Rutilo Torres Tolentino

Expediente 1501/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1501/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • Rutilo Torres Tolentino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada por el este Juzgado Federal, con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Audiencia Constitucional En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y tres minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1501/2016, promovido por Rutilo Torres Tolentino, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Luego, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 206494, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." En seguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y se abre el periodo probatorio en la presente audiencia. Acto continuo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que como anexo remitió la autoridad responsable, misma que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda Ahora, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. En esas condiciones, se cierra el período de alegatos de esta audiencia y al no haber diligencia que practicar ni escrito por acordar, se da por concluida la presente audiencia y se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1501/2016, promovido por Rutilo Torres Tolentino, por su propio derecho, y: R E S U L T A N D O Único. Presentación de la demanda y trámite del juicio de amparo. Mediante escrito recibido el uno de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; Rutilo Torres Tolentino, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que en su demanda indicó. En acuerdo de dos de septiembre del presente año este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, por lo que: C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclaman actos de autoridades penitenciarias que tienen su residencia en el lugar donde ejerce su jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, por lo que debe analizarse íntegramente el escrito de demanda a fin de atender lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo, ello a fin de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 192097, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo así como de las constancias anexas al informe justificado, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional a las autoridades responsables I) Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; y, II) Encargado del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; ambas con residencia en Ayala, Morelos, se hacen consistir en: 1. La falta de atención y valoración médica, así como la omisión de entregarle diversos medicamentos y artículos personales proporcionados por su familia. Actos que la parte quejosa considera violatorios de los artículos 1°, 4°, 17, 18 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, en relación al caso concreto, resultan ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues a pesar de que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial los negó al rendir su informe justificado, tal negativa se desvirtúa con el análisis de las razones y circunstancias que ahí expuso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado; documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Por ser un tema de orden público y estudio preferente a la cuestión de fondo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de garantías se procede a analizar las causas de improcedencia. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con las causas de improcedencia que se adviertan de oficio, que este hecho constituya una obligación para el juez de Distrito de notificar a la parte quejosa la actualización de una de ellas para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que solo existe esa obligación en tratándose de los juicios de amparo indirecto en revisión y en el recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro electrónico 2005263, que dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Luego, una vez analizadas las constancias que integran los autos, este juzgado de Distrito estima que el juicio de amparo que se resuelve es improcedente y en consecuencia debe sobreseerse, por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." En efecto, como se precisó en el segundo considerando de la presente resolución, los actos reclamados consisten en la falta de atención y valoración médica, así como la omisión de entregarle a Rutilo Torres Tolentino diversos medicamentos y artículos personales proporcionados por su familia; actos atribuidos a autoridades del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, lugar donde se encontraba recluido el citado quejoso al momento de promover su demanda de amparo. Sin embargo, el director de dicho centro de rehabilitación, mediante oficio recibido el trece e octubre del año en curso (fojas 45 a 49), informó a este juzgado de Distrito que en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, el ocho de octubre del año en curso dejó en libertad a Rutilo Torres Tolentino; lo que acreditó con copia certificada del oficio condigno y del acta administrativa 90/2016 en la cual se hizo constar la puesta en libertad del referido quejoso. Documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Entonces, aun en el caso de que este órgano jurisdiccional estimara que los actos reclamados violaron derechos fundamentales del referido quejoso y, por consiguiente, concediera la protección constitucional, el restablecer a Rutilo Torres Tolentino en el goce de los derechos transgredidos se volvería materialmente imposible, pues ya no está bajo la custodia de la autoridad responsable; es decir, no tendría efecto jurídico alguno la sentencia amparadora. En ese orden de ideas, es evidente que incluso subsistiendo los actos reclamados los mismos no pueden surtir efecto legal por haber dejado de existir su objeto, ello al haber quedado en libertad el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 173858, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por consiguiente, debido a que la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de existir, por no poder restituirse al gobernado en el goce del derecho fundamental conculcado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley en cita, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, no sobra decir que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda, sin embargo ello no genera agravio a la parte quejosa porque, se itera, aquella cuestión es de orden público y estudio preferente. Cabe invocar al respecto la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación identificada con el registro electrónico 214593, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Quinto. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rutilo Torres Tolentino, por su propio derecho, contra la falta de atención y valoración médica, así como la omisión de entregarle diversos medicamentos y artículos personales proporcionados por su familia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Jorge Carenzo Rivas, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se señalaron las diez horas con tres minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional, el cual resulta ser un día inhábil, de acuerdo con la Circular 29/2016, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.En consecuencia, se fijan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional; lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes.Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio número 3923, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la Cuautla Morelos, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho número de orden 1584/2016 del índice de este juzgado federal, deducido del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, tomando en consideración, que de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte la razón actuarial de doce de octubre del año en curso, en la cual se manifiesta la imposibilidad de notificar al directo quejoso ********************, toda vez que con fecha ocho de octubre actual, egresó del CEFEREPSI por haber obtenido su libertad por beneficio de libertad anticipada; en consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido por los artículos 26, fracción III, y 27, inciso c), ambos de la Ley de Amparo, hágase a la parte quejosa la notificación del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto se señale nuevo domicilio, lo anterior para los efecto legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano