Ruvisel Bello Balbuena y/o Rubicel Bello Balbuena y Otros.
Expediente 1366/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Ruvisel Bello Balbuena y/o Rubicel Bello Balbuena y Otros.
- Ruvisel Bello Balbuena y/o Rubicel Bello Balbuena
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Sexto Circuito en el que remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja ** de su índice, dese a conocer a las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ** y/o ** en contra del acuerdo dictado el tres de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, devuelve el original del presente juicio de amparo, que se le envió para la substanciación de dicho medio de impugnación. En tales condiciones, acúsese recibo del oficio, testimonio y expediente original correspondiente al juicio de amparo **, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Derivado de lo anterior, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista artículo 20 fracción IV, de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es destruible, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada.
- Principal
Agréguense a autos los oficios y anexo de cuenta, para que surtan efectos legales. Por lo que toca al oficio y anexo del Tribunal de Arbitraje del estado de Puebla, se tiene por exhibida la diligencia de requerimiento de pago y embargo y la de reinstalación efectuadas el quince de agosto de dos mil veintitrés, la primera sin haberse materializado el pago y embargo, porque la demandada adujo estar gestionándolo, sin justificarlo y tampoco trabado embargo, pese a haberlo solicitado el actor y precisado la cuenta bancaria en la cual ejecutarlo, pues el actuario nada asentó al respecto, solo lo expresado por el actor; por otra parte, la diligencia de reinstalación se tuvo por efectuada, exhibida la orden de adscripción del puesto de trabajo del actor, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la que consta que el apoderado de la demandada sostuvo que de no presentarse el actor, se tendría como cese. Sin embargo, en este aspecto debe precisarse que no es propiamente una reinstalación, pues la diligencia debe efectuarse en el centro de trabajo, levantarse el acta correspondiente, en la que conste la puesta efectiva en la fuente de trabajo. Por otra parte, remite acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que el tribunal da cuenta con el resultado de las diligencias mencionadas, adujo que la gestión de la demandada y el oficio que exhibió no puede tenerse como una acción real para materializar la reinstalación, por lo que giró oficio a la Dirección de Recaudación de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que se haga efectiva la multa determinada impuesta a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, cuyo apercibimiento hizo en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, señaló las trece horas del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para la diligencia de requerimiento de pago, requirió nuevamente a la parte demandada para que realice lo pertinente para concretar el pago al actor, con los apercibimientos precisados, esto es, giro oficio por segunda ocasión a la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que en veinticuatro horas, informe la gestión hecha para allegarse del recurso para hacer el pago al actor, sin acompañar los acuses de recibido de los aludidos oficios que ordenó girar. Ahora bien, en este punto resalta que el Tribunal responsable, manifiesta en el oficio que se acuerda (no en acuerdo proveído en el juicio), que la ley burocrática estatal no prevé la figura jurídica del embargo, que si hubiera querido hacerlo, el legislador lo hubiera plasmado, por lo que afirma que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable supletoriamente. En este punto, cabe resaltar que en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, al dar cuenta con las diligencias practicadas, no proveyó la petición del actor hecha en la diligencia de requerimiento de pago, sobre el embargo solicitado, lo cual es necesario que determine, en concreta aplicación de la ley supletoria, que como lo expone en el oficio de cuenta, se prevé en la ley burocrática que cita, artículo 11, para que el actor pueda manifestar lo que a su derecho corresponda. En tal sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, al en que este proveído le sea notificado y surta efecto, remita acuerdo en el que conste que acordó la petición hecha por la parte actora en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se ordenó materializar, pues fue omisa en acordar conforme a derecho sobre lo pedido por el interesado en la propia diligencia, según acta levantada (se trabara embargo en la cuenta bancaria indicada), además justifique que solicitó al centro de trabajo del actor el acta de reinstalación levantada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, pues según la orden de adscripción exhibida por el apoderado de la demanda el quince de agosto de este año, surtiría efectos el citado dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (al día siguiente) y debía presentarse ese día, acta que debe reunir los requisitos mínimos necesarios de reinstalación, y exhiba los acuses de recibo de los oficios que ordenó girar en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y de la notificación hecha a las partes. Se precisa al Tribunal responsable, que una vez que las autoridades requeridas hayan dado respuesta a lo solicitado, en el citado auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la multa que hiso efectiva y la gestión para allegarse del recurso para el pago al actor, a cuya dependencia otorgó veinticuatro horas, las remita a este juzgado federal. También se le reitera al tribunal responsable, que en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, al que aludió dar cumplimiento en oficio de cuenta, se le advirtió que de no efectuarse el pago en la diligencia de requerimiento, se trabara embargo, para lo cual no debía poner obstáculos al actor ejecutante, y hacerlo constar en el acta que levantara, pues se le recordaba, que desde el auto de catorce de julio de este año, se le tuvo informando la fecha para su desahogo, por lo tanto contó con tiempo suficiente para preparar, como es su obligación y facultad, la diligencia para evitar cualquier deficiencia o yerro en su desahogo, y que en la diligencia de reinstalación deberían colmarse los elementos que citó en el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, esto es, evitara cometer irregularidades, pues sus actuaciones deficientes han retardado el cumplimiento; lo cual, como se apuntó incumple