Sabel Hernández Molina

Expediente 2020/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2020/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2016

Partes del expediente

  • María del Carmen Cuellar Serrano
  • Sabel Hernández Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Venustiano Carranza, Chiapas; mediante el cual acusa recibo del diverso 13032, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, con el que se devolvió copia certificada del expediente 48/2015 (en un tomo), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente.

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por: 1. Sabel Hernández Molina y María el Carmen Cuéllar Serrano. Contra actos de la autoridad señalada como: 1. Magistrados que integran la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Los que hizo consistir en: "*IV.- ACTO RECLAMADO: Lo hacemos consistir en la resolución (sentencia interlocutoria) de fecha 01 de julio del 2016, dictada en el toca número 353-B-2C01/2012, quinto subsecuente, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en materia civil zona 01, Tuxtla, en la que se confirma el auto de fecha 2 de mayo del 2016 de la C. Juez de primera instancia del juzgado civil de Chiapa de Corzo, siendo que no se aceptaron las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas con todos y cada uno de los hechos de la demanda incidental que dio origen a la presente sentencia interlocutoria, así como también no se tomaron en cuenta nuestras excepciones y defensas, vertidas en la misma contestación incidental, por lo que hace una sentencia por demás ilegal e inconstitucional como lo haremos ver en el transcurso de la presente demanda." SIC ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2020/2016-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2aque establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, del contexto integral de la demanda se advierte que el quejoso se duele de la resolución de uno de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 353-B-2C01/2012, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en materia civil zona 01, Tuxtla, en la que se confirma el auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil de Chiapa de Corzo, en donde no aceptaron las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas con todos y cada uno de los hechos de la demanda incidental que dio origen a la resolución antes citada. Tal resolución constituye el acto reclamado. De lo expuesto se observa que la naturaleza de la resolución que en esta vía se combate es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, el perjuicio únicamente se refiere al desechamiento de pruebas y que su resultado se acumule o no al acervo probatorio del juicio de donde deriva el acto reclamado, pero no implica que necesariamente dentro del juicio original se emitirá una resolución contrario a los intereses del aquí promovente. En esa tesitura, se considera que el acto reclamado constituye una resolución que no tiene sobre la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, porque no afecta directamente alguno de sus derechos sustantivos, pues los efectos de la resolución hoy impugnada, son meramente formales y desaparecen si la parte quejosa obtiene una resolución favorable. Consecuentemente, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, precisamente porque la resolución impugnada afecta solamente derechos procesales, los cuales son reparables en caso de obtener resolución favorable en el incidente de pago de costas, derivado del juicio reivindicatorio 741/2011; o, de lo contrario, susceptibles de análisis en el juicio de amparo indirecto que llegare a intentarse. Por tanto, la resolución impugnada no es de imposible reparación, en razón de que las consecuencias de la misma no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que sólo ocasiona la infracción de derechos adjetivos, que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial del contenido siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades que señala el artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona que indica; toda vez que al no contar con su cédula profesional registrada en la consulta de cedulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamente en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Sabel Hernández Molina. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal".

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