Ruth Valdez Inda
Expediente 128/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ruth Valdez Inda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre del presente año. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que mediante escrito presentado en este Juzgado, el veintinueve de junio del año en curso, la quejosa RUTH VALDEZ INDA, hizo diversas manifestaciones en relación al emplazamiento a juicio de origen por medio de exhorto a Roberto Chávez Villarreal; por su parte, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló alegato ministerial. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por la parte quejosa, y en vista de que el Representación Social no formuló pedimento, se cierra dicho período. En razón de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 128/2015, promovido por Ruth Valdez Inda; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, Ruth Valdez Inda solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en lo siguiente: "1.- Reclamo de la autoridad responsable, LA OMISIÓN DE ACORDAR RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE DIVORCIO Y POR ENDE ORDENAR CORRER TRASLADO AL DEMANDADO, ello, del expediente 00164/2015 llevado ante la Responsable." SEGUNDO. Admisión y trámite. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde por acuerdo de veinte de febrero de dos mil quince, se registró con el número de expediente 128/2015, se admitió a trámite (fojas 46 a la 48); al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se dio la intervención que legalmente le compete; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 76, de la Ley de Amparo vigente, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención de la quejosa, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso y exhaustivo examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: La omisión de radicar la demanda de divorcio promovida por la aquí quejosa, y como consecuencia el no correr traslado al demandado en el expediente 164/2015, del índice del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1) Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar el escrito de demanda de divorcio de dieciocho de julio de dos mil catorce, no obstante que al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó su existencia, pues enseguida hace manifestaciones que evidencian la certeza del acto (fojas 51 a 201). En efecto, en su informe justificado la referida autoridad manifestó lo siguiente: "Se rinde informe justificado manifestando: que no es cierto el acto reclamado por la quejosa, puesto que con fecha 23 veintitrés de Febrero de 2015, dos mil quince, se admitió la solicitud de divorcio necesario, lo que se aprecia a foja 101 a la 103, haciéndose del conocimiento que ya fue emplazado el demandado y deudor alimentario Roberto Chávez Villarreal". Lo anterior se corrobora con las constancias que remitieron el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 164/2015, las cuales por tratarse de documentos públicos, revisten valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que fue hasta el veintitrés de febrero de dos mil quince que el juzgado responsable admitió la demanda presentada por Ruth Valdez Inda. En ese sentido, si la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, y de las constancias que remitió se demuestra su certeza, éste se debe tener por cierto, tal como se estableció en la Tesis aislada, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Así es, este juzgador advierte que en la especie, se configura la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Sentado lo anterior, se sostiene que la causal de improcedencia invocada se actualiza toda vez que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, allegó al presente juicio de amparo copia certificada del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictado en el expediente 164/2015, mediante el cual admitió a trámite la demanda de divorcio necesario promovida por la aquí quejosa Ruth Valdez Inda y ordenó el emplazamiento del deudor alimentario Roberto Chávez Villarreal, (fojas 153 a 155); asimismo, a su oficio 3599/2015, la referida autoridad responsable anexó, entre otras, la constancia actuarial de veinticinco de agosto de dos mil quince, de la que se despende que Roberto Chávez Villareal fue emplazado al juicio de origen antes mencionado, a fin que produzca contención a la demanda de divorcio, haciéndose entrega de copias de la demanda y documentos correspondientes (foja 295); los que por tratarse de documentos públicos merecen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Además, con las anteriores documentales se dio vista a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince (fojas 296 y 300 a 302). En consecuencia, como el accionante de la instancia constitucional reclamó la omisión de radicar la demanda de divorcio promovida por la aquí quejosa y no correr traslado al demandado en el expediente 164/2015, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, dictó el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil quince, y posteriormente, el veinticinco de agosto de dos mil quince, emplazó a juicio al demandado Roberto Chávez Villareal, actos que constituyen materia de reclamo en el asunto que nos ocupa. Por consiguiente, al materializarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, respecto de tal acto y autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado, toda vez que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Toda vez que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época del inicio de la demanda, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión sólo de los datos sensibles que en su caso pueda contener. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ruth Valdez Inda, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuido a las autoridades 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE Y VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA PARA CONOCIMIENTO DE LA QUEJOSA RUTH VALDEZ INDA, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASI COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no se notifica personalmente a la quejosa RUTH VALDEZ INDA, el proveído de nueve de septiembre del presente año, a fin de que se imponga de las pruebas documentales remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que a la brevedad realice dicha notificación, en los términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy SE DIFIERE, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa el proveído de nueve de septiembre de dos mil quince.
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