Rutilio Domínguez Domínguez Y/O Rutilo DomìNguez DomìNguez
Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rutilio Domínguez Domínguez Y/O Rutilo DomìNguez DomìNguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito presentado por ***, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, y téngase autorizando para recibirlas a las personas señaladas en su escrito de cuenta, previa constancia que por su recibo se deje en autos. Para ello, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. En ese sentido, queda a cargo del promovente, por sí o por conducto de su autorizado, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para consultar expedientes, donde a su vez se le permitirá que la persona a cuyo nombre la solicita y en su caso otra persona autorizada en el expediente ingrese al órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente. Por tanto, se deja a su disposición el número celular 2223244462, que corresponde a Kenia Ávila Nani, Oficial judicial de juzgado, para sincronizar su recepción. Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento del promovente que en términos del artículo 36 párrafo segundo del Acuerdo General 12/2020, puede solicitar el acceso al expediente electrónico, lo cual le permite descargar en su equipo de cómputo copias de las constancias que obran en el expediente, las cuales son consideradas copias certificadas electrónicamente, siempre y cuando incluyan evidencia criptográfica.
- Principal
... Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, sin que realizaran manifestación en ese sentido; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para efectos de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del proceso penal 26/2008: Deje insubsistente, únicamente respecto del impetrante de amparo, la orden de aprehensión el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Emita otra en la cual, reitere que en autos está demostrado el cuerpo del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto en el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal para el Estado de Puebla y establezca que en autos no está evidenciada la probable responsabilidad del impetrante. Concesión del amparo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. Es de señalar que los lineamientos antes indicados deberán ser acatados una vez que esta sentencia cause ejecutoria y se requiera su cumplimiento, puesto que el delito que se le atribuye al impetrante es de aquellos que amerita prisión preventiva conforme el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, es decir, esta sentencia no surte efectos inmediatos al no actualizarse lo previsto en el artículo 77, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el veintiocho de junio de dos mil veintidós la autoridad jurisdiccional responsable realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada el dieciocho de marzo de dos mil nueve dentro de la causa penal 26/2008. Mediante el pliego consignatorio número 01/2008/DIEDO-1 remitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros, tuvo a dicho agente ejerciendo acción penal en contra de Rutilo o Rutilio Domínguez Domínguez como probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto en el artículo 302, fracciones I, II, III y IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Mario Castillo Zapata. Del análisis del material probatorio consignado, en el apartado correspondiente, tuvo por acreditado el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Posteriormente, en el punto octavo de dicha resolución, correspondiente a la probable responsabilidad penal, determinó no evidenciada la probable responsabilidad penal de Rutilo o Rutilio Domínguez Domínguez, en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracciones I, del Código de Defensa Social (abrogado) y artículo 69, inciso j), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social (abrogado) cometido en agravio de Mario Castillo Zapata. En consecuencia, resolvió negar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público en contra de Rutilo o Rutilio Domínguez Domínguez, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracciones I, del Código de Defensa Social (abrogado) y artículo 69, inciso j), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social (abrogado) cometido en agravio de Mario Castillo Zapata. Finalmente, ordenó comunicar dicha determinación mediante oficio al Fiscal General del Estado de Puebla a efecto de dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es DEPURABLE, de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General citado, porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años , contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación al cuaderno incidental, es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Finalmente, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo fue exhibida garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional, y que en el presente asunto se ha ordenado el archivo como totalmente concluido. Ahora bien, el artículo 156 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. En el caso, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 928166 en el incidente de suspensión, con la cual se tuvo satisfecha la garantía exigida por este juzgado al otorgarse la medida cautelar relativa, para respaldar que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad. Así también se observa juicio de garantías ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. Sin embargo, en la especie, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues con el billete de depósito no se garantizó daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, sino, como se dijo, que durante su vigencia el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que emitió el acto privativo de libertad, de manera que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la devolución del billete pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que, previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de la misma es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía, manifieste lo que a su interés convenga y, en el caso, como se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar, se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios En tales condiciones, requiérase a al quejoso Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, para que comparezca a recoger billete de depósito N 928166, expedido por Bansefi, el Banco que te incluye que ampara la cantidad de $10,000.00 M.N. (DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), apercibido que en caso de no comparecer en el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, la cantidad que ampara el aludido billete se entenderá prescrito a favor de la Tesorería de la Federación y se ordenará su remisión para que su importe sea ingresado al Erario Federal. REGLAS PARA DEVOLUCIÓN DEL BILLETE Para lo cual, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que dentro del término concedido comparezca Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez al desahogo de la diligencia de devolución del documento enunciado, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, por lo que se hace de su conocimiento que queda a cargo de la parte quejosa obtener la cita correspondiente (Código QR), pues no se trata de una diligencia que este juzgado deba programar. Hecho lo anterior, deberá informar al personal de este juzgado, vía telefónica, la hora y fecha generada para tal comparecencia, a fin de preparar la logística para su devolución. Por tanto, queda a su disposición el número telefónico 222 459 9743 de la secretaria de juzgado, Patricia Asucena Juárez Díaz a fin de que informe lo anterior, con la anticipación debida; en la inteligencia que de no hacerlo, deberá programar nuevamente su cita e informarla en la forma indicada. Finalmente, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte los comparecientes deberán atender los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, así como las medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento, ello con el fin de resguardar la integridad del personal de este juzgado.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Luego, visto el estado procesal que guardan los autos, aparece que mediante sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el punto resolutivo segundo se precisó: "Primero. La justicia de la unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la orden de aprehensión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dictada dentro del proceso 26/2009 de su índice, así como su ejecución; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Nombre que se asentó a lo largo de la sentencia emitida en esa data; sin embargo, el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, autoridad responsable que aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada, al rendir su informe justificado manifestó que el mismo era dentro de la causa penal 26/2008 de su índice, la cual se instruye en contra del aquí quejoso y otros, desprendiéndose de la misma que el nombre correcto del impetrante de amparo es ***, por quien se concedió el amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 74, párrafo último, de la Ley de Amparo, se aclara, oficiosamente, la sentencia ejecutoriada, para quedar en los términos siguiente: "Vistos, para resolver el juicio de amparo 56/202, promovido por Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, y, R e s u l t a n d o. Primero. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla y turnado a este juzgado día siguiente, Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez promovió juicio de amparo indirecto contra actos que reclamó al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19, 103 y 107 de la constitución. Actos que hizo consistir en la orden de búsqueda, aprehensión y detención decretada en su contra dentro del proceso penal 26/2008, así como la ejecución del citado. Segundo. Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós se formó y registró el juicio de amparo 56/2022, se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Tercero. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, previo cumplimiento al requerimiento citado, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y al órgano jurisdiccional responsable; en acuerdo de veintitrés de ese mes y año se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción y se reclamada un acto privativo de la libertad emitido en un proceso de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, se precisa el acto reclamado: a) La orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada el dieciocho de marzo de dos mil nueve en contra del quejoso dentro del proceso 26/2008 del índice del juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierta la orden de aprehensión reclamada al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada el dieciocho de marzo de dos mil nueve en contra del quejoso dentro del proceso 26/2008 de su índice; por así reconocerlo al rendir su respectivo informe justificado, aserto que se corrobora con las copias certificadas de la citada causa penal, de la cuales se advierte que emitió el mandamiento privativo de la libertad reclamado. En mérito de lo anterior, al ser cierta la orden de aprehensión respecto del citado juez debe tenerse por cierto el acto de ejecución reclamado a las autoridades ejecutoras. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Es fundado el concepto de violación, aunque para ello deba de ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso es el indiciado en la causa de origen. Para estimarlo así, hay que destacar que el artículo 16 constitucional, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, aplicable al caso, establece como requisitos de fondo para dictar una orden de aprehensión, que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para: a) Comprobar el cuerpo del delito. b) Hacer probable la responsabilidad penal del indiciado. Estableciendo como requisitos de forma: c) Constar por escrito. d) Ser emitido por autoridad judicial competente. e) Estar fundado y motivado. f) Preceder denuncia o querella. g) Precisar el delito que se impute. h) Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. En el caso, el acto reclamado transgrede en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, precisados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al incumplir con el inciso b) antes señalado. En efecto, la autoridad responsable dentro del proceso 26/2008 de su índice, el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho libró la orden de aprehensión reclamada, al estimar acreditado el cuerpo del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal para el Estado de Puebla. Cabe destacar que la responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1469/2009 del entonces Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, el juez responsable resaltó que el precepto legal invocado vigente al momento de los hechos (cinco de octubre de mil novecientos noventa y siete) fue reformado el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, sin embargo, de su análisis se advierten los mismos elementos constitutivos de la conducta, aun cuando tengan una redacción distinta, y prevén la misma penalidad, es decir, se mantiene la sustancia de dicho tipo penal. De ahí que respecto del referido ilícito precisó como elementos del cuerpo del delito los siguientes: a) Privación arbitraria de la libertad; b) Propósito de obtener beneficio económico o en especie. c) Bajo amenaza de causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas relacionadas con éste. d) Se haga uso de amenazas graves, de maltrato o de tormento, al perpetrarse el secuestro o mientras dure la privación arbitraria de la libertad; e) Ocurriendo la detención en camino público o en paraje solitario f) Los plagiarios obren en grupo o banda. Elementos que en el considerando II estimó por acreditados con el material probatorio siguiente: 1. Declaración ministerial de Higinio Castillo Uroza de ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete. 2. Declaración ministerial de Higinio Castillo Uroza de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 3. Declaración ministerial del agraviado Mario Castillo Zapata de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 4. Oficio de investigación 42/97 de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete. 5. Oficio 36 suscrito y ratificado por el Jefe de Grupo de la Policía Judicial en el Estado Raymundo Hernández Cerezo, por el Comandante Ricardo Ramírez Romero y por los agentes Arturo González Rojas y Nicolas Ortiz Flores 6 Diligencia de fe ministerial al lugar de los hechos, practicada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros. 4 7. Dictamen en Fotografía Forense emitido por Sofia Gabriela García Flores. 