Sabina del Carmen Petriz Cruz

Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
458/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Sabina del Carmen Petriz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de noviembre de dos mil veintiuno.****************************************Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio con terminación ******************** signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que en el término de tres días hábiles expresara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad, acuerdo que se le notificó el catorce de octubre del año en curso.********************Atendiendo a lo anterior, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor.******************** Conforme a la ejecutoria de amparo emitida por este Juzgado, la protección de la Justicia Federal se otorgó para el siguiente efecto:********************1. Deje sin efecto el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa. ********************2. Admita a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la parte actora en el juicio natural. ********************3. En su oportunidad, conforme al artículo 90 de Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, resuelva de plano el incidente planteado por la parte actora, conforme derecho proceda. ****************************************Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los lineamientos precisados, haciendo el examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************En efecto, de las documentales referidas se advierte que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, el auto de veintinueve de septiembre de este año, dictado en el juicio laboral 196/2008:********************1.- Dejó sin efecto el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.********************2.- Tuvo a la parte actora (aquí quejosa), entre otras cosas, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la razón actuarial de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.********************3.- Después de analizar la referida notificación, resolvió lo que en derecho correspondió, y al efecto ordenó dejar sin efectos la notificación de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, hecha a la parte actora, e instruyó se llevara a cabo la notificación del auto de siete de abril de dos mil diecisiete a la quejosa SABINA DEL CARMEN PETRIZ CRUZ, en el nuevo domicilio autorizado.********************Por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria.********************..., archívese el asunto como concluido.********************Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años.******************** Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cinco de octubre de dos mil veintiuno.****************************************Agréguese a los autos el oficio con terminación 1496/2021 signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por medio del cual informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y anexos, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a sus derechos convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. **************************************** Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador.************************************************************Notifíquese personalmente y cúmplase.********************Lo

  3. Principal

    MESA AMP IV...Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 458/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, y turnado en esa fecha a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, SABINA DEL CARMEN PETRIZ, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto. SEGUNDO. Autoridades responsables, actos reclamados y derechos humanos que se estiman vulnerados. Señaló como autoridades responsables al 1. Miembros y 2. Actuario, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, de quienes reclamó. "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Señalo como acto reclamado los siguientes: PRIMERO.- El proveído de 31 de marzo de 2021, el cual me fue notificado el día 8 de abril de 2021; y en el que la autoridad responsable emite acuerdo fundándolo en el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio, y determina que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado por la suscrita, por haber prescrito mi derecho a interponerlo; señalando la Junta de Arbitraje que la notificación del proveído de siete de abril del 2017, realizada el 24 de abril de ese año, fue realizada de forma personal por el actuario, adscrito a la Junta, en el domicilio ubicado en Armenta y López número 221, centro, Oaxaca, por lo que se colige que tuve conocimiento del mismo en esa fecha y no como fue señalado por la suscrita el 19 de septiembre del 2019, por tanto determino que había transcurrido en exceso el término de tres días para promover mi incidente tal como lo determina el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo" (sic) Acto que estimó vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda. Por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se citó a las partes a la constitucional, la cual, seguido que fue el trámite del juicio, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se inconforma con el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 196/2008, en el que se determinó no tramitar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora en ese juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la 1. Presidente y el 2. Actuario, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Estado, aceptaron la existencia de los actos de ellos reclamados. Para justificar su dicho, la Presidente de la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran su expediente 196/2008, a la que se otorga valor probatorio pleno, al constituir documentos públicos, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y por tratarse de constancias procesales que integran el expediente del que deriva el acto aquí controvertido. CUARTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Son FUNDADOS los concepto de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 14, segundo párrafo y 16 de la Constitución Federal, disponen: "Artículo 14. .Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..,". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De la interpretación de ambos preceptos constitucionales se revela el principio de seguridad jurídica, como el derecho que tiene el gobernado de que una autoridad, previo al dictado de un acto de molestia, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El derecho de legalidad que también tutela, consiste en que el acto que cause molestia al gobernado, sea emitido por parte de una autoridad legítimamente facultada para ello por la Constitución, así como por las leyes secundarias que lo determinen, en el que funde y motive su actuar, a saber: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Así, el principio de legalidad otorgado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados se emita por parte de una autoridad con facultades para ello y que dicho acto esté debidamente fundado y motivado. Lo primero (fundamentación), se cumple cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y lo segundo (motivación), cuando se señalan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales aludidos debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. En el particular, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que en acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, emitido en el expediente natural, se decretó la prescripción del laudo de veinticinco de octubre de dos mil diez y ordenó el archivo del asunto. El veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la actuaria de la junta levantó razón de la que se observa que al constituirse en el domicilio señalado por la actora en el juicio, para realizar la notificación del acuerdo de siete de abril de ese año, nadie atendió a su llamado, además de ya haberse constituido en ese lugar por más de tres ocasiones y por tal motivo