S. de J.A . y Otros.
Expediente 1188/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1188/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- S. de J.A . y Otros.
- S. de J.A .
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de febrero de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a la parte tercera interesada por proveído dictado el quince de enero del año en curso, a fin que se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable; por lo tanto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo, la cual se fija de manera discrecional, atento a las cargas de trabajo de este Juzgado y la disponibilidad de fechas en la agenda respectiva, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se hizo efectivo el apercibimiento al tercero interesado **********, en el juicio de amparo ********** del que deriva este incidente, ordenando efectuarle por lista de acuerdos las notificaciones; incluso las de carácter personal, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, notifíquesele por lista de acuerdos el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en este expediente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. En cumplimiento a lo anterior, se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de demanda y la copia de la diligencia de cuenta, se da trámite por duplicado al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, promovido por ********** en representación de sus menores hijos de iniciales ********** y **********, contra actos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, por duplicado, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, computado legalmente, anexándole para tal efecto copia de la demanda de amparo. Se le apercibe en el sentido que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, sino que además origina la imposición de una multa, conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I de la Ley invocada. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo." HIPÓTESIS NORMATIVA a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa). c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Adicionalmente, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida y que con el otorgamiento de esta medida no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, en relación con las determinaciones en las que se encuentran involucrados derechos de menores, el artículo 4° constitucional establece un imperativo al Estado, a través de sus diversas autoridades, incluidas las de índole jurisdiccional, de velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, lo que implica que para resolver cualquier controversia en la que se ve involucrado un menor de edad, el juzgador debe tomar conciencia que el menor, debido a su falta de madurez, es un ser vulnerable que requiere de una protección legal reforzada, a fin de hacer que alcance su mayor y mejor desarrollo a través del respeto de sus derechos y, por ende, de su dignidad, ya que ésta es la base de ellos. Tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006011 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 28 de marzo de 2014 10:03 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Así, el interés superior de la infancia implica conocer cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a favor de la niñez, a fin de que éstos se interpreten y apliquen en forma adecuada; es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes; en ese sentido, debe tenerse presente que entre los derechos reconocidos en pro de la infancia, se encuentran los establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en sus artículos 3.2, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 12.1, 18.1, 18.2, 19.1 y 19.2, establece lo siguiente: "Artículo 3. (.) 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.) Artículo 8. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. (.) Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. (.) Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. (.) Artículo 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. (.) Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial." Los numerales transcritos establecen que un derecho primordial de los menores radica en no ser separado de sus padres, a menos que tal separación sea necesaria, acorde al interés superior del niño. Así, cuando un menor vive separado de uno de sus padres, necesariamente debe establecerse un régimen de visitas y convivencias entre ellos, en tanto que dicho menor tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de un modo regular con el que no ejerce su guarda y custodia, que sólo debe restringirse o suspenderse cuando el interés superior del menor así lo mande, como en el caso que deba ser protegido de cualquier forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. No obstante, como el interés superior del menor también dicta que los menores de edad tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres, así como a mantener relaciones familiares con ellos, dicha medida sólo debe adoptarse en casos que realmente ameriten esa separación. HECHOS De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: 1) La orden emitida por la Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, en el expediente ********** mediante la cual modificó los días de convivencia decretados para los menores y su progenitor mediante sentencia firme, sin que se haya escuchado a los menores en audiencia previa. En relación con el acto destacado, los promoventes expresan que el progenitor nunca los ha buscado y que el menor de escasos tres años no lo conoce, ya que aún no nacía cuando los abandonó. También refieren que su progenitor no cumplió con la convivencia estipulada mediante la sentencia dictada en el controvertido de origen, que tienen tres años de no saber de él, que el menor que cuenta con la edad de tres años no lo conoce, aunado a que aducen que es violento, agresivo y posesivo, que vive con otra familia y que a la menor de trece años le ha manifestado que a ella y a su hermano no los quiere. Además, resulta un hecho notorio acorde con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el informe que rindió la autoridad responsable en el juicio principal aclarando que en el expediente ********** de su índice por autos de cuatro de octubre y de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se modificaron los términos de la convivencia entre los menores y su progenitor. CONCLUSIÓN Para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional solicitada este juzgado atiende a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa formuló en su demanda de amparo, mismas que constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser los únicos elementos con que se cuenta, así como el informe invocado como hecho notorio, con valor probatorio pleno acorde con los artículos 129 y 202 del Código invocado. En ese contexto, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para el único efecto que se mantengan las cosas en el estado que guardan y que de no haber ocurrido ya, no se ejecuten los autos de cuatro de octubre y veintiuno de noviembre del año en curso, dictados en el expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, hasta en tanto se resuelve lo conducente respecto de la suspensión definitiva. Lo anterior en virtud que de negarse la suspensión provisional se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, porque se podrían afectar los derechos de los menores de iniciales ********** y **********, como lo señala la fracción VIII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso las siguientes tesis: Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: "Registro No. 169457 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Página: 712 Tesis: P. XLV/2008 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios. Época: Novena Época Registro: 165659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Página: 315 "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." La medida cautelar surte sus efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, dada la naturaleza del acto que en la especie se reclama. CONSTANCIAS PARA RESOLVER EN DEFINITIVA A efecto de estar en aptitud de contar con mayores elementos para resolver sobre la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, para que en el término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de los proveídos de cuatro de octubre y de veintiuno de noviembre del año en curso, que dictó en el expediente ********** de su índice, así como de aquellas actuaciones que tomó en consideración para su emisión; apercibido que de no cumplir o no informar la imposibilidad legal que tenga para hacerlo, podrá hacerse acreedor a una multa por el valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la diligencia de cuenta. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, debido a que tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Respecto de los demás autorizados señalados en proemio de la demanda se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en el juicio principal o transcurra el término otorgado para ello. NOTIFICACIÓN TERCERO INTERESADO Notifíquese personalmente esta determinación al tercero interesado **********, en el domicilio ubicado en **********. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 143/2000 Página: 23 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente incidente, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES En términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace de su conocimiento que en caso que ésta no exista con la denominación indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación oficial con ella. COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte que lo solicite copia certificada de este proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Notifíquese."
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que fue concedido a la citada tercera interesada mediante proveído de quince de enero del año en curso (foja 118), a fin que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho, por lo tanto, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le efectúen por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la representante de los menores quejosos, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución interlocutoria emitida en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86, 88, 89 y 92 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, por lo que se ordena agregar copia simple del referido escrito a los presentes autos y distribuir entre las partes las demás copias. Una vez que se encuentre debidamente integrado el asunto en el plazo legal (tres días), remítase el original del cuaderno incidental, con el original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Se instruye a los actuarios para que efectúen la notificación del presente auto a las partes y les corran traslado con copia del escrito de expresión de agravios en comento. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
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