Ruth Sedano Flores
Expediente 1311/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- N. A. V. S
- Ruth Sedano Flores
Actuaciones
- Principal
"PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION." Cúmplase.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, la comparecencia de ratificación de dictamen de ***** perito en materia de topografía designado por la parte quejosa. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista a las partes con el dictamen de mérito para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Ahora bien, toda vez que en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se reservó a proveer respecto de las manifestaciones del perito oficial Miguel Ángel Salvitano Vázquez, en el sentido de que sea trasladado al predio que es materia de estudio, hasta en tanto obrara en autos el peritaje rendido por el experto designado por la parte quejosa, lo cual ya aconteció. Atento a lo anterior, se requiere a Miguel Ángel Salvitano Vázquez, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proponga con la anticipación debida la data en que pueda acudir en compañía de la parte quejosa al predio materia de estudio, a fin de llevar a cabo los trabajos relativos al dictamen que se encuentra a su cargo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este Juzgado le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y con relación al artículo 259 de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Para lo anterior, requiérase al Director Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, para que por su conducto, se notifique al experto técnico referido, el contenido del presente auto, debiendo exhibir ante este órgano federal las constancias con que acredite lo anterior; con apercibimiento para el caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a la señalada en líneas precedentes.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL ACUERDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de demanda y creación de expedientes. Regístrese en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, con el número consecutivo correspondiente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, créense los expedientes impreso y electrónico. Asimismo, de acuerdo con el punto II.2 del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Judicial A que proceda a capturar en el expediente electrónico la partes que correspondan al juicio de amparo en que se actúa, ello con la debida eficiencia y calidad en el desempeño de su encargo, conforme lo establece el punto II.4 "Responsabilidades" del manual en mención. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de dicha legislación, ya que la quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de promover amparo indirecto. En principio, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado la modificación a las medidas provisionales decretadas en el expediente 56/2022, contenida en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la reducción de la pensión alimentaria del 35% al 17.5%; ello con motivo del desistimiento de *********, quien al cumplir la mayoría de edad decidió irse a vivir con su padre. Además, *********, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales NAVS, se duele de que la modificación reclamada se haya dictado en acuerdo de mero trámite y no en una sentencia interlocutoria de manera justificada, coherente y exhaustiva. Como se ve, el acto reclamado no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En suma, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, es susceptible de reclamarse mediante la interposición del recurso de revocación que contempla el artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Y no es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al acuerdo por el cual la autoridad responsable ordenó la modificación de una medida provisional decretada en el auto de admisión de la controversia familiar, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. De igual forma, no escapa a la consideración que en la última parte de la porción normativa antes invocada, señala que se exceptúa de agotar el recurso ordinario cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en el caso de ninguna manera se dan tales supuestos, ya que para hacer valer el recurso de revocación que se señala, basta dar lectura al artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, para advertir su procedencia sin que se requiera una interpretación adicional y el fundamento propuesto es eficiente para determinar que debe hacerse valer contra el acto de molestia que aquí se reclama, por lo que la parte quejosa debió agotar dicho medio de impugnación antes de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa refiere que con la ejecución del acto reclamado resentiría un afectación de imposible reparación en su esfera jurídica, pues aún bajo esa circunstancia no es procedente admitir a trámite la demandada de amparo de que se trata, dado que tal circunstancia no exenta a la promovente de hacer valer el recurso ordinario contemplado en la ley que rige la tramitación del acto, previo a la promoción del juicio constitucional, tal como se sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 2005039, cuyo rubro y texto es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y como autorizada para los mismos efectos a Yazmín Mojica Ochoa. Esto último es así, pues con independencia de no haberse dado cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 12 de la misma ley, en la parte donde dispone que en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, las personas autorizadas, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, después de una búsqueda no se encontró registro alguno a su favor en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cambio, como lo acabado de mencionar sí aconteció por lo que hace a Pablo Mojica Ochoa, se le tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere. También, con fundamento en los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto el número telefónico que se indica, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Se exhorta para que, de ser posible, transite de la tramitación del expediente en físico, hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo puede continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se puede acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o cuente con firma electrónica vigente (FIEL o FIREL), se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado de Distrito por medio de escrito electrónico, y además, se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente, se informa a las partes que, a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha puesto a disposición del público en general una aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "firma electrónica" y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien, iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, para lo cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informa que para obtener directamente el nombre de usuario bajo el cual deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la autorización para la práctica de notificaciones vía electrónica, puede realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. Por lo anterior, se exhorta a las partes para que en el siguiente escrito, promociones u oficios que vayan a presentar lo realicen preferentemente en forma electrónica, aportando los datos del usuario y mencionando las autorizaciones correspondientes conforme a sus necesidades e intereses, así como números telefónicos, correos electrónicos, a fin de realizar comunicaciones procesales, y se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles. Asimismo, se precisa a las partes que si es su deseo acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, tendrán que agendar previamente una cita con generación de un código "QR" para consulta de expedientes o comparecencias y/o requerimientos, ciñéndose a los siguientes lineamientos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención al público y litigantes en general: 1.- Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal. 2.- Habilitación de equipos de cómputo para el uso de personas justiciables. Como lo establece el Acuerdo General condigno, las personas que acudan a este órgano jurisdiccional previa cita, podrán hacer uso de un equipo de cómputo que se dispondrá para tal efecto en el área común de este Juzgado de Distrito, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, descarga de archivos digitales en sus dispositivos electrónicos, actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal de este órgano. Asimismo, se colocará en dicho lugar un teléfono con la señalización de las extensiones a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal y titular del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Dichos teléfonos y los equipos de cómputo se sanitizarán antes y después de cada cita, con independencia de que hubiesen sido utilizados o no. 3.- Citas para personas vulnerables frente al Covid-19. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita. 4.- Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia. II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. III. Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en las fracciones II y III durarán un máximo de veinticinco minutos. Las generadas conforme a lo previsto en la fracción I tendrán la duración que la o el titular estime necesario para el desahogo de la diligencia o audiencia respectiva; si éste advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento las reglas previstas en el presente Acuerdo. En dicho supuesto, se instruye al Coordinador Técnico Administrativo adscrito a este Juzgado de Distrito, para que con la anticipación necesaria lleve a cabo los trámites relativos a la generación de la cita, expedición del Código QR y su entrega correspondiente a la Actuaria para su entrega a la persona cuya presencia se estime necesaria en estas instalaciones. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. 5.- Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En la puerta de acceso a la sede que alberga el edificio donde está instalado este Juzgado de Distrito, se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a este inmueble deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Notificaciones en horas y días inhábiles. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Transparencia. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 9°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1°, 34, 35, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "DESECHAMIENTO. DEFINITIVIDAD".
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