Sabas Anselmo Romero

Expediente 716/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
716/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Sabas Anselmo Romero

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de la autoridad responsable, Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, firmado conjuntamente con el Secretario de Acuerdos; en atención a su contenido, téngaseles acusando recibo del expediente administrativo 695/21-27-01-4, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al haberse desechado la demanda de derechos que dio origen al expediente en que se actúa; además de no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del acuerdo citado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, registrado en la oficialía de partes con el número 5009/2022, por cual devuelve el exhorto 30/2022, del índice de este tribunal, diligenciado en sus términos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, visto el estado de autos, de los cuales se advierte, que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que el quejoso Sabás Anselmo Romero, impugnara la resolución de veintitrés de junio del año en curso, por la cual este tribunal desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida en contra de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponceña, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 695/21-27-01-4; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables, y devuélvase el expediente administrativo 695/21-27-01-4 a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En atención a su contenido, se tiene conocimiento que el exhorto 30/2022, del índice de este tribunal se radicó en aquél órgano jurisdiccional el treinta de junio pasado y se ordenó diligenciar en sus términos. De lo cual quedo esterado. En su oportunidad, díctese el acuerdo que corresponda.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el oficio de cuenta, del Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley, registrado en oficialía de partes con el número 3535/2022, a través del cual remite el original del escrito de demanda de amparo con certificación, promovida por Sabás Anselmo Romero, por propio derecho, parte opositora en el sumario de origen, diverso escrito del quejoso, anexo simple en once fojas, acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, oficio 27-1-1-27931/22, con el que se rinde informe justificado, constancia de emplazamiento en cuatro fojas, así como el expediente 695/21-27-01-4, constante de mil novecientas veinticinco fojas, según su folio; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). En el caso a estudio el suscrito estima, que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado, es menester precisar que el solicitante del amparo Sabás Anselmo Romero, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: La Sala Regional de Hidalgo del TFJA, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, México, en su resolución de 4 de octubre del 2021 (.) Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte, que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley, de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó desechar la demanda de nulidad promovida por el ahora quejoso por notoriamente improcedente. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte esencialmente, que el quejoso reclama el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad promovida, determinación que no se puede considerar como una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, dado que en su contra es procedente el recurso de reclamación, en términos de los artículos 58-3, 58-8, en relación con el diverso 59 y demás relativos aplicables al caso concreto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, medio de impugnación que es necesario agotar antes de promover el juicio de amparo, como lo dispone la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis 2ª./J. 116/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 617, Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen. "RECURSO DE RECLAMACIÓN. PLAZO PARA INTERPONERLO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA LA DEMANDA DE NULIDAD TRAMITADA EN LA VÍA SUMARIA, POR EXTEMPORÁNEA. Conforme al primer párrafo del artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de reclamación contra el acuerdo por el que se desecha una demanda de nulidad tramitada en la vía sumaria, debe interponerse en el plazo de 5 días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la resolución recurrida, de lo que se sigue que el legislador sí definió el plazo para interponer dicho recurso, al precisar que sería de 5 días y que transcurrirían a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución correspondiente. Por tanto, en el supuesto de que se deseche la demanda de nulidad tramitada en la vía sumaria por extemporánea, aun cuando se cuestione la conclusión de la Sala Fiscal responsable de que el juicio debía tramitarse en la vía ordinaria, al existir una determinación judicial de la vía, que si bien puede ser recurrida, lo cierto es que rige el caso concreto hasta en tanto no se modifique por virtud del medio de impugnación; de ahí que, como las normas procesales son imperativas y no potestativas, el promovente debe sujetar la interposición del recurso de reclamación al plazo regulado por la vía sumaria, siempre y cuando éste se le hubiere informado expresamente". Asimismo es aplicable, la tesis XXVII. 1º. J/1, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1426, Tomo II, Libro 17, Abril de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA. El análisis de la legalidad -en el recurso de reclamación mencionado- del acuerdo que tiene por no presentada la demanda, cuando constituye la consecuencia de una prevención contenida en un proveído anterior, no puede acotarse a los motivos y fundamentos que se expresan en aquél, sino que comprende a la propia resolución que le da origen y sustento, de lo contrario, se violaría el derecho de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo recurrido no constituye una cuestión diversa del ejercicio de ponderación del Magistrado instructor para verificar si se cumplió o no el requerimiento por él emitido, pues éste puede, incluso, carecer de sustento legal. Lo anterior se apoya, además, en que el acuerdo de prevención no es impugnable, por sí solo, vía el recurso referido, que constituye el medio de defensa ordinario para dirimir las cuestiones que se susciten en el devenir de la instrucción del juicio contencioso administrativo federal, y en que acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto se reserva contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual excluye a las cuestiones meramente procesales, máxime que los medios de impugnación son creados por el legislador con la finalidad de otorgar a los justiciables elementos que faciliten la defensa de sus derechos, por lo que no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, obstaculicen esa defensa". En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Sabás Anselmo Romero, por propio derecho, en contra de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 695/21-27-01-4. Notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso Sabás Anselmo Romero, en el domicilio QUE PARA TALES EFECTOS SEÑALA EN LA DEMANDA DE AMPARO, ubicado en CALLE JUÁREZ, SIN NÚMERO, CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, en consecuencia, y toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con apoyo en los artículos 289, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3° de dicho cuerpo de leyes, así como 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto al Tribunal Colegiado en turno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este órgano colegiado, notifique personalmente el presente acuerdo al quejoso Sabás Anselmo Romero. Con base en lo establecido por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles para realizar la notificación referida en el párrafo que antecede. Se solicita atentamente al Tribunal Colegiado exhortado, se sirva enviar las constancias relativas a la notificación practicada a la brevedad posible, mediante interconexión. Realizado lo anterior, díctese el acuerdo correspondiente. De conformidad con la fracción II, del artículo 22 del Acuerdo General citado, se tiene como números telefónicos y correo electrónico los proporcionados, a efecto de establecer comunicaciones no procesales. En el momento procesal oportuno, devuélvanse los autos remitidos a su lugar de origen y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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