Sabas Figueroa Tellez

Expediente 854/2012 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
854/2012
Año
2012
Actuaciones
33
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Luis Pedro Ortega López
  • Sabas Figueroa Tellez y Otros.
  • Guillermo Nicolas Hernández Aguilar
  • Sabas Figueroa Tellez
  • Susana Quiroz Resendiz
  • Gerardo Martínez Gamez
  • Gerardo Tadeo Martínez González
  • Alonso González Agustín
  • Porfirio Salazar Rodríguez
  • José Heriberto Fuentes Santillán
  • Andrés Ortiz Patiño
  • Felix Avila Arana
  • Gerardo Islas Hernández
  • Greta Esmeralda Rodríguez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    EN UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PÚBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO,EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO 854/2012,QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,...IV.-ACTO RECLAMADO:1).-El acuerdo de audiencia de fecha 24 de septiembre de dos mil doce, fecha en la cual se suspendió la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES,por lo avanzado de la hora y se señalan de nueva cuenta las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES,..." En ese sentido, en sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil doce, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que de la autoridad responsable provea lo que resulte necesario a fin de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que se le notificó la determinación por la que causó ejecutoria la sentencia, dejara insubsistente la fecha y hora señaladas en proveído de veinticuatro de septiembre del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia trifásica, y señalara una nueva con apego al artículo 873 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo;asimismo, para que dé continuidad y procure el avance en la sustanciación del procedimiento laboral 569/2011 y sus acumulados 593/2011,594/2011, 599/2011, 603/2011, 604/2011, 628/2011, 631/2011, 633/2011, 634/2011, 640/2011, 643/2011, 645/2011, 648/2011, 651/2011, 676/2011, 677/2011, 678/2011, 679/2011, 684/2011, 687/2011, 688/2011, 689/2011, 720/2011, 723/2011, 724/2011, 725/2011, 733/2011, 734/2011, 735/2011, 771/2011, 787/2011, 788/2011, 789/2011, 790/2011, 797/2011, 799/2011, 800/2011, 802/2011, 806/2011, 808/2011, 811/2011, 826/2011, 827/2011, 843/2011, 871/2011, 873/2011, 874/2011, 883/2011, 890/2011, 892/2011, 896/2011, 897/2011, 950/2011, 1005/2011,1007/2011,1008/2011, 1013/2011, 1015/2011, 1016/2011, 1018/2011, 1020/2011, 1025/2011, 1026/2011, 1028/2011, 1029/2011, 1054/2011, 1055/2011, 1057/2011, 1059/2011, 1061/2011, 1063/2011, 1067/2011, 1068/2011, 1079/2011 y 1109/2011,disponiendo lo necesario en el proveído que dicte en observancia a la protección concedida, para que no se impida la prosecución del proceso hasta su conclusión, y así culmine el desahogo de la audiencia trifásica, en su etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su oportunidad demuestre que emitió el laudo correspondiente; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma; el efecto anterior, no puede desvincularse del resto de la ejecutoria, pues en ella se dijo: "De ahí que la conducta asumida por la Junta responsable al soslayar los plazos y términos legales previstos para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral, concretamente, por la excesiva dilación en el señalamiento para la celebración de la audiencia trifásica,en virtud del señalamiento fuera del plazo legal para tal efecto, origina que se difieran los tiempos en que habrán de, en su caso, llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, contestación a la demanda y formularse excepciones, y para recibirse y desahogarse las pruebas, cerrarse la instrucción y emitirse el laudo, lo cual conduce en forma integral al retardo en la tramitación y resolución del juicio respectivo, que atenta contra lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución Federal."En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran