Ruth Salazar Trevizo

Expediente 1207/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1207/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ruth Salazar Trevizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el expediente no está integrado para emitir sentencia. Dado que, en el presente juicio se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a las autoridades responsables Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito, Baja California, requerido por medio del proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, para que rindan sus informes justificados, toda vez que fueron notificadas para tal efecto el diez de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo; la cual se señala hasta esa fecha atendiendo a las altas cargas de trabajo, aunado a que este juzgado gozará del periodo vacacional de invierno, en la segunda quincena de diciembre del presente año. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  2. Incidental

    Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dado su propia y especial naturaleza, la prueba documental que presentó la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Playas de Rosarito, en su informe previo, sin perjuicio de hacer relación de la misma más adelante. De igual manera, se le tiene a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Playas de Rosarito, informando el cumplimiento dado a la suspensión provisional decretada en autos. Lectura de constancias. A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en el presente asunto: a) escritos inicial de demanda y aclaratorio de éste; b) documental exhibida por la parte quejosa; c) informes previos rendidos por las autoridades responsables y d) documental exhibida por la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Playas de Rosarito. Acuerdo. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales correspondientes. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa ofreció una prueba en su escrito inicial de demanda, de igual manera, en la propia data se tuvo a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Playas de Rosarito, presentando una documental; mientras que las partes restantes no presentaron medio de convicción alguno. Acuerdo. La Jueza acuerda: Con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Playas de Rosarito, las cuales se tomarán en cuenta al momento de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se tiene por precluido el derecho de ofrecer pruebas a las partes restantes, por lo que se cierra dicho periodo probatorio. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. Acuerdo. La Jueza acuerda: Se tiene por perdido ese derecho para las partes procesales, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución: Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1207/2023-V, promovido por Ruth Salazar Trevizo, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Ruth Salazar Trevizo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos precisados en su escrito inicial de demanda. Segundo. Trámite. Previa prevención, el trece de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, y se ordenó formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitaron informes previos a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, previos diferimientos, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la autoridad ordenadora: La falta del emplazamiento y, o su ilegal práctica dentro del juicio de divorcio incoado en mi contra y radicado en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE PLAYAS DE ROSARITO, Baja California, bajo número de expediente 1262/2023. Su pasividad para procurar el emplazamiento personal de la suscrita. La violación a las formalidades del procedimiento al emplazarme por medio de TERCERAS PERSONAS sin agotar el emplazamiento personal. Su omisión de revisar que el "supuesto" emplazamiento se realizara conforme a las normas procesales, pues de haberlo hecho hubiera repuesto el mismo. En su caso, su inactividad para regular el ilegal emplazamiento efectuado en mi contra. (.) Asimismo, de la autoridad ejecutora, C. ACTUARIO adscrito al Juzgado reclamo: La falta de cumplimentar el emplazamiento de manera personal a la suscrita. Su omisión de emplazarme personalmente en mi domicilio. Su omisión de dejar citatorio previo al emplazamiento. Su omisión de levantar constancia alguna de la imposibilidad de realizar el emplazamiento de manera personal a la suscrita. (.)" Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables rindieron sus informes previos de la siguiente manera: No. Autoridades responsables Sentido de los informes Foja (s) 1 Jueza de Primera Instancia de lo Familiar de Playas de Rosarito. Niega. 42 y 43; y 46. 2 Secretario Actuario del Juzgado Primero de lo Familiar de Playas de Rosarito. Las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las propias manifestaciones que hacen se advierte que, contrario a lo que refirieron si existen los mismos, toda vez que aducen que en el mencionado juzgado se encuentra radicado el juicio de divorcio sin expresión de causa bajo el expediente 1262/2023, promovido por Jonathan Vargas Cobián, en contra de la aquí quejosa Ruth Salazar Trevizo. Por tanto, contrario a lo aducido por las propias responsables se tiene que los actos reclamados si existen, esto es, esencialmente la falta de llamamiento de la quejosa al juicio de origen; por tanto, así deberán tenerse para efectos de resolver sobre la medida suspensional. Resulta aplicable a las consideraciones antes narradas la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: ". las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, y que para ser preciso se abstengan las autoridades responsables de continuar con la prosecución del juicio natural, dentro de los autos del expediente del cual emanan los actos reclamados, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo con el cual se declare nulo e ilegal el emplazamiento realizado a la suscrita y por lo tanto, se reponga el mismo, a fin de no dejarme en estado de indefensión dentro del mismo." Sin que tales efectos vinculen a esta juzgadora, considerándose que queda al prudente arbitrio de esta sede judicial precisar, en su caso, las consecuencias y estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el solicitante. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." QUINTO. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Ahora, en el caso se estima se cumple con el requisito establecido en la fracción I, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. Interés suspensional. Asimismo, para demostrar su interés suspensional, ofreció la siguiente prueba consistente en: Copia certificada del acta de matrimonio con número 723 (setecientos veintitrés), Libro 4 (cuatro), Tomo 4 (cuatro), Foja 123 (ciento veintitrés), con fecha de registro de diecinueve de diciembre de dos mil quince, a nombre de Jonathan Vargas Cobian y Ruth Salazar Trevizo, la cual contiene código QR, emitida por el Oficial del Registro Civil en Playas de Rosarito. Con lo anterior, y los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, al igual que los informes previos presentados por las autoridades responsables, se estima que la parte quejosa cumple con el requisito de acreditar el interés suspensional, toda vez que con dicha documental se advierte que es parte demandada dentro del juicio de divorcio sin expresión de causa bajo el expediente 1262/2023, promovido por su ex pareja Jonathan Vargas Cobián, en su contra. Por lo que, al momento, puede advertirse que se ve afectado el derecho de audiencia de la parte quejosa dentro del juicio génesis. Por tanto, se estima que con la ejecución de los actos reclamados y sus consecuencias, le genera un agravio que la legitima para solicitar la medida cautelar que pretende obtener. Por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 246970, sustenta por el entonces Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación a página 352 del Volumen 217-228, del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." También robustecen lo anterior las siguientes tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados del Decimosegundo y Decimotercer Circuito, respectivamente, ambos en su anterior integración: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, que se da si el quejoso es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". "SUSPENSION, INTERES JURIDICO EN EL INCIDENTE DE. El quejoso no tiene por qué acreditar en forma presuntiva su interés jurídico para que se le conceda la suspensión cuando es la parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados." Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que no se está en alguna de las hipótesis establecidas en el numeral 129 de la Ley de Amparo. Concesión de la suspensión. Con base en lo expuesto y concatenado en su conjunto, se estima acreditado el interés suspensional de la quejosa, ya que cuenta con un derecho sobre el que se defiende. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como el numeral 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados para el único efecto de que, de no hacer acontecido, no se inscriba ante el Oficial del Registro Civil en Playas de Rosarito, la sentencia que se hubiese emitido dentro del juicio de divorcio sin expresión de causa bajo el expediente 1262/2023, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito, respecto del acta de matrimonio con número 723 (setecientos veintitrés), Libro 4 (cuatro), Tomo 4 (cuatro), Foja 123 (ciento veintitrés), con fecha de registro de diecinueve de diciembre de dos mil quince, a nombre de Jonathan Vargas Cobián y Ruth Salazar Trevizo, y no se haga la anotación de la sentencia de divorcio en la misma. Lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita dentro del juicio principal. En la inteligencia de que la suspensión no surtirá efecto alguno en el caso de que lo anterior ya se haya realizado, dado que tendría la naturaleza de consumado, del cual, hasta éstos momentos no se cuenta con los elementos suficientes para determinar lo conducente y por ende, darle efectos restitutorios. Además, se precisa que, la suspensión definitiva no tiene por efectos que se paralice la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio natural, en caso de haberse establecido cuestiones referentes a la custodia definitiva de menores, régimen de convivencia y fijación de pensión alimenticia, pues de suspenderse la misma, se seguiría en perjuicio del interés social y en contravención de disposiciones de orden público, por afectarse derechos de menores, así como impedir el pago de alimentos, de conformidad con lo establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 129 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la medida cautelar otorgada no implica la paralización del procedimiento en diversos aspectos al señalado con antelación, ya que la substanciación de los procesos o procedimientos, al ser de orden público, son insuspendibles. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL: El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO: La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". Además, se hace la precisión que la medida suspensional que se concede, no tendrá efecto alguno si los actos reclamados provienen de una autoridad jurisdiccional diversa a la señalada como responsable. Fijación de garantía. La medida suspensiva surte efectos desde luego, pero dejará de surtirla si la parte quejosa dentro del término de cinco días legalmente computado, no exhibe garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad a los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, misma que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pusieran ocasionar a terceros con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo no le sea favorable a la quejosa y que se fija de manera discrecional, al no contar con mayores datos y tomando en cuenta el tiempo que se estima durará la tramitación del presente juicio de amparo. Concepto. Con la precisión de que si la parte quejosa opta por exhibir la garantía señalada a través de billete de depósito, éste deberá contener en el rubro de concepto la siguiente leyenda: "garantía fijada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1207/2023-V, para garantizar la suspensión definitiva concedida". Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. Cantidad que la parte quejosa podrá exhibir en cualquiera de las formas legales y a satisfacción de este Juzgado de Distrito; en el entendido de que de exhibirse en billete de depósito este debe recabarse a nombre de la peticionaria de amparo y si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este tribunal federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la inteligencia que en caso contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar los actos reclamados. En cumplimiento a ejecutoria de amparo. Resulta conveniente precisar que la presente medida suspensional no surtirá efecto alguno, si los actos reclamados derivan del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, tomando en consideración, que deben ser cumplimentadas sin demora por la autoridad responsable, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios y estimarlo de otra forma, sería contrario a los fines del juicio de amparo y ello alteraría la jerarquía de las normas jurídicas. Apoya a lo anterior, la tesis número IX 1ro. 6K, Tomo III, marzo mil novecientos noventa y seis, página ochocientos ochenta y tres, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que al rubro señala: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBER SER INMEDIATO." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Unico. Se concede a Ruth Salazar Trevizo, la suspensión definitiva por los actos señalados en el considerando segundo, por las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso apartado quinto de ésta resolución. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, la Coordinación de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia incidental señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las diez horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Ratificación. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que la quejosa ********************, ratificó el contenido del escrito recibido en este juzgado el tres de octubre de dos mil veintitrés, marcado con folio 15292. Cumple prevención. En consecuencia, se le tiene aclarando su escrito de demanda, precisando que desea señalar como autoridades responsables al Juez y Actuario ambos del Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra las autoridades responsables y actos señalados en la misma. Incidente de suspensión. Con fundamento en el punto tercero, artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese y tramítese en un solo cuaderno el incidente de suspensión solicitado, dado que no se considera necesaria la apertura de su duplicado. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y de los mismos se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. En el entendido que en el informe de mérito deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas documentales deben ser nítidas, completas y en forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada; por lo cual, se estima que la ilegibilidad de las constancias o su falta de nitidez en el caso, equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Presunción de certeza. Asimismo, en caso que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se les reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la citada Ley de Amparo. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Prueba. En cuanto a la prueba documental que anexó a su escrito de demanda, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Cotejo de documento para el incidente de suspensión. Por tanto, realícese el cotejo de la documental que anexó a la demanda y agréguese al expediente incidental respectivo, con la finalidad de que tenga valor probatorio al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.

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