Saade Zablah Ale Mohammad

Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
954/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Saade Zablah Ale Mohammad
  • SAADE ZABLAH ALE MOHAMMAD y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda, lo anterior para los efectos legales conducentes. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del caso, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de uno de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por conocimiento previo de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el escrito de la parte quejosa, con el cual desahoga la prevención formulada en autos; en ese sentido se provee: CONSIDERACIONES I. Atendiendo a la naturaleza del acto que se le atribuye a la autoridad señalada como responsable, el suscrito estima que carece de competencia legal para examinar su constitucionalidad, de conformidad con la fracción IV del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "ARTICULO 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: [..] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; [.]." Del numeral transcrito se colige que los juicios de amparo promovidos contra actos de autoridad distinta a la judicial, serán del conocimiento de los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa; es decir, en estos casos, el tipo de autoridad que señale emitió el acto reclamado, define la competencia. Por lo que atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes, se obtiene en razón de la naturaleza del bien regulado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.100 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." De la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierte que la parte quejosa reclama únicamente la orden de cancelación por caducidad de anotaciones preventivas que le atribuye al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Entonces, de acuerdo a la autoridad responsable y el acto que se le imputa en esta instancia constitucional, no se actualiza ninguna de las hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, ya que el juicio de que se trata, no se promovió contra una resolución del orden civil o contra una ley en esta materia. En efecto, de conformidad con las disposiciones de la Ley Registral para la Ciudad de México, en sus artículos 1º, 2º y 3º, fracción VIII y XII, de la Ley Registral para esta Ciudad, disponen lo siguiente: "Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las disposiciones legales que regulan el proceso registral del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para la Ciudad de México." "Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. El Registro Público de la Propiedad proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de los trámites que tiene encomendados. Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro Público de la Propiedad de forma accesible para los ciudadanos." "Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) VIII. Folio Real: Conjunto de asientos realizados de manera física o electrónica referidos a una finca o inmueble, ya sea electrónico o cartular. Número de Entrada: Medio asignado para identificar un trámite en cualquier etapa del procedimiento registral, conformado por el número ordinal, fecha y hora que le corresponda al ser presentado; XII Solicitud de Entrada y Trámite: Formato de control interno, físico o electrónico, que debe acompañar a cada documento presentado ante el Registro; (.)" Por su parte, el reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en sus artículos 1º y 2º señala: "Artículo 1o. El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual el Gobierno del Distrito Federal proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la Ley, precisan de este requisito para surtir efectos ante terceros. Artículo 2o. El Registro Público de la Propiedad es la institución del Departamento del Distrito Federal, a la cual está encomendada el desempeño de la función registral, en todos sus órdenes, con arreglo a las prevenciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de este Reglamento y demás disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas encaminadas al ejercicio de dicha función." De lo antes transcrito se advierte que la Ley Registral de la Ciudad de México tiene por objeto regular los procesos encomendados al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. En ese sentido, es dable concluir que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, para efectos de la Ley de Amparo, no puede considerarse como una autoridad judicial, puesto que sus funciones y naturaleza, la ubican como un auxiliar de la administración pública de esta Ciudad; lo anterior no obstante que efectivamente apoya en trámites y procesos civiles, en cuyo caso sí podría estimarse la competencia a favor de un Juez Federal especializado en tal materia, no así cuando se le reclaman actos autónomos y su regulación, como en el caso acontece. Establecido lo anterior, debe decirse que el acto reclamado es de naturaleza administrativa; pues la orden de cancelación por caducidad de anotaciones preventivas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, no deriva del proceso civil, sino de la actividad propia del Registro citado, es decir, que el reclamo no emana del proceso, sino de la actividad administrativa. Además en el escrito de cuenta, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado es únicamente el acto adminsitrativo. De ahí que, a juicio del suscrito, el acto reclamado se ubica en las hipótesis de la fracción IV, del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por tanto, es competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, porque el acto es emitido por una autoridad distinta a la judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 2a. LXXIII/2011, de la Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, en Materia Común, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA TRASLATIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES EMBARGADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora bien, cuando se promueve un amparo contra la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de una escritura traslativa de dominio en bienes embargados en un juicio ejecutivo mercantil, sin reclamar alguna actuación derivada de éste ni señalar como responsable a una autoridad jurisdiccional de carácter civil, es evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa." Asimismo, se cita al respecto, por analogía, la tesis I.3o.C.868 C, de la Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2911, en Materias Civil, Administrativa, que dice: "COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONTRA ACTOS RELATIVOS AL ASIENTO Y REGISTRO INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PROVENIENTES DE AUTORIDAD MINISTERIAL. Para decidir la competencia de un Juez de Distrito de amparo especializado por materia, en términos de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe atenderse a la materialidad o naturaleza intrínseca de su objeto, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o bien jurídico tutelado determinado, que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral y al origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada. De ese modo, cuando en una demanda de amparo se reclaman actos relacionados con el asiento e inscripción en el Registro Público de la Propiedad que se apoya, entre otros motivos, en una averiguación previa que incide sobre el derecho real relacionado con esa inscripción y no se trata de un acto que afecta la libertad del quejoso, no se surte la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo a favor de un Juez de Distrito en materia de amparo penal. En efecto, para resolver un conflicto competencial debe atenderse preponderantemente a la autoridad que emitió el acto y a la naturaleza del acto reclamado, y por así venir determinado por las reglas de competencia, los hechos que sirven de antecedente al acto e inclusive los anexos, lo cual implica un examen integral de la demanda. De ese análisis integral deriva la naturaleza de la autoridad a la que se atribuye el principal acto reclamado, y también opera una vinculación con una averiguación previa en la que necesariamente interviene un Ministerio Público; por lo cual debe atenderse a la regla que incide en el acto y autoridad principal para la asignación de la competencia. Entonces, el criterio que sirve para decidir la competencia se encuentra contenido en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que corresponde conocer a un Juez de Distrito en materia administrativa, de los juicios de amparo que se promuevan contra una autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y amparo contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal, a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo 51, porque incluso el acto que pudiera derivar de la averiguación previa no incide en la libertad. Máxime que de las normas que regulan la competencia del Juez de Distrito en materia de amparo penal no existe una regla o vis atractiva, que excluya al Juez de amparo administrativo sino que está circunscrita a los casos en que el acto reclamado sea de naturaleza penal o la autoridad tenga materialmente ese carácter. Esto es así, porque la ley estableció una fuerza atractiva de la competencia en materia administrativa respecto de los actos provenientes de una autoridad distinta de la judicial, con las excepciones, en materia penal, de la extradición y del amparo promovido contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, o que afectan la libertad o el acto sea materialmente penal; y es evidente que si no es autoridad judicial, no puede ser del conocimiento del Juez de amparo civil." También se aplica, por razón de identidad jurídica, la tesis III.3o.A.16 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, número de registro 2006764, localizable en la misma fuente, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1617, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE NATURALEZA AGRARIA RECLAMADOS A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando el quejoso reclama actos de naturaleza agraria a autoridades administrativas, la competencia para conocer del amparo indirecto contra éstos corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, con fundamento en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por ende, es inaplicable la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 54 del propio ordenamiento, relativa a la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil. Sin que sea relevante que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo excluya a la materia agraria, en razón de que se refiere a su regulación específica, lo que es distinto a lo previsto en la ley orgánica mencionada respecto de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de inmediato; remítase la demanda y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que la haga llegar al juez de distrito de esa materia, que por turno corresponda, a quien se requiere se sirva comunicar a este juzgado, en su oportunidad, si aceptó o no la competencia planteada y, en su caso, acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, con copia certificada de la demanda, escrito aclaratorio y de este auto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo formulada por ..., contra actos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. SEGUNDO. Sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, ni de la suspensión, remítase el original de dicha demanda, escrito aclaratorio y sus copias de traslado, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en Turno, para que se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, acuse el recibo de estilo correspondiente. TERCERO. Con copia certificada de la demanda, escrito aclaratorio y del presente auto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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