en autos y lo informado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de amparo.En efecto, se desprende que la concesión del amparo constriñó a la Junta para que señalará fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 569/2011 y sus acumulados;si bien, en la sentencia se señaló que el efecto del amparo implicaba no sólo lo precisado con antelación, sino también que se emitiera el laudo,ello fue realizado bajo la vigencia de la jurisprudencia 2ª./J.45/2007,con número de registro 172677, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Tomo XXV,abril de 2007, página 528,de rubro y texto siguientes:"SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS,SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos,el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda,tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija.Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige."Ahora bien, en una nueva reflexión la propia Segunda Sala señaló que cuando se concede el amparo por una violación procesal relacionada con la omisión de proveer en algún sentido para la continuación del procedimiento,ello no implicaba que la autoridad responsable del cumplimiento de amparo debía incluso emitir el laudo,tal como se desprende de la tesis 2ª. CV/2013,con número de registro 2005150,publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I,diciembre de 2013,página 732, que menciona:"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales,señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes.Sin embargo,una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido,toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."En razón de lo anterior, la autoridad responsable en diversas promociones remitidas a este órgano jurisdiccional informó lo siguiente: ORDEN AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE REGISTRO DE LA PROMOCIÓN FOJAS CONTENIDO 1 2013 518, 1319, 2059, 3594, 5443, 8617, 11019, 12418, 13554, 13888, 14359, 15102, 15475, 15721, 16612, 16649, 17098, 17348, 17510, 17814, 17910, 18917, 19293, 19732, 154 a 156, 160 a 162, 167 a 170, 174 a 176, 181 a 182, 186 a 187, 191 a 193, 198 a 200, 204 a 209, 213, 215 a 220, 222 a 224, 228 a 230, 233 a 237, 242 a 246, 250 a 254, 257 a 261, 268, 270 a 277, 282 a 289, 291 a 295, 301 a 308, 313 a 318, 320 a 325, 329 a 336,respectivamente.Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. 2 2014 2496, 3510, 5345, 5705, 6047, 6265, 6299, 6375, 6529, 6548, 6631, 6853, 7092, 7187, 7296, 7436, 7522, 7712, 7806, 7871, 8078, 9703, 13528, 17947, 22715, 25176, 27539, 31667, 35683. 341 a 351, 356 a 360, 366 a 369, 371 a 374, 378 a381, 388 a 392, 394 a 398, 400 a 404, 411 a 417, 419 a 422, 424 a 427, 434 a 437, 444 a 447, 449 a 454, 456 a 459, 475 a 478, 480 a 485, 491 a 493, 499 a 502, 504 a 507, 513 a 517, 519 a 522, 528 a 531, 537 a 543, 544 a 546, 552 a 555, 556 a 558, 559 a 561, 562 a 564, respectivamente Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. 3 2015 1515, 4608, 8396, 13211, 18920, 23605, 27930, 32666, 36755, 39747, 43699, 47231, 49833, 51239, 51881, 55416, 57593, 63802, 65535, 67609, 67981, 68633, 68755, 69481, 70951, 565 a 567, 568 a 570, 571 a 573, 574 a 576, 577 a 579, 580 a 583, 584 a 586, 592 a 594, 595 a 597, 598 a 600, 606 a 608, 609 a 611, 612 a 614, 620 a 622, 623 a 624, 625 a 626, 627 a 628, 629 a 632, 633 a 635, 636 a 641, 642 a 646, 652 a 654, 655 a 656, 657 a 659, 660 a 662, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones; así como, de ofrecimiento y admisión de pruebas 4 2016 1697, 3599, 4317, 5301, 5724, 6309, 6894, 7525, 7768, 8215, 9058, 9776, 10951, 12549, 15926, 16482, 18654, 21560, 23253, 25492, 25668, 29258, 32299, 34422, 37120, 40234, 40917, 45579, 51590, 57092, 57833, 61597, 64858. 668 a 670, 677 a 679, 680 a 688, 700 a 711, 712 a 716, 718 a 728, 733 a 738, 739 a 745, 752 a 754, 756 a 764, 766 a 770, 772 a 775, 778 a 780, 814 a 817, 820 a 828, 831 a 834, 841 a 843, 845 a 847, 853 a 856, 862 a 864, 865 a 870, 881 a 883, 889 a 892, 898 a 899, 905 a 907, 913 a 915, 916 a 918, 928 a 930, 933 a 934, 940 a 942, 943 a 948, 954 a 960, 966 a 967, respectivamente.Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones; así como, de ofrecimiento y admisión de pruebas 5 2017 126, 1144, 1454, 1955, 2312, 2734, 3091, 3950, 4838, 4839, 6771, 7323, 8125, 9135, 9947, 9948, 11174, 11175, 11631, 12209, 13046, 13636, 14442, 14778, 16489, 16490, 16681, 17182, 17612, 17613, 17741, 17843, 18020, 18301, 18402, 18502, 18653, 18710, 18763, 18878, 18764, 18941, 19219, 19332, 19448, 19574, 19720, 19783, 19993, 20184, 20529, 20848 , 21452, 21871, 22171, 22632, 23400, 23953, 24272, 24999, 25550, 25659, 26570, 26729, 27821, 29300, 30515, 30516, 30517, 31404, 32467, 32468, 36058, 38330, 41367, 41937, 42358, 55075, 59428, 59896, 60635. 977 a 995, 1000 a 1003, 1004 a 1007, 1008 a 1010, 1011 a 1013, 1014 a 1017, 1018 a 1021, 1022 a 1026, 1027 a 1030, 1031 a 1034, 1040 a 1053, 1054 a 1056, 1057 a 1060, 1066 a 1068, 1069 a 1072, 1073 a 1076, 1077 a 1080, 1081 a 1083, 1084 a 1087, 1092 a 1095, 1096 a 1099, 1100 a 1102, 1103 a 1105, 1106 a 1108, 1114 a 1116, 1117 a 1123, 1124 a 1128, 1134 a 1140, 1141 a 1148, 1149 a 1153, 1154 a 1157, 1158 a 1162, 1163 a 1167, 1168 a 1172, 1173 a 1181, 1182 a 1186, 1192 a 1202, 1203 a 1209, 1210 a 1220, 1221 a 1223, 1224 a 1228, 1229 a 1236, 1237 a 1246, 1247 a 1253, 1254 a 1257, 1258 a 1264, 1265 a 1271, 1278 a 1281, 1282 a 1288, 1294 a 1300, 1301 a 1304, 1305 a 1320, 1321 a 1327, 1328 a 1334, 1335 a 1341, 1342 a 1349, 1351 a 1354, 1355 a 1359, 1361 a 1369, 1371 a 1374, 1375 a 1378, 1382 a 1387, 1390 a 1395, 1397 a 1403, 1405 a 1411, 1413 a 1417, 1418 a 1423, 1424 a 1471, 1473 a 1475, 1476 a 1478, 1479 a 1490, 1495 a 1497, 1499 a 1525, 1533 a 1434, 1536 a 1558, 1560 a 1584, 1601 a 1605, 1616 a 1619, 1624 a 1626, 1631 a 1634.Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como de diversos desahogos de la prueba pericial contable. 6 2018 1331, 2860, 3738, 4266, 6320. 1644 a 1645, 1656 a 1657, 1659 a 1660, 1662 a 1663, 1671 a 1677, respectivamente.Acuerdo por el que se declara que no existen más probanzas por desahogar; así como el término de tres días para formular alegatos y se declara cerrada la instrucción. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obran en el expediente del juicio de amparo, se aprecia que la autoridad fue cumpliendo con cada una de las etapas procesales del juicio laboral, ya que las pruebas que se encontraban pendientes, fueron desahogadas y una vez que no existían más medios de convicción pendientes de atender,se acreditó que el expediente pasó a la etapa de alegatos, para finalmente dictarse el acuerdo de cierre de instrucción y turnarse el mismo para la formulación del proyecto. En congruencia con lo anterior, toda vez,que en el presente juicio de amparo, se tuvo como acto reclamado únicamente el retardo en la fijación de señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, y dado que dicha audiencia ya aconteció, se estima que ha quedado cumplida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo,a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son:"EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e),del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales."Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectiva, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; personalmente a la quejosa, al tercero interesado ********, y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,... IV.- ACTO RECLAMADO: 1).