realizó la notificación fijando en la puerta de entrada copia del auto en cita, con firmas autógrafas. Después, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la actora promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación realizada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable emitió un acuerdo en el que determinó que no había lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones por haber prescrito el derecho de la parte actora para interponerlo. Acuerdo que en lo que interesa, se transcribe a continuación. ".Visto su contenido, se tiene a la actora promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, haciéndolo consistir en síntesis, que de la razón actuarial de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se advierte que la notificación del acuerdo por el que se ordenó el archivo del presente expediente, no fue realizada conforme a lo establecido por los diversos artículos 744 y 751 de la ley Federal del trabajo, aplicada por mayor equidad jurídica, ya que el actuario, al encontrar el domicilio cerrado como quedó asentado en la razón actuarial, y conforme al último numeral citado, debió para dar certidumbre jurídica al acto de notificación personal, fijar en la puerta de entrada, aparte de la copia autorizada del auto a notificar, la cédula de notificación a que alude el precepto 751 de la ley laboral, en la que se asienten los datos establecidos en la legislación laboral, tales como día, hora, lugar en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona que deba ser notificada; en su caso, y la circunstancia de que la dejó fijada en la puerta de entrada. Ahora bien, respecto a la notificación realizada a la parte actora de la que se duele en el primer ocurso de cuenta, debe decirse que la notificación del proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, realizada el veintiuno de abril de esa anualidad, fue realizada de forma personal por el actuario habilitado, adscrito a esta Junta de Arbitraje, en el domicilio ubicado en Armenta y López, número doscientos veintiuno, centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, domicilio señalado en autos, autorizado por auto de veinticuatro de abril de dos mil nueve, por lo que se colige que la parte actora, tuvo conocimiento del contenido del proveído en cita, en esa fecha, no así el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en que dice se constituyó la actora en las instalaciones de esta Junta. En esa tesitura, si conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764 del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento. Consiguientemente, toda vez que del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en que la parte actora tuvo conocimiento del proveído de siete de abril de esa anualidad, al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el término que le concede el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que la actora o su apoderado legal, se pronunciaran en contra de la notificación en cita, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consentido, debiendo reputarse como tal, aquél que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hace una simple manifestación de inconformidad, como en el caso acontece, no produce efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar dicha determinación, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz, consecuentemente, con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado en el primer y segundo ocurso de cuenta, por haber prescrito su derecho a interponerlo." (sic) Como se ve, en el acuerdo que constituye el acto reclamado, la junta responsable analizó cuestiones de fondo que son propios de la determinación que resuelva el incidente y no de un auto de desechamiento, pues los tribunales, cuando les sea presentada una incidencia, están obligados a efectuar un análisis preliminar de los aspectos formales con base en los cuales calificarán el incidente; tal examen inicial parte de lo que se pretenda combatir en el escrito de impugnación y se limitará a lo que ahí se manifieste. Sin embargo, ese estudio no puede extenderse a cuestiones de fondo, salvo que sea notoriamente frívolo o improcedente, únicos casos en los que procede desecharlos de plano. Al respecto, la frivolidad en las promociones presentadas por las partes, se identifica con la mala fe para lograr, por ejemplo, el retardo en la ejecución de alguna resolución o evitar que cierta decisión judicial se materialice. Mientras que la improcedencia notoria deriva de que el medio de impugnación no sea de los señalados en la ley para reparar el agravio, o bien, aunque esté legalmente contemplado, se interponga fuera de tiempo o en forma distinta a la prescrita por el ordenamiento respectivo. Así, de no existir alguna cuestión de aquella índole, el medio de defensa deberá seguir su curso legal, darle vista a la contraria y resolverse en los términos legales; sobre todo porque la actora en el juicio laboral señaló la invalidez de la notificación de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, misma que la junta responsable, en el acto reclamado, da valor y toma en consideración para no tramitar el incidente planteado, lo que es jurídicamente inadmisible. Orienta a lo anterior los siguientes criterios Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005535 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXXIV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 665 Tipo: Aislada INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 360941 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLI, página 1730 Tipo: Aislada "RECURSOS FRIVOLOS E IMPROCEDENTES, SU ESTIMACION NO QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal establece que los tribunales nunca admitirán recursos notoriamente frívolos e improcedentes, desechándolos de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo; pero esto no significa que la autoridad, a su arbitrio, pueda desechar los recursos por el motivo indicado, sino que es necesario que funde legalmente la resolución respectiva; tanto más, si existen disposiciones que conceden a las partes el recurso de que se trata. De esta manera, el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado, resulta ser inconstitucional al quebrantar el principio de legalidad, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. El proceder de la autoridad fue más allá de lo que la norma le permitía porque determinó no tramitar el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la actora en el juicio, bajo el argumento de que era extemporáneo tomando en cuenta, precisamente, la notificación que combate, pues la legalidad o no de dicha notificación, debe constituir el fondo de la interlocutoria que al efecto se dicte, donde deberá de pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los agravios que hace valer la actora. De ahí que lo procedente sea CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal. Efecto de la concesión del amparo. Entonces, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional conculcada, SE CONCEDE la protección constitucional para el efecto de que la junta de arbitraje responsable. Deje sin efecto el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa. Admita a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la parte actora en el juicio natural. En su oportunidad, conforme al artículo 90 de Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, resuelva de plano el incidente planteado por la parte actora, conforme derecho proceda. QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, donde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se suprimirán datos sensibles que pueda contener la determinación, sin que ello impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SABINA DEL CARMEN PETRIZ, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese. LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICO EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTINUEVE Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR.

