Ruth Pamela Cervantes Jasso
Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ruth Pamela Cervantes Jasso
- Ruth Pamela Cervantes Jasso y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el doce de julio de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 199/2023, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas y acúsese de recibo. Por ende, atendiendo a lo expuesto con antelación; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el auto por el que se desechó la demanda ha causado estado. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos certificados, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la quejosa Ruth Pamela Cervantes..., contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; e informa que se admitió con el número de queja 199/2023. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno así como la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el número de red #350 1241. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Ruth Pamela Cervantes Jasso, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de dieciséis de mayo del presente año. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que los actos que se combaten en la presente instancia consisten en: -La resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca 335/2023, del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por medio de la cual se combatió el proveído de veinticuatro de marzo del año que transcurre, en el que el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, denegó la apelación interpuesta en contra del diverso de veintidós de marzo del presente año. - La inconstitucionalidad del artículo 1.378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por lo tanto, una vez analizados los actos reclamados, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V1 , de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. En términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el citado precepto 107, fracción V, de la ley aplicable, procede el amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y en el último precepto citado se define el concepto de ese tipo de actos; esto es, sólo se comprenden aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucional o convencionalmente. Al respecto, se precisa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales se encuentran tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; siendo que en el presente asunto no se actualiza alguno de esos supuestos, como se verá a continuación. De las constancias del juicio de amparo, entre las que se incluye la demanda, en la que se hicieron manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, respecto del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Christian Mauricio Sánchez Cotero, así como de las copias de las resoluciones que se adjuntaron, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: "1.- Por auto de fecha 25 de abril del dos mil veintidós, el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tuvo por radicado el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del finado CHRISTIAN MAURICIO SÁNCHEZ COTERO, bajo el expediente 506/2022, promoviendo la suscrita en representación de los herederos abintestato de nombres C.S.S.C., M.I.S.C. y D.C.S.C, hijos del decujus y de la suscrita 2.- Desde el mismo escrito de denuncia la suscrita solicitó UNA MEDIDA URGENTE, en términos de lo dispuesto por el artículo 4.17 relación con los numerales 1.45, 1.122, 1.123, 1.124, 1.138, 1.165, 2.77 fracción II, 2.80 y demás relativos y conducentes del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ello con el objeto de evitar que se ocultaran, perdieran o dilapidaran los bienes que son parte de la masa hereditaria, en perjuicio de los menores hijos del titular de la presente sucesión CHRISTIAN MAURICIO SÁNCHEZ COTERO y esto por parte de diversos familiares del finado, entre ellos sus padres y hermanos, ya que la suscrita sabía que ellos se encargarían de dilapidar ocultar o enajenar los bienes que adquirió en vida el decujus, en perjuicio de mis menores hijos, tal y como está sucediendo a la fecha. 3.- Dichas conjeturas fueron creadas por virtud de que como antecedentes al ocultamiento de bienes e ingresos del finado, existen dos juicios del orden familiar en donde la suscrita demandó del difunto padre de mis hijos el divorcio y pensión alimenticia para dichos menores; y en otro más por violencia intrafamiliar, sin que a la fecha exista una determinación congruente y acorde a las posibilidades del deudor (en su momento) alimentario, no obstante el cúmulo de bienes que amasó en vida y que negaba a toda costa, así como sus ingresos. 4.- Es de señalar que el juicio de divorcio mencionado se ventiló ante el mismo Juzgado Sexto de lo Familiar en Atizapán de Zaragoza, misma autoridad que hoy es señalada como responsable, bajo el expediente número 364/2018 y el procedimiento de Violencia Intrafamiliar, lo fue ante el Juez Quinto de lo Familiar, del mismo Distrito Judicial, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, bajo el expediente número 358/2018. Situaciones que también se hicieron valer al Juez natural desde el inicio de la denuncia del Juicio Sucesorio. Situaciones todas ellas que hacen evidente que las responsables SE ABSTUVIERON DE TOMAR EN CUENTA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MENORES HEREDEROS, A FIN DE PROTEGER EL EJERCICIO IGUALITARIO DE TODOS SUS DERECHOS, CONSAGRADOS NO SOLO POR LA CARTA MAGNA SINO INCLUSO POR TRATADOS INTERNACIONALES. ES POR ELLO QUE LA INADMISIÓN Y FALTA DE ESTUDIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS VALER AL MOMENTO DE IMPUGNAR EL AUTO RECURRIDO, EXISTIENDO A LA FECHA EL TEMOR FUNDADO EN QUE DICHAS PERSONAS HAGAN MAL USO DE LOS BIENES ATENTADO EN CONTRA DEL SUPREMO INTERÉS DE LOS HOY LEGÍTIMOS HEREDEROS. 5.- Mediante escrito de fecha 7 de marzo del año en curso, la suscrita presentó UN PROYECTO DE INVENTARIO Y AVALUO, en donde se solicitó fundadamente el apoyo del Juzgado señalado como responsable, hiciera valer las facultades que la ley le confiere en términos de lo dispuesto por el artículo 1.251, a fin de estar en la aptitud de poder hacer un inventario y avaluó de los bienes que conforman la masa hereditaria, ya que no me era posible señalarlos en su totalidad y menos contaba con la documentación necesaria para acreditar su legitima propiedad. Por lo que se solicitó se admitieran a trámite diversas acciones que como medios de prueba tendrían la finalidad de obtener información de los bienes objeto de la masa hereditaria, sin embargo, el Juez natural fue omiso, en pronunciarse respecto de todo lo solicitado, razón por la cual se insistió y fue que en fecha 22 de marzo del año en curso sólo se tuvieron por hechas las manifestaciones de la suscrita y se dijo que se diera cumplimiento al auto que antecede. 6.