8. Dictamen en psicología PSI-23/2008 practicado por Sharon Sánchez Taboada. 9. Copias certificadas de la averiguación previa 13/02/DIS-1-ATLIX. 10. Declaración del coinculpados Gorgonio Benítez Flores; misma que se recabó en la diversa indagatoria de 13/02/DIS-1-ATLIX. 11. Declaración del coinculpado Antonio Marín Domínguez, misma que se recabó en la indagatoria PGJP/DIEDO-1/A.P. 01/2008. Medios de prueba con los cuales el juez responsable tuvo acreditado el cuerpo del delito de delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, en tanto que refiere que tiene demostrado que el cinco de octubre de mil novecientos de noventa y siete, aproximadamente a las dos horas con cuarenta y cinco minutos, la víctima después de dejar a su novia y otros, al circular a bordo de una camioneta de su padre a la altura de la población de San Mateo Coatepec, del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por el kilómetro 34+340 (treinta y cuatro más trescientos cuarenta) de la carretera federal Interoceánica Puebla-Cuautla Morelos, cuando le salieron unos sujetos que lo privaron de su libertad junto con su primo Eugenio Zapata Pérez, al que posteriormente dejaron ir para que le dijera a Higinio Castillo Uroza que habían secuestrado a Mario Castillo Zapata, por lo que después de diversas negociaciones entre Higinio y los activos, en las que realizaron diversas amenazas consistentes en que si no pagaba la cantidad de dinero que solicitaban, le iban a cortar la mano a Mario o lo privarían de la vida, finalmente acordando que se pagara como rescate $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos moneda nacional), los cuales fueron entregados el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, siendo liberado el pasivo. Finalmente, en el considerando III analizó la probable responsabilidad del indiciado y la tuvo por demostrada con los mismos medios de prueba antes relacionados, encuadrando la conducta del inconforme en los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Actuar que resulta violatorio de los derechos fundamentales del impetrante en virtud de que si bien del material probatorio se puede sostener que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, lo cierto es que el mismo es insuficiente para tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso. Lo anterior, en virtud de que del cúmulo de pruebas que pondera el juez responsable únicamente es posible advertir que se realiza un señalamiento del impetrante en las pruebas identificada con los numerales 5 y 11 consistentes en el oficio 36 suscrito y ratificado por el Jefe de Grupo de la Policía Judicial en el Estado Raymundo Hernández Cerezo, por el Comandante Ricardo Ramírez Romero y por los agentes Arturo González Rojas y Nicolas Ortiz Flores y en la declaración del coinculpado Antonio Marín Domínguez, misma que se recabó en la indagatoria PGJP/DIEDO-1/A.P. 01/2008. Sin embargo, resulta contrario a los derechos fundamentales del quejoso que se valorara como declaración ministerial la efectuada por el coinculpado Antonio Marín Domínguez en la diversa indagatoria PGJP/DIEDO-1/A.P. 01/2008, en tanto que esta sólo constituye documentales públicas que acreditan la existencia de una diversa indagatoria seguida contra una persona determinada, en el caso el coinculpado del impetrante, respecto de hechos concretos que dieron lugar a la consignación de aquella por el delito de cohecho, y el oficio 36 por si sólo es insuficiente para generar convicción de la probable participación del quejoso en la comisión. Para estimarlo así, en principio hay que destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 314/2016 indicó que una declaración no producida en el proceso penal en que se actúa, por haberse recibido en una indagatoria ministerial diversa, que se introduce como elemento de prueba en copia certificada, no debe ser objeto de apreciación conforme a su contenido material (por ejemplo, como un testimonio), sino de prueba documental, pues de otra manera se vulnera los principios fundamentales que otorgan eficacia a la garantía de defensa adecuada, al no haber sido objeto de confrontación procesal. Sin embargo, la Primera Sala precisó que el sólo hecho de que el Ministerio Público exhiba copias certificadas de diligencias realizadas en una averiguación previa distinta (aunque relacionados), no constituye una violación al principio de debido proceso y de legalidad, pues dichas pruebas sólo tendrán el alcance de demostrar la existencia de una indagatoria en contra de persona determinada y por hechos concretos. De ahí que en términos de lo expuesto en la citada ejecutoria las constancia