RUTH ORTIZ VELASCO y Otros.

Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
262/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Fiscal Investigadora de la Mesa Viii del Sector Metropolitano de la Fiscalia General del Estado de Oaxaca.
  • RUTH ORTIZ VELASCO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    *& MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de seis de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de asesor jurídico de las víctimas, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Ahora bien, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. IV. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)*& MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. I. Agréguese escrito Agréguese a los autos el escrito de ***, en su carácter de asesor jurídico de las víctimas, por medio del cual da cumplimiento al proveído de dieciocho de marzo del año en curso. II. Precisión del cumplimiento. Es preciso aclarar que en auto de dieciocho de marzo último, este juzgado previno a la parte quejosa en los siguientes términos: Manifieste el nombre o nombres de las víctimas por las cuales promueve el amparo. Indique si la resolución que reclama lo es la de dos febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación 4239/OAXACA/2018. Al respecto, el promovente en el escrito de cuenta manifiesta: a) Que el nombre de las víctimas por las cuales se promueve el amparo, son los siguientes: *****. b) La resolución que se reclama es la de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación 4239/OAXACA/2018. III. Análisis de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora bien, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .C . De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito se advierte que el artículo 258 del Código en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que se cometan en la carpeta de investigación, incluso que las que no tengan esos efectos de paralizar la investigación, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. En el caso, la parte quejosa pretende combatir la resolución de dos de febrero del año en curso, emitida por el Fiscal Investigador de la Mesa VIII del Sector Metropolitano, en la que resolvió lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO. Por las razones y fundamentos antes transcritos se dicta la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, a favor de ****como probable responsable en la comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, cometido en perjuicio patrimonial del ***. SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la parte ofendida, haciéndoles de su conocimiento que de no encontrarse de acuerdo con tal resolución, cuentan con el término de diez días para que impugnen ante el Juez de Control, lo anterior, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales" De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar la determinación de dos de febrero de dos mil veintiuno que reclama la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.1o.P.A.8P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que establece: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. PARA QUE PROCEDA SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO, ES NECESARIO QUE EXISTA PRONUNCIAMIENTO PREVIO DEL JUEZ DE CONTROL PUES, DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN (INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 18/99 Y 1a./J. 62/99). Cuando en el juicio de amparo indirecto se solicita el análisis de la prescripción de la acción penal en un asunto tramitado conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe un impedimento para realizarlo, si no existe pronunciamiento previo del Juez de Control pues, de lo contrario, se viola el principio de contradicción a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracciones VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4o. y 6o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que implicaría sustituirse en las facultades del Ministerio Público, o bien, del Juez de Control; otra razón, es que se podría dejar inaudita a la contraparte de quien lo plantee en amparo indirecto. Sin que al respecto sean aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/99 y 1a./J. 62/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO." y "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.", respectivamente, pues se refieren a casos en los que se reclaman el auto de formal prisión y la orden de aprehensión, actuaciones derivadas del llamado sistema tradicional, tramitados hasta antes de la reforma al artículo 20 constitucional invocado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y anterior a la vigencia del código indicado, donde se introdujeron, entre otros, el principio de contradicción y el procedimiento específico para el estudio de la prescripción; por último, en ese tipo de asuntos del sistema tradicional se remitían los autos que integraban la causa, lo que permitía al Juez de amparo tener todas las pruebas de la averiguación previa y el proceso, lo que no ocurre con el actual procedimiento." Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a la norma, tal como lo dispone el párrafo decimocuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, se DESECHA de plano la demanda de amparo, promovida por ****, en su carácter de asesor jurídico de las víctimas. Sin que pase desapercibido que el promovente de la demanda de amparo, en el escrito de aclaración de la demanda incorpora los siguientes actos reclamados: "2. Se reclama la omisión de dar trámite a la petición de fecha 05 de febrero de 2019. 3. Se reclama la negativa por parte del fiscal, de dar acceso a la justicia y equidad entre las partes. 4. Se reclama de las Autoridades demandas un debido proceso y exacta aplicación de la ley. 5. Se reclama de las Autoridades demandas la negativa de dar acceso a la reparación del daño de las víctimas. 6. Se reclama de las autoridades demandas la Inactividad de Investigar, dentro de la capeta de Investigación." Sin embargo, no refiere a que autoridades reclama dichos actos, tampoco formula conceptos de violación y en virtud de que dichas manifestaciones tienen vinculación con los actos reclamados en la demanda de amparo; de ahí que no sea procedente acordar respecto a esas manifestaciones, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)*& mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Radicación y formación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ***, con el carácter de asesor jurídico de las víctimas en la carpeta de investigación 4239/OAXACA/2018, contra actos del Fiscal Investigador de la Mesa VIII del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 262/2021 Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Prevención Ahora, de un análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es: "1.- De las autoridades marcadas con los incisos A), B), C) y D) La resolución, por medio de la cual se dicta, LA PRESCRIPCIÓN ACCIÓN PENAL, a favor de ***, como probable responsable en la comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, cometido en perjuicio patrimonial de las C. ***, ***Y ****, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, reclamo, la omisión de ejercer ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE ***, por el delito de FRAUDE ESPECIFICO, así como realizar actos de investigación de manera pronta y expedita" Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado manifiesta: "El día 20 de abril del año 2018, se presento querella por parte de la ciudadana ****, en contra de ****como probable responsable de la comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, De lo que se advierte que existen irregularidades que deben subsanarse previo a proveer respecto de su procedencia; por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, se requiere al promovente, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad cumpla con la siguiente prevención: Manifieste el nombre o nombres de las víctimas por las cuales promueve el amparo. Indique si la resolución que reclama lo es la de dos febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación ***/OAXACA/2018. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir lo requerido en este proveído en el plazo de cinco días hábiles, se tendrá por no presentada su demanda, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Domicilio para notificación. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el escrito de demanda al encontrarse registrados en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático servercjf3/regprof. De igual manera, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el usuario ***; por lo cual, se deberán de realizar las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente.

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