Sabás Martínez Solano
Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/07/2018
Partes del expediente
- Sabás Martínez Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
se lista en cumplimiento al aviso de 27-07-2018 I.- Notifíquese; y personalmente quejoso.
- Principal
I.- Notifíquese; y personalmente quejoso.
- Principal
I.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de junio de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Sabas Martínez Solano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES A.- Legislatura del Estado de México. B.- Gobernador Constitucional del Estado de México. C.- Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, como autoridad ejecutora. IV. LEY QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL: Lo es el artículo 77 en su fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2010. (.) V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 77 en su fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 201O, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano del Estado de México, la promulgación del Decreto que origino la vigencia del artículo 77 en su fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2010, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, dicho artículo y las fracciones indicadas que son objeto de impugnación el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, al compraventa contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo que se realizó con base en el artículo 77, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal 2010 por ser inconstitucional del mismo cuerpo normativo, como más adelante se demostrara." Mediante sentencia de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sabas Martínez Solano, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta determinación por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia." Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que en sesión de ocho de mayo del año en curso, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sabas Martínez Solano, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, inciso C, rango 6), de la tarifa, así como la fracción II, rango 6, de la tarifa del Código Financiero del Estado de México vigente en el ejercicio fiscal de dos mil diez, hasta en tanto, se abrogue, derogue o modifique. 2. En consecuencia, con el fin de restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos vulnerados: a) Se devuelva a la parte quejosa, debidamente actualizada la cantidad que resulte de restar $465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco en moneda nacional) a $13,246.00 (trece mil doscientos cuarenta y seis pesos en moneda nacional), que corresponden a los derechos pagados con apoyo en el artículo 77, fracción I, inciso C, rango 6), de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México vigente en el ejercicio fiscal de dos mil diez, y, b) Se devuelva a la parte quejosa, debidamente actualizada la cantidad que resulte de restar $465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco en moneda nacional) a $13,246.00 (trece mil doscientos cuarenta y seis pesos en moneda nacional), que corresponden a los derechos pagados con apoyo en el artículo el artículo 77, fracción II, inciso C, rango 6), de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México vigente en el ejercicio fiscal de dos mil diez." En ese tenor, mediante auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acuerdos de treinta y uno de mayo y ocho de junio de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con número de control interno 10880 y 11873, respectivamente, por los cuales, la autoridad responsable por conducto de la Directora Técnica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el primero, comunicó que se emitió el cheque número 0005391 por la cantidad de $33,591.37 (treinta y tres mil quinientos noventa y un pesos 37/100 moneda nacional) a favor del quejoso Sabas Martínez Solano, y manifestó que dicha cantidad ampara el monto total a restituir al quejoso, debidamente actualizada; asimismo, que se determinó no aplicarle la porción normativa correspondiente al artículo 77, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil diez. Con el segundo, informó la fecha en que la parte quejosa a través de su representante legal recibió el cheque antes mencionado y al efecto, adjuntó copias certificadas de la carta poder de seis de junio del año en curso, cuatro credenciales para votar, del cheque antes mencionado y constancia de recepción relativa, de lo que medularmente se advierte: Que el veinticinco de mayo del año en curso, se emitió el cheque número 0005391 por la cantidad de $33,591.37 (treinta y tres mil quinientos noventa y un pesos 37/100 moneda nacional) a favor del quejoso Sabas Martínez Solano. Así, el seis de junio de dos mil dieciocho, se entregó el cheque antes mencionado al representante legal del quejoso. Aunado, la autoridad responsable manifestó que dicha cantidad ampara el monto total a restituir al quejoso, debidamente actualizada y que determinó no aplicarle la porción normativa correspondiente al artículo 77, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil diez. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable devolvió debidamente actualizada al quejoso la cantidad que pagó por concepto de derechos establecidos en el precepto legal antes mencionado, y lo desincorporó de la aplicación de la porción normativa correspondiente al citado artículo 77, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil diez; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta por el cual Carlos Felipe Fuentes del Río en su carácter de representante legal del Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México y Presidente de la Comisión de Limites, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de mayo del año en curso, informa a este Juzgado de Distrito que ordenó a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del oficio DGJC/DA/233211005/2042/2018 de cinco de junio del año en curso, diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, personalidad que acredita con la gaceta de gobierno de veintidós de marzo del año en curso, misma que solicita le sea devuelta. Finalmente, se tiene por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad oficiante y se deja sin afectos el apercibimiento con el cual se conminó.
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