derivadas de la indagatoria PGJP/DIEDO-1/A.P. 01/2008, de entre las que se advierte la declaración del coinculpado del impetrante Antonio Marín Domínguez sólo tienen el efecto de evidenciar la existencia de dicha indagatoria contra el citado respecto del delito de cohecho. Además, aun cuando se estuviera en aptitud de valorar dicho medio de convicción como declaración (testimonio), tampoco se le podría otorgar pleno valor probatorio conforme las disposiciones de la materia, pues si bien se advierte que Antonio al momento de declarar ante la autoridad ministerial dentro de la referida indagatoria estuvo asistido del Defensor Público Luis Soriano Soto, lo cierto es que no existe constancia alguna de que este último fuera profesional del derecho, lo cual es indispensable para que al citado declarante se le respetara su derecho a tener una defensa técnica pues en dicha indagatoria deponía en calidad de inculpado, y la capacidad técnica para fungir como defensor no debe presumirse por el hecho de que se asiente que la persona que lo asiste es defensor de oficio si no existe sustento alguno de esa calidad. De ahí que a fin de que el juez responsable estuviera en aptitud de otorgar valor probatorio a lo narrado por Antonio previamente debía efectuar las diligencias necesarias para verificar si éste se encontraba asistido por un profesional del derecho para determinar si le fue respetado su derecho a una defensa técnica y a partir de ello estar en aptitud valorar dicho medio de convicción, pues de no advertir que el deponente estaba asistido de un profesional del derecho debía desestimar dichos medios de convicción. De ahí que atento a lo expuesto sea incorrecto que la declaración del coinculpado del quejoso realizada en la indagatoria PGJP/DIEDO-1/A.P. 01/2008, se ponderara como declaración en tanto que únicamente obra en copia certificada la misma y conforme lo expuesto estás sólo tienen el efecto de evidenciar la existencia de dicha indagatoria contra el citado respecto del delito de cohecho, además de que no se advierte que el juez haya indagado respecto de si Antonio estaba asistido por un profesional del derecho al momento de emitirla y, por ende, a dichas constancias no se les puede otorgar pleno valor para generar certeza del señalamiento que realizan. Por otra parte, el oficio 36 suscrito y ratificado por el Jefe de Grupo de la Policía Judicial en el Estado Raymundo Hernández Cerezo, por el Comandante Ricardo Ramírez Romero y por los agentes Arturo González Rojas y Nicolás Ortiz Flores es insuficiente por si sólo para genera convicción respecto de la probable participación del impetrante, puesto que estos se limitan a señalar lo siguiente: .logramos saber que la persona que había llevado a cabo dicho secuestro fue el individuo de nombre Liborio Domínguez Colín el cual es originario vecino de la población de Tlayca Morelos y que en fechas anteriores esa persona esta persona había llegado a radicar a la población de San Juan Amecac con diversos individuos procedentes Tlayca Morelos entre los cuales reconocieron a los individuos de nombres Benito Vivas Ocampo alias "La Vivora" o "El Benito Canales" y Ramiro Urzúa Vivas que las personas que le dieron alojamientos en sus domicilio responden a los nombres de Rafael Medel, Rito Dominguez Dominguez y Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, que posteriormente los individuos antes mencionados se dejaron ver en dicha población en compañía de Francisco Domínguez, Antonio Marín Domínguez, Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, Rafael Medel, Liborio Domínguez Colín y que todos portaban armas de fuego de largo alcance, asimismo se tiene conocimiento que también se juntaban con ellos los individuos de nombres Hugo Medel, Héctor Medel y Romero Allende Rendón, que posterior a la llegada de estas personas varios ciudadanos y pobladores de San Juan Amecac se percataron que se dedicaban a secuestrar y chantajear personas entre ellas se encuentra la señor Socorro Doblado de Vaquero y otra persona la cual ya falleció y solo saben que se apellida González y que vivía en la ciudad de Atlixco y que actualmente su familia tiene una casa de materiales para construcción, que después de haber llegado a dicha población fueron detenidos por elementos de la policía Judicial demórelos y que ignoran el motivo por el cual fueron dejados en libertad, que en cuanto fueron dejados el libertad los señores Rafael Medel y Rito Domínguez optaron por irse a los Estados Unidos de Norte América. También se logró saber que antes de ser secuestrado el C. Mario Castillo Zapata, trabajo con ellos el individuo de nombre Romeo Allende Rendón, el cual después de haber sido secuestrada la persona ya mencionada, le dijo al padre del agraviado que no se preocupara que le prestara una camioneta y doscientos pesos para gasolina, que iría a hablar con esas personas