  4. Principal

    MESA AMP IV...Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 458/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, y turnado en esa fecha a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, SABINA DEL CARMEN PETRIZ, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto. SEGUNDO. Autoridades responsables, actos reclamados y derechos humanos que se estiman vulnerados. Señaló como autoridades responsables al 1. Miembros y 2. Actuario, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, de quienes reclamó. "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Señalo como acto reclamado los siguientes: PRIMERO.- El proveído de 31 de marzo de 2021, el cual me fue notificado el día 8 de abril de 2021; y en el que la autoridad responsable emite acuerdo fundándolo en el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio, y determina que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado por la suscrita, por haber prescrito mi derecho a interponerlo; señalando la Junta de Arbitraje que la notificación del proveído de siete de abril del 2017, realizada el 24 de abril de ese año, fue realizada de forma personal por el actuario, adscrito a la Junta, en el domicilio ubicado en Armenta y López número 221, centro, Oaxaca, por lo que se colige que tuve conocimiento del mismo en esa fecha y no como fue señalado por la suscrita el 19 de septiembre del 2019, por tanto determino que había transcurrido en exceso el término de tres días para promover mi incidente tal como lo determina el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo" (sic) Acto que estimó vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda. Por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se citó a las partes a la constitucional, la cual, seguido que fue el trámite del juicio, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se inconforma con el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 196/2008, en el que se determinó no tramitar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora en ese juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la 1. Presidente y el 2. Actuario, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Estado, aceptaron la existencia de los actos de ellos reclamados. Para justificar su dicho, la Presidente de la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran su expediente 196/2008, a la que se otorga valor probatorio pleno, al constituir documentos públicos, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y por tratarse de constancias procesales que integran el expediente del que deriva el acto aquí controvertido. CUARTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Son FUNDADOS los concepto de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 14, segundo párrafo y 16 de la Constitución Federal, disponen: "Artículo 14. .Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..,". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De la interpretación de ambos preceptos constitucionales se revela el principio de seguridad jurídica, como el derecho que tiene el gobernado de que una autoridad, previo al dictado de un acto de molestia, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El derecho de legalidad que también tutela, consiste en que el acto que cause molestia al gobernado, sea emitido por parte de una autoridad legítimamente facultada para ello por la Constitución, así como por las leyes secundarias que lo determinen, en el que funde y motive su actuar, a saber: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Así, el principio de legalidad otorgado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados se emita por parte de una autoridad con facultades para ello y que dicho acto esté debidamente fundado y motivado. Lo primero (fundamentación), se cumple cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y lo segundo (motivación), cuando se señalan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales aludidos debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. En el particular, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que en acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, emitido en el expediente natural, se decretó la prescripción del laudo de veinticinco de octubre de dos mil diez y ordenó el archivo del asunto. El veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la actuaria de la junta levantó razón de la que se observa que al constituirse en el domicilio señalado por la actora en el juicio, para realizar la notificación del acuerdo de siete de abril de ese año, nadie atendió a su llamado, además de ya haberse constituido en ese lugar por más de tres ocasiones y por tal motivo realizó la notificación fijando en la puerta de entrada copia del auto en cita, con firmas autógrafas. Después, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la actora promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación realizada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable emitió un acuerdo en el que determinó que no había lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones por haber prescrito el derecho de la parte actora para interponerlo. Acuerdo que en lo que interesa, se transcribe a continuación. ".Visto su contenido, se tiene a la actora promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, haciéndolo consistir en síntesis, que de la razón actuarial de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se advierte que la notificación del acuerdo por el que se ordenó el archivo del presente expediente, no fue realizada conforme a lo establecido por los diversos artículos 744 y 751 de la ley Federal del trabajo, aplicada por mayor equidad jurídica, ya que el actuario, al encontrar el domicilio cerrado como quedó asentado en la razón actuarial, y conforme al último numeral citado, debió para dar certidumbre jurídica al acto de notificación personal, fijar en la puerta de entrada, aparte de la copia autorizada del auto a notificar, la cédula de notificación a que alude el precepto 751 de la ley laboral, en la que se asienten los datos establecidos en la legislación laboral, tales como día, hora, lugar en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona que deba ser notificada; en su caso, y la circunstancia de que la dejó fijada en la puerta de entrada. Ahora