- El acuerdo de audiencia de fecha 24 de septiembre de dos mil doce, fecha en la cual se suspendió la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES, por lo avanzado de la hora y se señalan de nueva cuenta las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES,..." En ese sentido, en sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil doce, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para el efecto de que de la autoridad responsable provea lo que resulte necesario a fin de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que se le notificó la determinación por la que causó ejecutoria la sentencia, dejara insubsistente la fecha y hora señaladas en proveído de veinticuatro de septiembre del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia trifásica, y señalara una nueva con apego al artículo 873 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, para que dé continuidad y procure el avance en la sustanciación del procedimiento laboral 569/2011 y sus acumulados 593/2011, 594/2011, 599/2011, 603/2011, 604/2011, 628/2011, 631/2011, 633/2011, 634/2011, 640/2011, 643/2011, 645/2011, 648/2011, 651/2011, 676/2011, 677/2011, 678/2011, 679/2011, 684/2011, 687/2011, 688/2011, 689/2011, 720/2011, 723/2011, 724/2011, 725/2011, 733/2011, 734/2011, 735/2011, 771/2011, 787/2011, 788/2011, 789/2011, 790/2011, 797/2011, 799/2011, 800/2011, 802/2011, 806/2011, 808/2011, 811/2011, 826/2011, 827/2011, 843/2011, 871/2011, 873/2011, 874/2011, 883/2011, 890/2011, 892/2011, 896/2011, 897/2011, 950/2011, 1005/2011, 1007/2011, 1008/2011, 1013/2011, 1015/2011, 1016/2011, 1018/2011, 1020/2011, 1025/2011, 1026/2011, 1028/2011, 1029/2011, 1054/2011, 1055/2011, 1057/2011, 1059/2011, 1061/2011, 1063/2011, 1067/2011, 1068/2011, 1079/2011 y 1109/2011, disponiendo lo necesario en el proveído que dicte en observancia a la protección concedida, para que no se impida la prosecución del proceso hasta su conclusión, y así culmine el desahogo de la audiencia trifásica, en su etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su oportunidad demuestre que emitió el laudo correspondiente; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma; el efecto anterior, no puede desvincularse del resto de la ejecutoria, pues en ella se dijo: "De ahí que la conducta asumida por la Junta responsable al soslayar los plazos y términos legales previstos para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral, concretamente, por la excesiva dilación en el señalamiento para la celebración de la audiencia trifásica, en virtud del señalamiento fuera del plazo legal para tal efecto, origina que se difieran los tiempos en que habrán de, en su caso, llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, contestación a la demanda y formularse excepciones, y para recibirse y desahogarse las pruebas, cerrarse la instrucción y emitirse el laudo, lo cual conduce en forma integral al retardo en la tramitación y resolución del juicio respectivo, que atenta contra lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución Federal." En esas condiciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran en autos y lo informado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de amparo. En efecto, se desprende que la concesión del amparo constriñó a la Junta para que señalará fecha más cercana para la celebración de la audiencia trifásica en la etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la preparación y el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el expediente laboral 569/2011 y sus acumulados; si bien, en la sentencia se señaló que el efecto del amparo implicaba no sólo lo precisado con antelación, sino también que se emitiera el laudo, ello fue realizado bajo la vigencia de la jurisprudencia 2ª./J. 45/2007, con número de registro 172677, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Ahora bien, en una nueva reflexión la propia Segunda Sala señaló que cuando se concede el amparo por una violación procesal relacionada con la omisión de proveer en algún sentido para la continuación del procedimiento, ello no implicaba que la autoridad responsable del cumplimiento de amparo debía incluso emitir el laudo, tal como se desprende de la tesis 2ª. CV/2013, con número de registro 2005150, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, que menciona: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo anterior, la autoridad responsable en diversas promociones remitidas a este órgano jurisdiccional informó lo siguiente: ORDEN AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE REGISTRO DE LA PROMOCIÓN FOJAS CONTENIDO 1 2013 518, 1319, 2059, 3594, 5443, 8617, 11019, 12418, 13554, 13888, 14359, 15102, 15475, 15721, 16612, 16649, 17098, 17348, 17510, 17814, 17910, 18917, 19293, 19732, 154 a 156, 160 a 162, 167 a 170, 174 a 176, 181 a 182, 186 a 187, 191 a 193, 198 a 200, 204 a 209, 213, 215 a 220, 222 a 224, 228 a 230, 233 a 237, 242 a 246, 250 a 254, 257 a 261, 268, 270 a 277, 282 a 289, 291 a 295, 301 a 308, 313 a 318, 320 a 325, 329 a 336, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. 