Rutilio González López

Expediente 1714/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1714/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Rutilio González López
  • Junta Especial Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1714/2016-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de mayo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...PRIMERO.- SE SOBRESEE...SEGUNDO.DÉSE CUMPLIMIENTO...

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1714/2016-II-B, promovido por Rutilio Gonzáles López, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Rutilio Gonzáles López, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de seis siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión. Por ejecutoria de seis de abril de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento para celebrar nuevamente la audiencia constitucional y dictar sentencia. En cumplimiento a la ejecutoria, por auto de dieciocho de abril actual se fijaron las doce horas con dos minutos del veintisiete siguiente para celebrar la audiencia constitucional. Ante el asomo de una causal de improcedencia, por auto de veintisiete de abril se solicitaron constancias a la autoridad responsable, lo que motivó el diferimiento de la audiencia y el señalamiento de las once horas con dos minutos del quince de mayo actual, para su celebración. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual, carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: La omisión de tramitar y resolver el recurso de revisión de actos de ejecución promovido el diez de agosto de dos mil quince, en el conflicto laboral 01/905/07. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Al rendir el informe justificado, el presidente de la Junta aceptó la existencia del acto reclamado (foja 30). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causas de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio de amparo es improcedente. La improcedencia se funda en la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El presidente de la Junta aportó como prueba, copia certificada de diversas constancias del conflicto laboral 01/905/07 (fojas 33 a 37 y 123 a 141); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Examinadas en conjunto, las referidas constancias demuestran los siguientes hechos. El diez de agosto de dos mil quince, la parte actora, aquí quejosa, promovió revisión de actos de ejecución en el juicio 01/905/07. Dicho escrito fue registrado con folio 004393 (fojas 33 a 35). Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, la Junta proveyó la referida promoción (foja 36). Al respecto, tuvo a la parte actora interponiendo recurso de revisión y fijó las doce horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. La audiencia no se desahogó el veintitrés de noviembre pasado, ni en las sucesivas fechas, a saber, siete de diciembre siguiente y diecinueve de enero del año en curso (fojas 123, 124 y 125); antes lo fue hasta el veintitrés de febrero actual (foja 135). En efecto, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el presidente de la Junta tuvo por celebrada la audiencia incidental de revisión, pero reservó su resolución para mejor proveer. Luego, el siete de marzo de dos mil diecisiete, los integrantes de la Junta declararon improcedente la revisión de actos de ejecución promovida por la parte actora el diez de agosto de dos mil quince (fojas 136 a 138). Dicha resolución fue notificada a la parte demandada el veintiocho de marzo actual (foja 139). A la parte actora lo fue el tres de abril del año en curso (foja 140). Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Lo anterior se sustenta en las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. A la instauración del juicio de amparo, la omisión reclamada existía, porque la promoción 004393 (por la que la parte quejosa interpuso la revisión), no había sido acordada. Sin embargo, como quedó apuntado, el recurso fue admitido a trámite por acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, substanciado y resuelto el siete de marzo de dos mil diecisiete. Incluso, la resolución fue notificada a la parte quejosa el siete de abril actual, como también lo fue a la parte demandada el veintiocho de marzo. Luego, los actos positivos desplegados por la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de substanciar la revisión, resolverla y notificar la correspondiente interlocutoria a las partes, trajo consigo la cesación de efectos del acto reclamado, pues los destruyó de forma total e incondicional, de hecho, como si hubiera sido otorgado el amparo, ya que, se reitera, la autoridad laboral substanció, resolvió el recurso y notificó su decisión a las partes. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica del quejoso, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pag. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No se examinan la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de la autoridad laboral en la substanciación del recurso de revisión, ni de la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete y su notificación, porque ello no forma parte de la litis. Lo anterior no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por tanto, a nada práctico conduciría estudiar los alegatos formulados por la parte tercera interesada, que plantean la improcedencia del juicio de amparo. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rutilio Gonzáles López, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la JUNTA ESPECIAL TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 01/905/07 a partir del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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