para que no le cobraran todo lo que le exigían y le hicieran una rebaja, que posteriormente a su regreso el señor Higinio Castillo Uroza le dijo que había pasado y que el individuo de nombre Romero Allende Rendón se encontraba demasiado nervioso diciéndole que tenía una cita con esas personas a las 18 hrs; por lo que quería una camioneta, a lo que el papá del agraviado se negó, que así mismo también se sabe que antes de llegar a la casa del agraviado esta persona había sido vista circulando a gran velocidad sobre la carretera que conduce de Atlixco hacia I. de Matamoros y que delante de dicha camioneta que conducía Romeo Allende Rendón iba también un vehículo de color rojo de modelo atrasado. Asimismo, se tiene conocimiento que Romeo Allende Rendón es la persona que compra las tarjetas de teléfono celular y se las proporciona al individuo de nombre Antonio Marín Domínguez quien es la persona que trae un celular y el cual no tiene empleo fijo ni algún otro tipo de actividad que pueda demostrar una forma honrada de vivir, actualmente esta persona circula a bordo de un vehículo marca Nissan de color blanco con placas de circulación PVA 8551 y el cual es señalado como la persona que se dedica a chantajear a varias personas de la población de San Juan Amecac. Asimismo se tiene conocimiento que las personas que pudieron haber participado en el secuestro de la persona ya mencionada son los individuos de nombres Francisco Domínguez, del cual se tiene conocimiento que vive en la ciudad de Puebla ignorándose el lugar exacto y el cual tiene un vehículo marca Dodge tipo Ram de color verde , ignorándose las demás características y placas de circulación, Antonio Marín Domínguez, Romero Allende Rendón, Alberto Medel alias "El Beche", Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez y Liborio Colín Domínguez, Dario N´, Gorgonio N´ y Albino Ramirez, Hugo Medel, ya que todas estas personas se tiene el antecedente de que son muy conflictivas y participaron en compañía de las personas que llegaron a radicar a ese lugar y que se sabe son originarias de Tlayca Morelos, los cuales llevaron a cabo diversos secuestros, se hace mención que en la población de San Juan Amecac Perteneciente al Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, se están llevando a cabo diversos chantajes en los cuales se les ha solicitado a los agraviados diversas cantidades de dinero los cuales varían de entre veinte mil, treinta mil, cincuenta mil y cien mil pesos y que de hace veinte días aproximadamente varias personas que han sido molestadas con llamadas anónimas agarraron al individuo de nombre Romeo Allende Romero y lo llevaron a la plaza municipal de esa población en donde iban a rosearlo de gasolina y a prenderle fuego para quemarlo, y que en ese momento dicho individuo les dijo que no lo hicieran gritándoles que les diría quienes eran las personas que estaban llevando a cabo dichos ilícitos, y una vez que les dijo quienes eran, las personas que se encontraban involucradas los soltaron dejándolo en libertad y que a partir de ese día hasta la fecha no han vuelto a ser molestadas las personas que estaban siendo chantajeadas por medio de llamadas telefónica. No omito en manifestar a usted que a partir de la fecha en que estas personas fueron detenidas y puestas en libertad por elementos de la policía judicial del Estado de Morelos y después de ausentarse de esa población los señores Rafael Medel y Rito Domínguez Domínguez, quienes se fueron a los Estados Unidos de Norte América a los pocos días todas las personas que habían llegado de la población de Tlayca Morelos se fueron de ese lugar ignorando hacia que parte, también se sabe que ya regresó el individuo de nombre Rito Domínguez Domínguez y actualmente circula a bordo de un vehículo marca Ford tipo Taurus de color gris con placas de circulación TNL 6068 actuales y del Estado de Puebla y que el individuo de nombre Antonio Marín Domínguez actualmente se hace acompañar de los individos de nombres Darío N´, Gorgonio N´ y Albino Ramírez, este último manifiesta ser originario de la población de Tetelilla del Volcán, que Alberto Medel alias "el Beche" y su primo de nombre Hugo Medel han sido vistos portando un arma de grueso calibre la cual al parecer es una INGRAMS y de la cual no se lograron saber las demás características, pero dicen las personas que es una metralleta de tamaño pequeño. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted que de no existir inconveniente alguno ordene la presentación de las siguientes personas Francisco Domínguez, Antonio Marín Domínguez, Romeo Allende Rendón, Alberto Medel (A) "el Beche", Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, Liborio Colín Domínguez, Darío N´, Gorgonio N, Hugo Medel y Albino Ramirez, para que declaren con relación a los hechos iniciados dentro de la av. Previa No 65/997/ESP. De lo anterior, si bien se advierte que Jefe de Grupo de la Policía Judicial en el Estado Raymundo Hernández Cerezo, el Comandante Ricardo Ramírez Romero y los agentes Arturo González Rojas y Nicolás Ortiz Flores señalan que el impetrante y otros, como quienes pudieron haber participado en el hecho en el secuestro de Mario Castillo Zapata, sin embargo, se desconoce porqué realizan dicho aserto. Es decir, del informe 36 no se advierte qué actos de investigación realizaron que les permitieran llegar a la convicción de que así sucedió, sino que se limitan a referir que el impetrante junto con otros le dio alojamiento a unos diversos activos que provenían del Estado de Morelos, que se dejó ver con ellos en la población con armas largas y que probablemente participaron en el secuestro del pasivo, empero, no se externó a través de quién o de qué acto obtuvieron la información que les permite llegar a la conclusión de que el impetrante participó en el ilícito que se le atribuye. De ahí que el citado informe tampoco es apto para acreditar la probable responsabilidad del impetrante. En mérito de lo anterior, es que el acto reclamado resulta violatorio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica del quejoso contenido el artículo 16 de la Constitución, en tanto que no está demostrado en autos la probable responsabilidad del impetrante. En tales condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que el juez responsable, dentro del proceso 26/2008, de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente, únicamente respecto del impetrante de amparo, la orden de aprehensión el dieciocho de marzo de dos mil nueve. 2. Emita otra en la cual, reitere que en autos está demostrado el cuerpo del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto en el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal para el Estado de Puebla y establezca que en autos no está evidenciada la probable responsabilidad del impetrante. Concesión del amparo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. Es de señalar que los lineamientos antes indicados deberán ser acatados una vez que esta sentencia cause ejecutoria y se requiera su cumplimiento, puesto que el delito que se le atribuye al impetrante es de aquellos que amerita prisión preventiva conforme el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, es decir, esta sentencia no surte efectos inmediatos al no actualizarse lo previsto en el artículo 77, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e. Primero. La justicia de la unión ampara y protege a Rutilio Domínguez Domínguez y/o Rutilo Domínguez Domínguez, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la orden de aprehensión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dictada dentro del proceso 26/2008 de su índice, así como su ejecución; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante José Doger Amador, secretario que autoriza, hasta hoy veinticuatro de mayo de dos mil dos mil veintidós en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe." Ahora bien, precisado lo anterior y atendiendo a los efectos de la protección constitucional por los cuales fueron concedidos consiste en que, el juez responsable, dentro del proceso 26/2008, de su índice, realice: "1. Deje insubsistente, únicamente respecto del impetrante de amparo, la orden de aprehensión el dieciocho de marzo de dos mil nueve. 2. Emita otra en la cual, reitere que en autos está demostrado el cuerpo del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto en el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal para el Estado de Puebla y establezca que en autos no está evidenciada la probable responsabilidad del impetrante. Concesión del amparo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y prevéngase a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que dé cumplimiento al fallo en ejecución dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad de cien VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Háganse las anotaciones de estilo correspondiente en los libros de gobierno. Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I y II), solicitando su acuse correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e. Primero. La justicia de la unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la orden de aprehensión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dictada dentro del proceso 26/2009 de su índice, así como su ejecución; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Ruperto GòMez PèRez349/2022
- Ruperto Mauro Mendez Juárez1085/2016
- Ruth Cruz Ibañez90/2016
- Ruth Gabriela Bertheau Delgado1137/2017
- Ruth Lorena Reyes López1176/2021
- Ruth Pérez Vera1121/2016
- Rutilio Ramírez Dávila1163/2021
- Sabás Jesús Gómez Cortés357/2021
- Sabás Jesús Gómez Cortés817/2021
- Sabás Jesús Gómez Cortés210/2022
- SABÁS JESÚS GÓMEZ CORTÉS y Otros.785/2020
- Sabás Jesús Gómez Cortés200/2022