2 2014 2496, 3510, 5345, 5705, 6047, 6265, 6299, 6375, 6529, 6548, 6631, 6853, 7092, 7187, 7296, 7436, 7522, 7712, 7806, 7871, 8078, 9703, 13528, 17947, 22715, 25176, 27539, 31667, 35683. 341 a 351, 356 a 360, 366 a 369, 371 a 374, 378 a381, 388 a 392, 394 a 398, 400 a 404, 411 a 417, 419 a 422, 424 a 427, 434 a 437, 444 a 447, 449 a 454, 456 a 459, 475 a 478, 480 a 485, 491 a 493, 499 a 502, 504 a 507, 513 a 517, 519 a 522, 528 a 531, 537 a 543, 544 a 546, 552 a 555, 556 a 558, 559 a 561, 562 a 564, respectivamente Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. 3 2015 1515, 4608, 8396, 13211, 18920, 23605, 27930, 32666, 36755, 39747, 43699, 47231, 49833, 51239, 51881, 55416, 57593, 63802, 65535, 67609, 67981, 68633, 68755, 69481, 70951, 565 a 567, 568 a 570, 571 a 573, 574 a 576, 577 a 579, 580 a 583, 584 a 586, 592 a 594, 595 a 597, 598 a 600, 606 a 608, 609 a 611, 612 a 614, 620 a 622, 623 a 624, 625 a 626, 627 a 628, 629 a 632, 633 a 635, 636 a 641, 642 a 646, 652 a 654, 655 a 656, 657 a 659, 660 a 662, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones; así como, de ofrecimiento y admisión de pruebas 4 2016 1697, 3599, 4317, 5301, 5724, 6309, 6894, 7525, 7768, 8215, 9058, 9776, 10951, 12549, 15926, 16482, 18654, 21560, 23253, 25492, 25668, 29258, 32299, 34422, 37120, 40234, 40917, 45579, 51590, 57092, 57833, 61597, 64858. 668 a 670, 677 a 679, 680 a 688, 700 a 711, 712 a 716, 718 a 728, 733 a 738, 739 a 745, 752 a 754, 756 a 764, 766 a 770, 772 a 775, 778 a 780, 814 a 817, 820 a 828, 831 a 834, 841 a 843, 845 a 847, 853 a 856, 862 a 864, 865 a 870, 881 a 883, 889 a 892, 898 a 899, 905 a 907, 913 a 915, 916 a 918, 928 a 930, 933 a 934, 940 a 942, 943 a 948, 954 a 960, 966 a 967, respectivamente. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones; así como, de ofrecimiento y admisión de pruebas 5 2017 126, 1144, 1454, 1955, 2312, 2734, 3091, 3950, 4838, 4839, 6771, 7323, 8125, 9135, 9947, 9948, 11174, 11175, 11631, 12209, 13046, 13636, 14442, 14778, 16489, 16490, 16681, 17182, 17612, 17613, 17741, 17843, 18020, 18301, 18402, 18502, 18653, 18710, 18763, 18878, 18764, 18941, 19219, 19332, 19448, 19574, 19720, 19783, 19993, 20184, 20529, 20848 , 21452, 21871, 22171, 22632, 23400, 23953, 24272, 24999, 25550, 25659, 26570, 26729, 27821, 29300, 30515, 30516, 30517, 31404, 32467, 32468, 36058, 38330, 41367, 41937, 42358, 55075, 59428, 59896, 60635. 977 a 995, 1000 a 1003, 1004 a 1007, 1008 a 1010, 1011 a 1013, 1014 a 1017, 1018 a 1021, 1022 a 1026, 1027 a 1030, 1031 a 1034, 1040 a 1053, 1054 a 1056, 1057 a 1060, 1066 a 1068, 1069 a 1072, 1073 a 1076, 1077 a 1080, 1081 a 1083, 1084 a 1087, 1092 a 1095, 1096 a 1099, 1100 a 1102, 1103 a 1105, 1106 a 1108, 1114 a 1116, 1117 a 1123, 1124 a 1128, 1134 a 1140, 1141 a 1148, 1149 a 1153, 1154 a 1157, 1158 a 1162, 1163 a 1167, 1168 a 1172, 1173 a 1181, 1182 a 1186, 1192 a 1202, 1203 a 1209, 1210 a 1220, 1221 a 1223, 1224 a 1228, 1229 a 1236, 1237 a 1246, 1247 a 1253, 1254 a 1257, 1258 a 1264, 1265 a 1271, 1278 a 1281, 1282 a 1288, 1294 a 1300, 1301 a 1304, 1305 a 1320, 1321 a 1327, 1328 a 1334, 1335 a 1341, 1342 a 1349, 1351 a 1354, 1355 a 1359, 1361 a 1369, 1371 a 1374, 1375 a 1378, 1382 a 1387, 1390 a 1395, 1397 a 1403, 1405 a 1411, 1413 a 1417, 1418 a 1423, 1424 a 1471, 1473 a 1475, 1476 a 1478, 1479 a 1490, 1495 a 1497, 1499 a 1525, 1533 a 1434, 1536 a 1558, 1560 a 1584, 1601 a 1605, 1616 a 1619, 1624 a 1626, 1631 a 1634. Diversos señalamientos para la celebración de la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como de diversos desahogos de la prueba pericial contable. 