juicio de amparo de origen señaló los estrados del juzgado de distrito del conocimiento, los que no pueden conceptuarse como un domicilio convencional, pues precisamente a falta de éste es que se notifica por estrados, que se traduce en una forma de realizar las notificaciones y no un lugar donde se practican; en consecuencia, realícensele ésta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señalen domicilio dentro de la residencia de este tribunal. En cuanto a la persona que autoriza, dígasele que únicamente se tendrá con tal carácter si acredita ante este tribunal encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que refiere en su escrito de demanda. Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículo 5° y 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

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