Ruth Sarai Aholibama López
Expediente 534/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2018
Partes del expediente
- Ruth Sarai Aholibama López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que la parte promovente del amparo no interpuso recurso de queja en contra del proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 en relación con el 97 de la Ley de Amparo y 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
CITATORIO, SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 04/05/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 03/05/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE, ".Vista la demanda de garantías promovida por Ruth Sarai Aholibama López, contra actos de la Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 534/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece, "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice, "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice, "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece, "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese tenor, este juzgado federal considera que respecto al acto reclamado consisten en, "Un cobro de servicios prestados por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio equivalente al 7.5 al milla del monto total de la compraventa que el suscrito hice de un bien inmueble, aplicando para ello los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, cuyo contenido acuso de inconstitucional. Cobro que se acredita mediante el recibo de honorarios con número de folio 22892, derivado de la escritura pública 67179 (sesenta y siete mil ciento setenta y nueve) emitido el día 7 siete de abril de 2018 por la Notaria Publica 31 de la demarcación Notarial de la Demarcación Notarial de Querétaro. Consecuentemente se reclama la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 90, 97 Y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, con última reforma publicada el 20 de diciembre de 2014, por ser el primer acto de aplicación de esta ley en mi contra, y la cual de suyo es inconstitucional dado su desproporcionalidad e inequidad manifiestas en virtud de que en vez de cobrarme un costo específico y único por el acto de registrar una compraventa y una constitución de garantía realizada por el suscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se me cobra un costo equivalente a un porcentaje del 7.5 al millar sobre tal acto jurídico, sin fundamento y sin lógica alguna." En consecuencia, en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XIV primer párrafo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que prevén en lo conducente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente, . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días, II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados, IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin que pase desapercibido el contenido del artículo 18 y 19 de la Ley de Amparo, que dispone, "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." El contenido de los preceptos legales en cita, pone de manifiesto que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es el de quince días hábiles contados de la forma siguiente: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rige; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que reclama o su ejecución, y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado, o su ejecución. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna, por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos, y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días posteriores a aquél. La referida regla que rige el plazo de quince días como término para promover la demanda de amparo, admite ciertas excepciones, como las siguientes, a saber, 1) En el caso de leyes autoaplicativas el término para interponer la demanda de amparo será de treinta días, 2) Cuando en Materia Penal se reclame la sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, el término será de hasta ocho años. 3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Es ilustrativa, por identidad de razón en su contenido, la tesis que sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente, "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Entonces, la fijación del acontecimiento a partir del cual se computará el plazo para instar la demanda de amparo que aquí nos ocupa, se precisará más adelante en el segmento dedicado a la determinación de la naturaleza del acto concreto que dio origen al presente juicio constitucional; en la inteligencia de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que dichos supuestos no guardan una prelación entre sí y, que lo importante, para efectos de considerar la oportunidad para promover la demanda, es la fecha cuando se tiene conocimiento completo del acto reclamado. El citado criterio, se encuentra contenido en la Jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXXIII, enero 2011, página 5, del rubro y texto siguientes, "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De acuerdo a lo anterior, la causa que torna improcedente la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días y no se esté en alguna de las excepciones contenidas en el propio precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado, aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho fundamental a la certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ilustra al respecto, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, perteneciente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)... Del criterio señalado, se advierte la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes, a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, tratándose de normas que se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, como en el caso sucede, el término para su impugnación es de quince días y una vez transcurrido éste se estima que la norma se consintió de no haberlo hecho, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Tal consideración encuentra sustento además en la jurisprudencia número 323, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 378 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice, "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y, c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)." En efecto, en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece como causal de improcedencia en el juicio de amparo, que se reclamen actos consentidos; y contiene una disposición expresa tratándose de amparos contra leyes autoaplicativas, no se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso, dentro del término que para tal efecto se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, quince días. Lo anterior, se reafirma con el contenido del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuyo texto quedó