Sabas Hugo Calderón Vargas
Expediente 1526/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2018
Partes del expediente
- Sabas Hugo Calderón Vargas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por los quejosos Osbelia Pacheco Mariano, Sara Vaquier Bautista, Constantino Salas Galindo, Concepción Vázquez Tostado, Edith Faustino Castro y David Soto Hernández, visto su contenido, en cumplimiento al acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se le tiene ampliando su demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Comité Técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con residencia en la Ciudad de México, a quien le reclama el acto que de dicha ampliación se desprende. Del mismo modo, amplía su demanda respecto de los conceptos de violación expuestos en el escrito inicial. En ese tenor, atento a que el acto reclamado tiene relación con el originalmente planteado, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda presentada por los oferentes. En tales condiciones, requiérase a la autoridad responsable Comité Técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de quince días, contado a partir al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, debiendo anexar las constancias que lo apoyen; enviándole para tal efecto copia simple del escrito de ampliación de demanda. Significándoles que se encuentran señaladas las diez horas del doce de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Dese a conocer lo anterior al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por José Alejandro Águila Argüelles, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, por medio del cual precisa que ya dio cumplimiento al requerimiento efectuado por esta potestad federal en auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, pues como ha manifestado previamente, no cuenta con facultades para dar cumplimiento a la suspensión concedida en el presente incidente y en todo caso, a quien corresponde realizar las gestiones necesarias para ello es a la Asociación Nacional de Padres de Familia; asociación a la que ya le solicitó actuar conforme a sus facultades; en tal virtud, se acuerda Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener a la autoridad responsable cumpliendo en sus términos el requerimiento efectuado por esta potestad federal en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, pues como se precisó en esa determinación, así como la diversa de seis del mismo mes y año, independientemente de las facultades con que cuente la Asociación Nacional de Padres de Familia al tener el promovente el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, en atención a las funciones propias de su cargo, le corresponde realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la suspensión concedida dentro del presente incidente de suspensión. A fin de corroborar lo afirmado, en primer término, se estima necesario precisar que tratándose de desacato a la suspensión concedida dentro de un juicio de amparo, conforme a la actual Ley de Amparo, coexisten dos sistemas: A) El primero tiene su fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del cual el legislador brindó al juzgador de las medidas necesarias para lograr se cumpla la suspensión concedida en un juicio constitucional de este tipo. Por ello, no se requiere una tramitación especial y la actuación del juzgador se realiza de oficio a fin de lograr preservar la materia del juicio de amparo. B) El segundo, se encuentra fundamentalmente en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y tiene como objetivo primordial determinar si se violó o no la suspensión concedida, por lo que se considera represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado. Sobre ese contexto, debe estimarse que a pesar de que la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la que se declaró fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida, fue recurrida por la autoridad responsable Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, a través del recurso de queja, del cual corresponde conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al referirse dicha determinación al segundo de los sistemas citados y tomando en consideración que tanto el primero como el segundo, pueden coexistir, es obligación de la autoridad responsable cumplir con lo ordenado por esta potestad federal a fin de acatar en sus términos la suspensión otorgada. Cierto, contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, ésta sí cuenta con facultades para acatar en sus términos la suspensión definitiva concedida por esta potestad federal en interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 47 a 50), pues en aquélla se determinó que se concedía esa medida cautelar para que se restituyera al quejoso Noé Ramiro Beristaín, como Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Puebla y se le permitiera el acceso a las instalaciones que ocupa aquélla, así como para que no se llevaran a cabo actos que pudieran resultar de difícil reparación en su perjuicio. La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite advertir que el órgano de gobierno de las asociaciones estatales de padres de familia lo constituye su Consejo, quien elegirá a la Mesa Directiva, la cual a su vez se conformará con un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero y ocho vocales. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del ordenamiento citado, la Mesa Directiva convocara a las asambleas y consejos ordinarios, mientras que el Presidente de esta última será el representante legal de la Asociación Estatal de Padres de Familia, en los asuntos que no impliquen manejos de fondo ni actos de dominio, lo que resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Civil para el Estado de Puebla. Ahora bien, en el caso, el promovente José Alejandro Águila Argüelles tiene el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, por lo que, como él lo reconoce, funge como su representante legal. Cierto, al tener el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, el promovente representa legalmente a la asociación de que se trata, por lo que en términos de los dispositivos transcritos, cuenta con facultades para emprender las actuaciones necesarias a fin de que la Mesa Directiva que preside convoque al Consejo de esa asociación y éste, como órgano de gobierno de la persona moral de que se trata, restituya al quejoso Noé Ramiro Beristaín, como Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Puebla y le permita el acceso a las instalaciones que ocupa aquélla, así como para que no se lleven a cabo actos que pudieran resultar de difícil reparación en perjuicio del impetrante. Lo anterior con mayor razón si se toma en cuenta que conforme a la normatividad invocada, para ser Presidente de la Mesa Directiva citada, se debe ser miembro de la propia asociación, lo que corrobora que el promovente cuenta con las facultades necesarias para realizar las gestiones que estime pertinentes a fin de acatar en sus términos la suspensión definitiva concedida en el presente incidente. En ese orden de ideas, y a fin de lograr el inmediato cumplimiento a la medida cautelar concedida, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla para que de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente auto, realice las gestiones necesarias para que en su momento, se pueda: I. Restituir al aquí quejoso Noé Ramiro Beristaín, en el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla; y, II. Le permita el acceso a las instalaciones que ocupa la misma. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que se le previno en auto al que da contestación, es decir, de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado, se le tendrá evadiendo el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida; por lo que se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en su momento, podrían actualizarse en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo, previamente transcrito.
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