nuevamente al realizarlo con deficiencias y omisiones indicadas. En las relatadas condiciones, por última ocasión se le apercibe que debe acatar de manera íntegra el cumplimiento, que por primera ocasión se le requirió el once de noviembre de dos mil veintidós. Por otra parte, si bien en oficio de cuenta, el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, dice que se ha encontrado responsables a los servidores públicos encargados de cumplir con lo pedido para ejecutar el laudo, del catorce de febrero de dos mil veintidós al veintidós de enero de dos mil veintitrés, no justifica la gestión hecha en relación a la responsabilidad presunta de los encargados de cumplir en los meses posteriores al período que indica hasta la actualidad, pues a la fecha no se ha acatado en su integridad la ejecutoria de amparo, pese a múltiples requerimientos, pues la dependencia estatal demandada no ha cubierto el pago íntegro requerido, ni reinstalado de manera legal al actor, por lo que su investigación es incompleta. Por lo tanto, se requiere al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la gestión concreta emitida en la investigación iniciada, bajo el número de expediente 120/2023 de su índice, pues afirma que remitidos los expedientes laborales de los servidores públicos involucrados dictaría Acuerdo de responsabilidad, sin que acredite su solicitud, tampoco actuación respecto a los omisos de cumplir a partir de enero de dos mil veintitrés a la fecha, lo cual debe acreditar. En el entendido a ambas autoridades requeridas, que subsisten los apercibimientos hechos en autos, precisados en el que precede, que se harán efectivos de continuar con actos evasivos, que son aquéllos que se dan de manera irregular o incompletos, puesto que no concretan el cumplimiento.
- Principal
Agréguese a los autos la copia para conocimiento del oficio de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "2", con sede en Puebla, por la que informa que remitió el oficio 28332/2023, que contiene la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, al Administrador Desconcentrado de Jurídica de Puebla "2", por tratarse de un asunto que le compete a dicha autoridad; de lo que este juzgado toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el presente expediente la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y, Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ACTOS RECLAMADOS: La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CAMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos s y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023, entrando en vigor el 03 de marzo del 2023. En ese sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagradas en los artículos 1º, 4º, 5º, 14, 16, 25, 34, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la OEA y la OIT. Al respecto, esta Juzgadora de amparo considera de manera oficiosa, que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución; y en el caso se tiene que en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, el Máximo Tribunal declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés; aquí reclamado. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: Que se impugnen normas generales. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución. Elementos que se encuentran plenamente satisfechos en tanto a que en este juicio de amparo se reclaman la citada norma declarada inválida en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que obste a lo anterior que aún no se tenga noticia respecto de la publicación del engrose de la resolución emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, toda vez que ello no es un requisito que establezca la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que lo relevante es que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica de que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin que obste a lo anterior el hecho que, en la tesis en cita refiere que la suscrita se encuentra obligada a aplicar el criterio sostenido con motivo de la declaratoria de invalidez; sin embargo, en el caso, dada la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que la única consecuencia de dicha aplicación será la de tener como removidas del sistema jurídico las normas reclamadas; sin que para ello, resulte necesario proveer sobre la aplicación del criterio sostenido, con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, cabe precisar que las normas impugnadas se reclamaron con el carácter de autoaplicativas, por lo que, con independencia de la conclusión anterior, no pasa desapercibido para la suscrita que la parte quejosa no demostró una afectación a su esfera jurídica, ya que reclama la norma en su carácter de autoaplicativa, además, de un pretendido acto de aplicación, sin que se haya acreditado la existencia del mismo. Por lo cual, no se advierte una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ya que, por una parte, fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez, y por otra, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. Cuestión que también se corrobora con el comunicado de prensa 222/2023, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encentra visible en la página web oficial y es del tenor literal siguiente: "Comunicados de Prensa No. 222/2023 Ciudad de México, a 22 de junio de 2023 INVALIDA LA CORTE LA SEGUNDA PARTE DEL PAQUETE DE REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES 2022-2023 POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO El pleno determinó que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, relacionados con el principio de deliberación democrática La jurisprudencia de la Corte ha establecido que, necesariamente, en el proceso legislativo se debe de garantizar la participación plural e igualitaria de todos los grupos representados en el Congreso El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023. La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023. La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. Acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el partido político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023. Ponente: Ministro ***. Secretario: ***." De ahí que se concluye que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, lo que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, DIEZ HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese la presente determinación al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con motivo de la tramitación del recurso de queja 221/2023 de su índice, para los efectos legales a que haya lugar.
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