- Así las cosas, fue que mediante ocurso de fecha 24 de marzo del año en curso, la suscita HIZO VALER LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD, EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 22 DEL MISMO MES Y AÑO, EXPRESANDO LOS RESPECTIVOS AGRAVIOS, MISMOS QUE SOLICITÉ, SE TUVIERAN COMO AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CASO DE NO SER ADMITIDOS COMO MOTIVOS DE INCONFORMIDAD EN APELACIÓN, SIN QUE LA RESPONSABLE SE PRONUNCIARA AL RESPECTO. Es decir que la suscrita, claramente señaló en su escrito de inconformidad que los agravios se tuvieran en todo caso como agravios de un RECURSO DE REVOCACIÓN SI SE DECLARABA LA IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN. 7.- Mediante auto de fecha 24 de marzo de la presente anualidad el Juez señalado como Autoridad Responsable emitió un auto por el cual DENEGÓ LA APELACIÓN sin haber hecho pronunciamiento al hecho de tener el escrito de expresión de agravios como de REVOCACIÓN, el cual por cierto fue presentado dentro del término que la ley prevé al efecto. Motivo por el cual se interpuso en tiempo y forma el recurso de Queja respectivo a fin de dar seguimiento al PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 8.- Finalmente la Sala Familiar, señalada en este asunto, como Autoridad Responsable emitió la resolución que con este Juicio de Garantías se combate, decretando como infundado el recurso de queja planteado por la suscrita, dentro de los autos del Toca 335/2023, formado para substanciar la queja contra la denegada apelación.". Ahora bien, la resolución que por esta vía se combate se emitió en contra de una diversa que fue dictada dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 506/2022, determinación que no le causa una afectación de imposible reparación a la parte quejosa, dado que no resuelve en definitiva dicha sección, como se verá a continuación. En efecto, se considera oportuno precisar que el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal, puesto que se integra de cuatro etapas independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado, conforme lo establecen los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.32 de Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, las secciones que lo conforman son: 1) Primera, de sucesión; 2) Segunda, de inventario y avalúos; 3) Tercera, de administración; y, 4) Cuarta, de partición. Ahora, las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida cada una de esas etapas, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio sucesorio, situación que únicamente acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición, la cual tiene el carácter de definitiva. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 393, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, página 330, que refiere: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En ese orden de ideas, tanto de lo narrado -bajo protesta de decir verdad- por la albacea de la sucesión promovente, como de las constancias que adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que el juicio sucesorio intestamentario 506/2022, se encuentra en trámite dentro de la segunda sección, en el que mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se declaró infundado el recurso de queja planteado por la sucesión quejosa, en contra del proveído de veinticuatro de marzo de dos ml veintitrés, que tuvo por denegado el recurso de apelación, interpuesto en contra del diverso de veintidós del citado mes y año, con lo que se concluye, que tales actuaciones, no constituyen la última resolución emitida en la segunda etapa del juicio sucesorio; esto es, no es el fallo definitivo que decida una sección, o bien, que ponga fin a ésta. Aunado a lo anterior, el acto reclamado tampoco es de ejecución irreparable, ya que sus efectos, en todo caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de combatirse en la determinación que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa, trascendiendo en el resultado del fallo. Ello es así, puesto que la emisión del acto reclamado únicamente tiene como efecto material directo e inmediato, que prevalezca el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, que a su vez inadmite el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de veintidós de marzo de este año, a través del cual la autoridad responsable determinó lo siguiente: "ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023). A sus autos el escrito presentado por RUTH PAMELA CERVANTES JASSO; visto su contenido, con fundamento en los artículos 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles vigente, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la ocursante en el escrito que se provee, sin embargo la misma deberá dar cumplimiento a lo ordenado por auto que antecede. Respecto al inventario que dice formula de forma provisional, deberá acreditar la titularidad de los bienes con documento fehaciente La precitada transcripción permite afirmar que el juez responsable solamente tuvo por hechas las manifestaciones de la aquí quejosa, la remitió a diverso acuerdo, y le requirió que acreditara la titularidad de los bienes que indicó, con documento fehaciente; esto es, no se advierte que tal determinación implique, desde luego, la afectación a algún derecho sustantivo en perjuicio de la promovente; por el contrario, implica la continuación de la segunda sección en los términos indicados por el juez natural, sin que ello implique -por sí mismo- la emisión de un acto de imposible reparación, por lo que en todo caso, tal afectación -de existir- se materializará al concluir la segunda sección del juicio sucesorio, momento en el cual podrá ser impugnado a través de los medios ordinarios y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, (mayo de 2014), Tomo III, Décima Época, página 1539, que sostiene: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por otra parte, con relación a los actos que le atribuye a la "LXI" Legislatura del Estado de México; Gobernador Constitucional del Estado de México; y, Director General del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, respecto del precepto que tilda de inconstitucional, de igual manera deberá desecharse de plano la demanda de amparo en cuestión; ya que por haber sido reclamado como consecuencia de la denegada apelación, no puede desvincularse su análisis con relación a ese acto de aplicación, pues corre la misma suerte que el acto reclamado destacado. De ahí que si contra éste último se demostró la causal de improcedencia, invariablemente esa causal afecta a la norma impugnada. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 78/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 5, Novena Época, Materia Común, con número de registro digital 170866, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite, si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a la parte solicitante del amparo, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Al respecto, se invoca el criterio I.13o.A. J/6, con número de registro digital 180663, sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, (septiembre de 2004), Novena Época, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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