6 2018 1331, 2860, 3738, 4266, 6320. 1644 a 1645, 1656 a 1657, 1659 a 1660, 1662 a 1663, 1671 a 1677, respectivamente. Acuerdo por el que se declara que no existen más probanzas por desahogar; así como el término de tres días para formular alegatos y se declara cerrada la instrucción. De las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obran en el expediente del juicio de amparo, se aprecia que la autoridad fue cumpliendo con cada una de las etapas procesales del juicio laboral, ya que las pruebas que se encontraban pendientes, fueron desahogadas y una vez que no existían más medios de convicción pendientes de atender, se acreditó que el expediente pasó a la etapa de alegatos, para finalmente dictarse el acuerdo de cierre de instrucción y turnarse el mismo para la formulación del proyecto. En congruencia con lo anterior, toda vez, que en el presente juicio de amparo, se tuvo como acto reclamado únicamente el retardo en la fijación de señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, y dado que dicha audiencia ya aconteció, se estima que ha quedado cumplida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectiva, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; personalmente a la quejosa, al tercero interesado **********, y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 569/2011 y sus acumulados de su índice, de las que se advierten las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que por auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, se formuló diverso requerimiento conforme a la ley de amparo que nos rige actualmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria el cinco de diciembre de dos mil doce; en tal virtud, corresponde requerir el cumplimiento del fallo protector conforme a la ley anterior. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.91/2013 (10a.), con número de registro 2003841, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, libro XXI, página 623, junio 2013, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas." En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento a efecto que se realice el requerimiento de cumplimiento conforme a los fundamentos que prevé la Ley de Amparo vigente al cinco de diciembre de dos mil doce. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia terminada de engrosar el doce de noviembre de dos mil doce, este órgano jurisdiccional concedió al quejoso *********, el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, diera continuidad hasta concluir con el procedimiento laboral 569/2011 y sus acumulados, disponiendo lo necesario en el proveído que dicte en observancia a la protección concedida, para que no se impida la prosecución del proceso hasta su conclusión, y así culmine el desahogo de la audiencia trifásica, en su etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su oportunidad demuestre que emitió el laudo correspondiente; lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma; lo que resulta en una buena y eficaz administración de justicia. En estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional y en virtud que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que dispone, a fin de evitar que se le aplique la sanción que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, en virtud de que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI de la Constitución Federal, 80, 104, 105, 107, 111 y 113 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, cumplimente la ejecutoria de amparo, en los términos anteriormente expuestos. En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, con fundamento en el artículo 105, primer párrafo de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad referida que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, será nuevamente requerida por única ocasión. Sirve de sustento a lo anterior Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a.), con