Ruth Pérez Ruíz
Expediente 123/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2017
Partes del expediente
- Ruth Pérez Ruíz
- Librado Valenciano González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Archívese el asunto como totalmente concluido
- Principal
Vista la demanda de amparo y anexos que presenta LIBRADO VALENCIANO GONZÁLEZ Y RUTH PÉREZ RUÍZ, contra actos de la autoridad PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 123/2017. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a LIBRADO VALENCIANO GONZÁLEZ, sin perjuicio de que posteriormente sea sustituído. Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por LIBRADO VALENCIANO GONZÁLEZ Y RUTH PÉREZ RUÍZ, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de tales hipótesis, se obtiene que la competencia territorial de los jueces de distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". Ahora, conviene establecer que la parte quejosa señala como acto de reclamo lo siguiente: "IV. SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. Reclamo la INCONSTITUCIONALIDAD de la SENTENCIA de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, pronunciado por la Responsable en autos del Toca Civil 2199/2016 en la que INCONSTITUCIONALMENTE declara INFUNDADA la Excepción de Incompetencia por Declinatoria opuesta por los quejosos al contestar la demanda instaurada en nuestra contra por los terceros interesados, radicada bajo el número de expediente 613/2016 del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Partido Judicial Tijuana, en flagrante transgresión a los derechos y libertades de Acceso a la Justicia, Garantías de Legalidad, Seguridad Jurídica y Tutela Jurisdiccional, previstos en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en estrecha relación con los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales." Igualmente, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos fueron llamados al juicio especial hipotecario 613/2016 del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de Tijuana, con el carácter de demandados; mediante escrito de siete de octubre de dos mil dieciséis, formularon su contestación de demanda, promoviendo la excepción de incompetencia por declinatoria, remitiéndose los autos de origen a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, quien resolvió declarar infundada tal excepción, la cual fue dictada en autos del toca civil 2199/2016 de su índice, misma que fue notificada a los aquí quejosos el dos de febrero de dos mil diecisiete. En esa intelección, es claro que las consecuencias jurídicas que derivan del acto reclamado, tendrán que ser acatadas en el lugar donde se ventila el expediente de origen, pues será ahí en donde se debe ejecutar el mismo, al seguir conociendo del juicio el Juez Noveno de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deben acatarse las consecuencias del acto reclamado, lo cual, en su caso, tendrá verificativo en Tijuana, Baja California, pues es en dicho lugar donde se ubica el juzgado civil de origen, en donde se deberá continuar con el trámite correspondiente. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales del presente juicio, y las cuatro copias del escrito de demanda al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Sierra Dorara 2642, Fraccionamiento Virreyes de esta ciudad; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas Gina Ivethe Villalobos González y Mónica Alfaro Reyes; y únicamente para oír y recibir notificaciones a los pasantes de derecho José Villalobos Rentería, Mario Enrique Villalobos Castellanos y Jesús José Villalobos Castellanos. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente expediente. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.
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