consignada con nitidez y de modo más explícito la regla fundamental de que para que puedan reclamarse ante el Juez de Distrito, o sea, en amparo indirecto, leyes federales o locales, entre otros ordenamientos ahí señalados, se requiere que éstas por su sola entrada en vigor causen perjuicio al quejoso, o bien, que "con motivo del primer acto de aplicación" irroguen dicho perjuicio. Ahora bien, es necesario destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el "primer acto de aplicación" de una norma, puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad, que en pleno ejercicio de sus facultades legales concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el obligado a cumplir con la obligación principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, tal como se advierte de la jurisprudencia emitida por el citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 316, en la página 372, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." Asimismo, de la jurisprudencia del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 337, en la página 392, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal, "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la Ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de ley, no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." De las jurisprudencias citadas, que se consideran todavía aplicables por haber quedado instituidas las mismas figuras en la actual legislación de la materia, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 73, fracción XII, así como 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en los casos en que se impugna una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, la demanda de amparo debe interponerse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se verifica su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, pues de lo contrario se tendrá como tácitamente consentida; debiéndose tener como primer acto de aplicación, no sólo el que emite la autoridad en ejercicio de sus facultades que legalmente le han sido conferidas, sino también aquel que se realiza por un particular cuando actúa por mandato de la ley, ya que en estos casos el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. Ahora bien, debe precisarse que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, sino que el acto reclamado consiste en el proceso legislativo de los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, en su carácter de heteroaplicativas, derivadas del primer acto de aplicación, que se concretizó en el recibo de honorarios número folio 22892, de siete de abril de dos mil dieciocho, la cual fue expedida a nombre de la aquí quejosa por el Titular de la Notaría Pública número treinta y uno, con ejercicio en esta ciudad, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo tal acto reclamado de naturaleza administrativa que no encuadra dentro de las excepciones que prevé el ordinal 17 de la Ley de Amparo, por lo que, debe operar la regla general de quince días y por tanto, debió haber ejercitado la acción de amparo en su contra dentro de dicho plazo, a partir de que se emitió la factura citada. Precisado lo anterior, debe establecerse que del análisis de la demanda de amparo, se desprende, que el primer acto de aplicación de las normas que reclama, aconteció el siete de abril de dos mil dieciocho, lo cual se acredita con el recibo de honorarios número folio 22892, la cual fue expedida a nombre de la aquí quejosa por el Titular de la Notaría Pública número treinta y uno, con ejercicio en esta ciudad. Luego si quedó comprobado en autos que el primer acto de aplicación de las normas reclamadas sucedió el siete de abril de dos mil dieciocho, que es la fecha en que se expidió el recibo de honorarios y la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama, en relación con la contribución prevista en las normas reclamadas, se hace evidente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente al en que ocurrió la aplicación de las normas que combate, comenzó a contar al día hábil siguiente, es decir, el nueve de abril de dos mil dieciocho, concluyendo el veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Ahora bien, la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en esta ciudad, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, tal como se advierte de los sellos de recepción correspondientes que se estampan en la propia demanda de amparo y papeleta de registro correspondiente. Por lo que, si la demanda de amparo fue presentada en la fecha indicada, es incontrovertible que el término de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, había transcurrido en perjuicio de la parte quejosa, resultando así, que se actualiza la presunción legal de consentimiento de los actos que aquí se reclaman. Máxime que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto de aplicación de las normas combatidas el siete de abril de dos mil dieciocho, fecha en la que el notario Público le entrego el recibo de horarios número de folio 22892, argumento que resulta suficiente para el conocimiento del acto que aquí controvierte la parte quejosa, puesto que, se reitera que al tratarse de contribuciones con naturaleza de autoliquidación, es al propio sujeto pasivo de la obligación al que le corresponde autoaplicarse las normas que prevén los tributos objeto de causación, por ende, a partir del momento en que se expidió el recibo de honorarios antes citado es cuando se genera el dato objetivo del conocimiento pleno del acto de aplicación de las normas impugnadas a que alude la factura notarial de pago de derechos registrales; pues como ella lo refiere el seis de abril de dos mil dieciocho, que protocolizo la escritura pública número 67179 de compraventa de inmuebles, le fue informada del pago que debía hacer impuestos y derechos. Consecuentemente, debe concluirse que respecto de las normas reclamadas, a decir de la parte quejosa, materializadas en el recibo de honorarios número de folio 22892, de siete de abril de dos mil dieciocho, la cual fue expedida a nombre de la aquí quejosa por el Titular de la Notaría Pública número treinta y uno, con ejercicio en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, por reclamarse actos consentidos tácitamente, en los términos precisados, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que nos ocupa. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye, "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, a Enrique Campos Fuentes, Alonso Guarneros Ugalde y Héctor Campos Robles, por ser los efectos de su autorización. Por otra parte, se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente..." POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN DICHO PROVEÍDO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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