número de registro 2000099, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 4, libro IV, página 3515, enero 2012, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Cabe precisar que de resultar renuente en el cumplimiento al fallo protector, se procederá a abrir el incidente de inejecución de sentencia, y a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que se continúe con el procedimiento previsto en los numerales 107, fracción XVI, de la Carta Magna y 105 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertida la existencia de la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005265, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, libro 2, página 2760, enero 2014, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE QUE SE REMITIRÁ A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO, BASTAN TRES REQUERIMIENTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 105 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, relativo al procedimiento a seguir para el cumplimiento de la ejecutoria de garantías, establece que para la integración del expediente que se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la sustanciación del incidente de inejecución de sentencia, bastan tres requerimientos: el primero, a la autoridad responsable; el segundo, al superior jerárquico inmediato, en caso de que aquélla no lo atendiere; y, el tercero, únicamente en el supuesto de que el superior inmediato de la autoridad responsable tuviere, a su vez, superior jerárquico y aquél tampoco lo atendiere. Dicha conclusión guarda consonancia con la última parte del segundo párrafo del artículo en cita, pues mientras no se logre el cumplimiento del fallo protector, la autoridad de amparo, una vez remitido el expediente, debe continuar requiriendo a fin de que se realicen los actos necesarios para ello." Sin embargo, atendiendo a los efectos de la concesión de amparo en el presente asunto, lo que conlleva a una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo; por lo tanto, por el momento, no resulta procedente aperturar y en su caso tramitar la inejecución de sentencia contemplada por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna y 105 de la Ley de Amparo, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento. Es aplicable al caso, por analogía de circunstancias, la tesis aislada I.3o.T.18 L (10a.), con número de registro 2005301, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, libro 2, página 3221, enero 2014, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. SI LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE CONCEDE POR DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSIDERAR LA NATURALEZA DE ÉSTAS PARA ESTABLECER UN TÉRMINO PRUDENTE PARA SU CUMPLIMIENTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal por dilaciones procesales hasta lograr la emisión del laudo, los efectos de dicha concesión deben atender a la naturaleza de las violaciones reclamadas, para poder establecer un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, si el Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído cumplieran con la sentencia de amparo, ello torna jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la sentencia protectora dentro del plazo exigido. Esto es así, porque los términos consignados en cada etapa del procedimiento laboral son incompatibles con los tres días otorgados para acatar el fallo protector; en consecuencia, cuando la concesión del amparo abarca una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo, debe considerarse esa circunstancia, para que el Juez de amparo precise el término prudente que debe otorgar en el requerimiento que se formule a la autoridad para cumplimentar la ejecutoria, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento, ello conforme al artículo 77, fracción II, en relación con los diversos 192, último párrafo y 211, párrafo tercero, de la Ley de Amparo." Notifíquese.

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