bien, respecto a la notificación realizada a la parte actora de la que se duele en el primer ocurso de cuenta, debe decirse que la notificación del proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, realizada el veintiuno de abril de esa anualidad, fue realizada de forma personal por el actuario habilitado, adscrito a esta Junta de Arbitraje, en el domicilio ubicado en Armenta y López, número doscientos veintiuno, centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, domicilio señalado en autos, autorizado por auto de veinticuatro de abril de dos mil nueve, por lo que se colige que la parte actora, tuvo conocimiento del contenido del proveído en cita, en esa fecha, no así el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en que dice se constituyó la actora en las instalaciones de esta Junta. En esa tesitura, si conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764 del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento. Consiguientemente, toda vez que del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en que la parte actora tuvo conocimiento del proveído de siete de abril de esa anualidad, al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el término que le concede el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que la actora o su apoderado legal, se pronunciaran en contra de la notificación en cita, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consentido, debiendo reputarse como tal, aquél que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hace una simple manifestación de inconformidad, como en el caso acontece, no produce efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar dicha determinación, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz, consecuentemente, con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado en el primer y segundo ocurso de cuenta, por haber prescrito su derecho a interponerlo." (sic) Como se ve, en el acuerdo que constituye el acto reclamado, la junta responsable analizó cuestiones de fondo que son propios de la determinación que resuelva el incidente y no de un auto de desechamiento, pues los tribunales, cuando les sea presentada una incidencia, están obligados a efectuar un análisis preliminar de los aspectos formales con base en los cuales calificarán el incidente; tal examen inicial parte de lo que se pretenda combatir en el escrito de impugnación y se limitará a lo que ahí se manifieste. Sin embargo, ese estudio no puede extenderse a cuestiones de fondo, salvo que sea notoriamente frívolo o improcedente, únicos casos en los que procede desecharlos de plano. Al respecto, la frivolidad en las promociones presentadas por las partes, se identifica con la mala fe para lograr, por ejemplo, el retardo en la ejecución de alguna resolución o evitar que cierta decisión judicial se materialice. Mientras que la improcedencia notoria deriva de que el medio de impugnación no sea de los señalados en la ley para reparar el agravio, o bien, aunque esté legalmente contemplado, se interponga fuera de tiempo o en forma distinta a la prescrita por el ordenamiento respectivo. Así, de no existir alguna cuestión de aquella índole, el medio de defensa deberá seguir su curso legal, darle vista a la contraria y resolverse en los términos legales; sobre todo porque la actora en el juicio laboral señaló la invalidez de la notificación de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, misma que la junta responsable, en el acto reclamado, da valor y toma en consideración para no tramitar el incidente planteado, lo que es jurídicamente inadmisible. Orienta a lo anterior los siguientes criterios Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005535 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXXIV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 665 Tipo: Aislada INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 360941 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLI, página 1730 Tipo: Aislada "RECURSOS FRIVOLOS E IMPROCEDENTES, SU ESTIMACION NO QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal establece que los tribunales nunca admitirán recursos notoriamente frívolos e improcedentes, desechándolos de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo; pero esto no significa que la autoridad, a su arbitrio, pueda desechar los recursos por el motivo indicado, sino que es necesario que funde legalmente la resolución respectiva; tanto más, si existen disposiciones que conceden a las partes el recurso de que se trata. De esta manera, el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado, resulta ser inconstitucional al quebrantar el principio de legalidad, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. El proceder de la autoridad fue más allá de lo que la norma le permitía porque determinó no tramitar el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la actora en el juicio, bajo el argumento de que era extemporáneo tomando en cuenta, precisamente, la notificación que combate, pues la legalidad o no de dicha notificación, debe constituir el fondo de la interlocutoria que al efecto se dicte, donde deberá de pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los agravios que hace valer la actora. De ahí que lo procedente sea CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal. Efecto de la concesión del amparo. Entonces, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional conculcada, SE CONCEDE la protección constitucional para el efecto de que la junta de arbitraje responsable. Deje sin efecto el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa. Admita a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la parte actora en el juicio natural. En su oportunidad, conforme al artículo 90 de Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, resuelva de plano el incidente planteado por la parte actora, conforme derecho proceda. QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, donde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se suprimirán datos sensibles que pueda contener la determinación, sin que ello impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SABINA DEL CARMEN PETRIZ, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese. LA PRESENTE RESOLUCION SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

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